Tres años, dos meses y cinco días le llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador recapturar al narcotraficante que humilló y doblegó no sólo a su gobierno, sino también al Ejército y al Estado Mexicano aquel 17 de octubre del año 2019. Durante todo ese tiempo transcurrido era sabido, tanto entre las áreas de inteligencia militar y federal, como entre la vox populi de Culiacán, que Ovidio, el hijo menor del “Chapo” Guzmán, se movía impunemente no sólo en los restaurantes, bares y establecimientos de la exclusiva zona de Tres Ríos en la capital sinaloense, sino que también el apodado “Ratón” se había convertido en el poderoso líder de una de las tres facciones del Cártel de Sinaloa, y que al mando de “Los Menores” o “Los Chapitos”, se convirtió en una leyenda, una figura señera del narco mexicano e internacional, en buena medida por el yerro y el fracaso que resultó la decisión presidencial de liberarlo, aquella noche aciaga de 2019.
Y es que fue el propio presidente López Obrador el que, públicamente y en varias ocasiones en sus conferencias mañaneras, asumió la responsabilidad total de haber decidido liberar a Ovidio Guzmán, cuando las fuerzas de élite del Ejército mexicano, al mando de un general, habían logrado capturarlo en una de sus casas en Culiacán, para cumplimentar una “orden de captura con fines de extradición” solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos. El argumento del Presidente mexicano, para aceptar públicamente que él ordenó esa liberación y el repliegue de las fuerzas federales de la capital sinaloense, ante la rebelión armada del Cártel de Sinaloa, fue que lo hizo “por razones humanitarias” porque los sicarios armados habían sitiado y tomado por rehenes a las familias de los militares en una Unidad Habitacional del Ejército en Culiacán, y amenazaban con matar a mujeres y niños si no soltaban a Ovidio.
Esa declaración presidencial hace toda la diferencia entre el operativo de ayer, que terminó con la recaptura, extracción y traslado de Ovidio Guzmán a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, y el penoso fracaso y repliegue de hace tres años. Para empezar, el de ayer fue un operativo planeado, estudiado y ejecutado de madrugada, al amanecer de este jueves, por parte de las células de élite del Ejército, mientras que el de 2019 se hizo por la tarde y por decisión de un general de la Zona Militar que, sin una planeación detallada, mandó a los soldados de élite a detener al narco con el único objetivo de cumplir la petición del Gobierno estadounidense, incluso sin dar aviso ni al general secretario, Luis Crescencio Sandoval, ni al Presidente ni al entonces secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, que fueron sorprendidos por la acción militar y más por la respuesta del narco sinaloense.
Aquel día de octubre de hace tres años, el presidente López Obrador nunca estuvo enterado; de hecho viajaba en un vuelo de Interjet con rumbo a la ciudad de Oaxaca cuando se producía la captura y aún al aterrizar ignoraba completamente que Culiacán estaba incendiado por la detención de Ovidio. Fue hasta entrada la tarde que el general Cresencio y el secretario Durazo le dieron un reporte pormenorizado al Presidente de lo que sucedía, y prácticamente hasta la media noche el Secretario de Seguridad trataba de dar una conferencia totalmente incoherente y desarticulada sobre lo que había ocurrido en la capital de Sinaloa.
Esta vez el Presidente sí supo con anticipación que entre el Ejército, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad federal estaban armando y diseñando el operativo, a partir de información confirmada que tuvieron sobre la ubicación exacta de Ovidio Guzmán en el poblado de Jesús María, a las afueras de Culiacán. Luis Cresencio, Adán Augusto y Rosa Icela Rodríguez fueron los únicos que tuvieron acceso a los detalles y la planeación y al resto de los miembros del gabinete nunca se les informó. De hecho, hoy cuando llegaba a Palacio Nacional para la reunión de seguridad, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que no fue enterado “por razones de seguridad” del operativo.
Es decir, que un operativo fue al atardecer, sin planeación ni información y el otro al amanecer, con el conocimiento no sólo del Presidente sino con una cuidadosa y detallada planeación para sorprender prácticamente dormido al hijo del “Chapo”, capturarlo y extraerlo de inmediato en los helicópteros artillados del Ejército que estaban listos para trasladarlo. ¿Por qué las cosas se hicieron esta vez de manera distinta y mucho más cuidada?
La primera explicación, y la más generalizada, es que el presidente López Obrador, presionado por la inminente visita de Joe Biden que llegará a nuestro país el fin de semana para participar en la Cumbre de Norteamérica, decidió presentar como una “ofrenda” de buena voluntad y cooperación, la cabeza de uno de los narcos más buscados y solicitados por la justicia de los Estados Unidos, sobre el que pendía la ya citada orden de captura emitida en 2017. Sin duda eso fue algo que influyó en la decisión.
Pero la otra explicación, que surge desde las altas esferas de la 4T, es que la recaptura de Ovidio Guzmán se convirtió en un tema “prioritario” para el Gobierno y para la Sedena, a partir de un análisis jurídico interno en el que le dijeron a López Obrador que si concluía su administración, sin haber entregado a Ovidio a los Estados Unidos, corría el riesgo de que un juez estadunidense lo acusara, en las Cortes de ese país, de haber violentado la Ley y la Constitución de los Estados Unidos, al haber ordenado (“personalmente”, como él lo dijo) la liberación de un detenido acusado y solicitado por la Justicia del vecino país. “En 2025 -le dijeron al Presidente- es perfectamente factible que le intenten imputar esas violaciones y acusaciones contra las leyes estadunidenses”.
Por eso fue que, a diferencia de 2019 cuando nunca estuvo involucrado y mucho menos enterado, y terminó asumiendo solo toda la culpa en la decisión de liberar a un detenido y replegar al Ejército ante el poderío armado del narco, López Obrador esta vez no sólo supo, sino siguió de cerca todos los detalles y la planeación y el diseño de la acción con la que se detuvo ayer a Guzmán López, que en los próximos días será entregado a la justicia de los Estados Unidos en cumplimiento de la multicitada orden.
Dice un refrán muy popular que “el miedo no anda en burro” y cuando se trata del brazo de la justicia estadunidense, que es tan largo y poderoso que trasciende fronteras, soberanías y territorios, mucho menos el temor andar en jumento. Y es cierto, AMLO se parará el cuello ante Biden y tratará de mostrar que su fallida estrategia de seguridad, la misma de “Abrazos, no balazos” que tanto cuestionan y detestan en Washington, sí funciona a pesar de lo que digan sus críticos; pero es más cierto todavía, que una vez que Ovidio esté preso en una cárcel de los Estados Unidos, el mandatario mexicano, el que se ufana de estar “transformando” al país, respirará más tranquilo y sin el temor de que lo persigan fantasmas terminado su sexenio que ya entró en el ocaso.
