Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Pero la grande, la tremenda verdad es ésta: sufrir no sirve de nada”, Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano.

CIRCO, MAROMA Y TEATRO

Enrique Inzunza Cázarez volvió al Senado.

Y quizá ésa sea la parte menos importante de la historia.

Después de más de cuatro meses sin acudir presencialmente a la Cámara Alta, el sinaloense regresó este lunes para ocupar nuevamente su escaño. Lo hizo sosteniendo que es inocente, calificando como una “embestida política” los señalamientos en su contra y reclamando que, después de meses, no se hayan presentado —según su defensa pública— pruebas que acrediten las acusaciones que enfrenta.

Pero Inzunza regresó a un Senado políticamente diferente al que dejó.

Y él también regresó diferente.

Ya no pertenece al grupo parlamentario de Morena. Ahora es senador independiente, aunque insiste en que continuará acompañando las iniciativas de Claudia Sheinbaum y la agenda de la Cuarta Transformación.

Eso crea una condición bastante peculiar.

Se alejó de Morena, pero no de la 4T.

Formalmente está fuera de la bancada.

Políticamente pretende permanecer cerca.

Y legislativamente su voto todavía puede ser útil para el oficialismo.

Pero su regreso estuvo lejos de ser discreto.

Mientras algunos legisladores de Morena lo saludaron y tuvieron expresiones de cordialidad con él, desde la oposición ocurrió exactamente lo contrario.

Y fue precisamente otra sinaloense quien convirtió su reincorporación en una escena de confrontación política.

Paloma Sánchez llegó hasta el escaño de Inzunza y colocó un letrero con la palabra “Narcosenador”.

Después lanzó una acusación todavía más fuerte:

“Aquí se sienta uno de los responsables de la narcoguerra en el estado de Sinaloa”.

También dijo que le dolía que alguien a quien ella responsabiliza políticamente de la crisis sinaloense pudiera regresar al Senado “y no pase absolutamente nada”.

Los señalamientos pertenecen a Paloma Sánchez y deben entenderse precisamente así.

Inzunza no ha sido condenado por esos hechos y rechaza las acusaciones provenientes de Estados Unidos. Este lunes volvió a declararse inocente y pidió que la Fiscalía General de la República concluya la investigación.

Pero políticamente la acción de Paloma consiguió algo.

Impidió que el regreso fuera normal.

Aquí aparece otra lectura.

La senadora priista pudo limitarse a emitir un comunicado o publicar nuevamente en redes sociales.

No lo hizo.

Llevó la confrontación hasta el propio escaño.

Eso elevó el costo mediático de la reincorporación y trasladó al Senado una discusión que durante meses había estado concentrada principalmente en Sinaloa.

Puede discutirse la dureza de las formas utilizadas por Paloma.

Lo que difícilmente puede discutirse es que consiguió colocar su posición en la conversación nacional.

Y políticamente eso también importa.

Porque Paloma Sánchez comienza a construir un perfil de oposición mucho más frontal precisamente cuando el PRI sinaloense discute qué papel jugará rumbo a 2027.

Inzunza eligió resistir

Del otro lado también hubo una decisión política.

Enrique Inzunza pudo solicitar licencia.

Pudo permanecer apartado.

Incluso pudo dejar el Senado.

Eligió regresar.

Y durante su conferencia llevó su defensa hasta una frase contundente: dijo que si aparece su nombre en determinada documentación que se le atribuye, renunciaría en ese momento al Senado. También negó relaciones con narcotraficantes y volvió a cuestionar la veracidad de los señalamientos.

Eso significa que la estrategia cambió.

Ya no parece dispuesto a esperar desde Sinaloa.

Ahora pretende defenderse ocupando plenamente su espacio político.

El problema es que ese espacio es mucho más reducido que hace cuatro meses.

Inzunza dejó la bancada de Morena después de que desde el propio movimiento surgieran voces que consideraban conveniente su separación del cargo mientras se esclarecía su situación.

Y tampoco parece existir una puerta inmediata en otro aliado.

Manuel Velasco fue explícito al señalar que el Partido Verde no contempla incorporarlo a su bancada.

Por eso su condición de independiente no es solamente administrativa.

Describe bastante bien su momento político.

Tiene escaño.

Tiene fuero constitucional mientras conserve el cargo, bajo las reglas aplicables a cualquier senador.

Tiene voto.

Y conserva relaciones políticas.

