Estoy dispuesto a defender la democracia en un momento en que está enfrentado riesgos importantes. Muchas de las medidas de la reforma electoral que el presidente está tratando de aprobar en legislación secundaria, el plan B, no tienen más propósito que regresar a un régimen de partido único. No puedo defender, sin embargo, la prohibición de los amlitos. No solo es ridícula, sino que por su irracionalidad debilita a la democracia.
El artículo 134 de la Constitución señala que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. La disposición se introdujo en la carta magna en 2007, como parte de una exigencia de los partidos de izquierda expresada por Pablo Gómez. La idea era impedir que los funcionarios (todavía no eran corcholatas) utilizaran las campañas de publicidad oficial para promoverse en sus aspiraciones políticas.
De eso a prohibir las caricaturas de funcionarios en propaganda electoral, sin embargo, hay mucho trecho, pero eso es precisamente lo que ha hecho el Tribunal Electoral. El magistrado Felipe de la Maza lo explicó: “A partir de este criterio quedaría totalmente claro que la utilización de la imagen de servidores públicos en propaganda electoral está prohibida, y esto puede aplicarse lo mismo en caricaturas, muñecos, botargas. Es decir, cualquier fórmula de propaganda electoral con imagen. Eso está prohibido”.
Cuando se discutió la reforma electoral de 2007 yo cuestioné las restricciones que imponía a la libertad de expresión. Escribí contra la reforma y acudí al Senado, donde tuve una discusión con Gómez, quien con el priista Manlio Fabio Beltrones era uno de los principales arquitectos de la iniciativa. No hubo forma de convencerlos. Aprobaron una reforma que, en aras de buscar una equidad imposible, establecía una serie de restricciones a la libertad de expresión que hoy nos han llevado a un fallo tan absurdo como la prohibición de los amlitos.
Peor, la censura ha surgido no de una campaña de propaganda gubernamental, sino de un mensaje en redes sociales de Morena. Previo a las elecciones en seis estados de 2022, el partido difundió un amlito con el pulgar levantado en señal de triunfo y el lema: “Sonríe, este 5 de junio ganamos 6 de 6 para Morena”. Un mensaje perfectamente aceptable, pero con una caricatura amable del presidente.
Muchas de las prohibiciones que estamos sufriendo provienen de las declaraciones que Vicente Fox hizo contra AMLO durante la campaña de 2006 y que el Tribunal Electoral dijo entonces que habían puesto en riesgo la equidad de la elección. Lo curioso es que estas declaraciones palidecen frente a las descalificaciones diarias que hoy López Obrador lanza contra la oposición. Es muy injusto que los morenistas se quejen ahora de las prohibiciones que ellos mismos exigieron en 2007, pero aun así es inaceptable que tengamos un sistema electoral que pretende prohibir a los políticos hacer política.
Los amlitos no son una amenaza para la democracia. Al contrario, prohibirlos es un ataque mucho más peligroso, porque la democracia requiere de libertad de expresión para prosperar. Por eso, desde aquí le pido a Mario Delgado que me mande un amlito. Estoy dispuesto a cuidarlo con cariño y a mostrarlo públicamente en defensa de la libertad de expresión, sin que por eso deje de ser crítico de las políticas del gobierno con las que estoy en desacuerdo.
Vera Carrizal
Estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, pero en el caso de María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido presuntamente por órdenes del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, hay un peligro claro para la víctima. En estos casos sí es correcto recurrir a la prisión preventiva.
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