Ley de Economía Digital, la otra reforma que puede cambiar cómo cobran las empresas

Por Darío Celis

Mientras buena parte de la discusión económica se concentra en aranceles, inversión extranjera o crecimiento, una de las iniciativas que podría tener efectos más profundos en la operación diaria de miles de empresas mexicanas avanza con menos reflectores: la Ley de Economía Digital. La propuesta busca acelerar el uso de pagos electrónicos, ampliar herramientas como los códigos QR y reducir la dependencia del efectivo. En teoría, representa un paso lógico para una economía donde las transacciones digitales crecen año tras año.

Sin embargo, el verdadero desafío no está en que las empresas cobren de manera electrónica. Está en lo que ocurre después de recibir el dinero.

México ya cuenta con una infraestructura financiera robusta. El SPEI mueve recursos equivalentes a varias veces el tamaño del PIB nacional y las transferencias prácticamente ocurren en tiempo real. El problema es que la velocidad del dinero no necesariamente se traduce en eficiencia administrativa. En muchos casos, las áreas financieras siguen dependiendo de procesos manuales para identificar pagos, conciliarlos y dar seguimiento a cuentas por cobrar.

Las cifras reflejan el tamaño del problema. De acuerdo con los datos presentados por fluXOne, 7 de cada 10 empresas mexicanas enfrentan retrasos en los pagos de sus clientes. El impacto económico es considerable. Tan sólo para las Pymes, las pérdidas asociadas a pagos tardíos e incobrables oscilan entre 196 mil y 247 mil millones de pesos al año. Si se incluyen los micronegocios, la afectación puede elevarse hasta 380 mil millones de pesos.

Por eso la Ley de Economía Digital podría convertirse en mucho más que una iniciativa para promover pagos electrónicos. También podría detonar una nueva etapa de modernización financiera dentro de las organizaciones. Cuando los pagos digitales se vuelven obligatorios o predominantes, la necesidad de automatizar la administración del flujo de efectivo deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición de supervivencia.

Es ahí donde empresas tecnológicas como fluXOne buscan ganar terreno. La plataforma, desarrollada por Praxis, apuesta por integrar cobranza, conciliación financiera, dispersión de pagos y seguimiento de operaciones en un solo ecosistema digital. La lógica es sencilla: si el dinero ya circula en tiempo real, la gestión financiera también debe hacerlo.

La apuesta es encabezada por Fabiola Sánchez, CEO de fluXOne y directora regional de Praxis para Latinoamérica, quien sostiene que la siguiente fase de la transformación digital estará menos enfocada en mover dinero y más en administrar la información que genera cada transacción.

La discusión cobra relevancia porque México enfrenta un momento decisivo. Digitalizar pagos puede ayudar a combatir la informalidad, incrementar la trazabilidad financiera y mejorar la inclusión económica. Pero si las empresas no modernizan simultáneamente sus procesos de cobranza y conciliación, el beneficio será parcial.

La Ley de Economía Digital puede acelerar millones de transacciones. Lo que está por verse es si también logra que las empresas mexicanas administren esos recursos con la misma velocidad con la que llegan a sus cuentas. Ahí está la verdadera prueba de fuego para la economía del futuro.

Y EN MÁS del sector de las nuevas tecnologías financieras, este sector ha demostrado que pueden ampliar el acceso a servicios financieros, pero la banca tradicional parece estar dejando pasar una oportunidad igual de relevante: convertirse en la infraestructura que impulse su crecimiento. Alberto Padilla, director general de briq.mx, advierte que más allá de competir por los mismos clientes o anunciar alianzas, existe una demanda creciente de servicios especializados para instituciones reguladas. La Ley Fintech exige soluciones que combinen operación, cumplimiento y capacidad transaccional, especialmente para figuras como las IFC. Mientras el ecosistema continúa expandiéndose, el mercado requiere cuentas concentradoras y otros servicios que pocos bancos parecen priorizar. Si la banca quiere participar en el auge fintech, ¿por qué no apuesta por habilitar el negocio de quienes hoy están transformando la industria?

LA HUELGA que amenazaba la operación de Volkswagen de México quedó desactivada luego de que los trabajadores aceptaran una propuesta que contempla un aumento de 4.4% directo al salario y de 3.84% en prestaciones. El acuerdo fue alcanzado entre la armadora alemana y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen (Sitiavw), evitando el paro programado para este 22 de octubre. La negociación contó con la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños López, y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Cfcrl). El resultado pone fin a varias semanas de tensión en una planta clave para la producción automotriz nacional y para las exportaciones de la marca en Norteamérica. Ahora el convenio será sometido a consulta de los trabajadores para su ratificación definitiva.

LA CEPAL encendió una señal de cautela para la región al estimar que la economía de América Latina y el Caribe crecerá apenas 2% en 2026, por debajo del 2.4% observado en 2025. Entre los factores que explican la desaceleración aparecen las tensiones geopolíticas, los problemas en las cadenas logísticas, un entorno comercial menos predecible y un financiamiento internacional más costoso. El organismo advierte además que el menor dinamismo del empleo y las presiones inflacionarias podrían limitar el consumo y la creación de puestos de trabajo formales. Para 2027, la expectativa mejora ligeramente con un crecimiento de 2.5%, aunque el panorama sigue condicionado por factores externos. Ante este escenario, la Cepal plantea fortalecer las políticas productivas, la formalización laboral y la inversión para elevar la competitividad de las economías de la región.

LA LEY DE Coordinación Metropolitana gana relevancia en Nuevo León ante los retos que enfrenta la zona metropolitana de Monterrey en movilidad, infraestructura y crecimiento urbano. Datos presentados por el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y el Centro de Desarrollo de la OCDE muestran que la superficie urbanizada creció de 124 a 287 kilómetros cuadrados entre 1990 y 2020, mientras que el parque vehicular alcanzó 2.57 millones de unidades en 2025. La congestión vial ya genera costos estimados en 18 mil millones de pesos al año. En este contexto, el Congreso estatal analiza mecanismos para fortalecer la coordinación entre municipios y autoridades estatales. El objetivo es responder de manera más eficiente a los efectos de la expansión urbana sobre la movilidad, los servicios públicos y la calidad de vida de la población.