Pero ya no dispone del mismo paraguas partidista.

Hace apenas unos meses Enrique Inzunza formaba parte del grupo gobernante de Sinaloa y su nombre llegó a aparecer entre los perfiles políticos con futuro dentro del movimiento.

Hoy Imelda Castro encabeza el proyecto de Morena rumbo a 2027.

Graciela Domínguez gobierna Sinaloa.

Rubén Rocha salió nuevamente del Ejecutivo.

Y Enrique Inzunza regresó al Senado como independiente.

El tablero cambió completamente.

Por eso su reincorporación no puede entenderse como el simple regreso de un senador después de una ausencia.

Es el regreso de un político que tendrá que reconstruir prácticamente desde cero su viabilidad pública mientras enfrenta un problema jurídico y político que todavía no está resuelto.

Y enfrente tendrá una oposición que ya demostró que no piensa concederle tranquilidad.

Paloma Sánchez se encargó de dejarlo claro desde el primer día.

Inzunza volvió a ocupar su escaño.

Pero el lugar político que dejó hace cuatro meses ya no estaba esperándolo.

Y ésa, más que su regreso físico al Senado, es la verdadera noticia política.

EL RETO 

El nuevo Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad comienza a mostrar algo importante: el gobierno de Graciela Domínguez Nava parece partir de un diagnóstico territorial y no solamente de una estrategia general para todo Sinaloa.

Culiacán, Mazatlán, Navolato, Escuinapa, Rosario y Concordia serán prioritarios. No es casualidad. Son municipios que, con diferentes intensidades y características, han resentido directamente la violencia y sus consecuencias sociales.

Pero quizá lo más relevante está en los dos ejes anunciados.

Por un lado, fortalecer las policías estatales y locales. Es una definición necesaria. La presencia de fuerzas federales puede contener situaciones críticas, pero un estado no puede depender indefinidamente del Ejército, Marina o Guardia Nacional para atender su seguridad cotidiana. Construir instituciones locales capaces también será parte de la evaluación del nuevo gobierno.

El segundo eje merece todavía mayor atención: jóvenes, escuelas y desplazados.

Ahí existe un cambio de enfoque. La violencia no termina cuando cesan los disparos. Deja comunidades desplazadas, jóvenes vulnerables, escuelas afectadas, negocios cerrados y familias cuya vida cotidiana cambia completamente.

Atender esa parte significa entender que pacificar no es solamente desplegar elementos; también implica recuperar territorio social.

Graciela Domínguez ha planteado el rumbo.

Ahora falta conocer presupuesto, metas, responsables, tiempos y mecanismos de evaluación.

Porque Sinaloa ha conocido muchos planes de seguridad.

La diferencia de éste tendrá que estar en los resultados.

Y especialmente en esos seis municipios donde el nuevo gobierno decidió comenzar su primera gran prueba.

ENFOQUE

La renovación del acuerdo entre el Gobierno de México y el sector gasolinero para contener los precios de los combustibles tiene una lectura económica evidente: gasolina regular por debajo de 24 pesos y diésel debajo de 27 pesos por litro, bajo un esquema voluntario que busca amortiguar presiones inflacionarias.

Pero para Sinaloa existe también un dato que merece destacarse.

En la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional participó el empresario sinaloense Amado Guzmán, de Red Petroil, como parte de la representación del sector gasolinero.

Su presencia coloca a un empresario del estado dentro de una mesa donde se discuten asuntos que van mucho más allá del precio en las estaciones: costos logísticos, suministro, comisiones bancarias, regulación y combate al mercado ilícito de combustibles.

Y esto importa especialmente para Sinaloa.

En una economía fuertemente vinculada al transporte de mercancías, agricultura, pesca y actividad comercial, el precio del diésel tiene un efecto directo sobre los costos productivos. Bajar la referencia de 28 a 27 pesos busca precisamente contener parte de esa presión.

El acuerdo durará otros seis meses, hasta febrero de 2027.

Para Amado Guzmán y Red Petroil, participar en esta negociación también refleja el espacio que empresarios sinaloenses han construido dentro de las discusiones nacionales del sector energético.

Al final, mantener los combustibles contenidos será el verdadero examen.

Porque el acuerdo se firma en Palacio Nacional.

Pero su resultado se mide todos los días en las gasolineras y, sobre todo, en el bolsillo de consumidores y sectores productivos.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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