El presidente López Obrador ha declarado que todos los males del país son producto de la corrupción de los exgobernantes neoliberales y conservadores. Por eso ha dicho que, al contratar funcionarios, “lo que más me importa, más que la experiencia, es la honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor: si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia”. Antes “era al revés: 90% experiencia, pero muy corruptos”.
Por eso AMLO justificó el nombramiento de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo sin experiencia en la industria petrolera, como director general de Pemex. Romero Oropeza no tiene en realidad una reputación de honestidad. Según Elena Chávez, autora de El rey del cash, fue el encargado de exigir “moches” a los funcionarios capitalinos “para sostener el movimiento político de López Obrador”. Más que por honesto, el presidente parece haberlo seleccionado por incondicional.
El problema es que Romero Oropeza no ha cumplido bien con sus tareas. Al inicio del sexenio estableció como meta una producción de petróleo crudo de 2.6 millones de barriles diarios. En 2022, sin embargo, se registró un promedio de apenas 1 millón 785 mil barriles diarios, debajo de los 1.83 millones de 2018. Además, el director ha resultado distraído. Pablo Zárate ha señalado en El Economista que ni Pemex ni Hacienda consideraron los pagos que la petrolera debe desembolsar en 2023 para cubrir los vencimientos de bonos. En entrevista con Adriana Barrera de Reuters, Romero reconoció que “aunque el precio [del petróleo] ha sido muy bueno en los últimos meses, llegó un momento en que no lo vimos venir”, el pago de deuda. El presupuesto para 2023 de Pemex incluye el servicio, pero no las amortizaciones, un ligero olvido de 10 mil millones de dólares que hoy Pemex pide que cubra Hacienda.
Pemex no es el único espacio gubernamental en que la falta de experiencia o la ineptitud están causando problemas. Este 28 de enero AMLO prometió que “en julio habrá 3 mil sucursales del Banco del Bienestar y este año se dispersarán 600 mil millones de pesos a 25 millones de beneficiarios”. Quizá repartir dinero sea un objetivo loable de política pública, aunque yo no lo pienso, pero cuando menos deberíamos tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible. Construir la mayor red de sucursales del país no es el mejor camino. El presidente hace promesas sin realizar estudios previos. Por eso en 2019 afirmó que construiría 7 mil sucursales, después 2,700 y ahora 3 mil.
Los ejecutivos con experiencia en la banca saben que una red de sucursales demasiado amplia puede salir muy cara. El Grupo Financiero BBVA, el mayor de nuestro país, contaba en septiembre de 2022 con solo 1,727 sucursales. Citibanamex tiene alrededor de 1,300. Incluso Banco Azteca, con un perfil más cercano al de los clientes del Banco del Bienestar, y que ha ahorrado al adaptar las tiendas de Elektra como sucursales, cuenta con 1,900. Construir una red de 3 mil para un banco que quiere operar en “austeridad republicana” no tiene sentido.
Nadie puede objetar que el presidente busque a personas honestas para ocupar cargos públicos. No queremos a un nuevo Emilio Lozoya como titular de Pemex. Sin embargo, tampoco podemos darnos el lujo de tener a un director de Pemex al que se le olvide presupuestar 10 mil millones de dólares en amortizaciones o a uno del Banco del Bienestar que construye 3 mil sucursales bancarias sin considerar el costo.
Pasaporte
El 1º de marzo los bancos nacionales empezarán a aceptar el pasaporte mexicano y la matrícula consular como documentos de identificación. Hasta ahora solo reconocen la credencial para votar, ya que era la única con elementos biométricos de identificación. La medida busca evitar un caos si la credencial del INE se vuelve menos confiable por los recortes del plan B.
