En la raya.
Sinaloa: la imprudencia y los límites del poder
Por: Jose Luis Lopez Duarte
La crisis política provocada por Rubén Rocha no es un episodio menor ni una simple disputa entre facciones de Morena. Es, más bien, un síntoma de algo más profundo: la dificultad de un movimiento político que, después de conquistar el poder, todavía no termina de decidir quién manda, en nombre de quién se gobierna y cuáles son los límites de la lealtad.
La conducta de Rocha sacudió a la llamada cuarta transformación porque puso en evidencia una tensión que muchos preferían mantener bajo la alfombra: la relación entre el expresidente López Obrador y la actual presidenta de la República. El gobernador sinaloense, acostumbrado a coordinarse políticamente con AMLO, actuó como si esa relación siguiera siendo el centro indiscutible del poder. Pero el poder, incluso cuando se disfraza de proyecto histórico, no acepta indefinidamente las nostalgias de su antiguo titular.
La reacción presidencial fue significativa. La presidenta no se limitó a expresar desacuerdo; condenó la maniobra y recordó algo elemental, aunque con frecuencia olvidado: el Estado no es patrimonio privado de un grupo, de un partido ni de un caudillo. Esa afirmación tiene una importancia política y moral considerable. En una democracia, los gobernantes no son dueños de las instituciones; apenas son sus administradores temporales. Cuando olvidan esa diferencia, la política deja de ser servicio público y se convierte en pleito de herencias.
Por eso la respuesta de la presidenta produjo una reacción en cadena. Morena, el Congreso y varios gobernadores cerraron filas para reconvenir a Rocha y exigirle rectificación. No se trató únicamente de una defensa personal de la mandataria, sino de una advertencia dirigida a todos: el liderazgo del expresidente no puede convertirse en un gobierno paralelo ni en una autoridad tutelar sobre quien fue elegida para ejercer el poder nacional.
El trasfondo internacional vuelve todavía más delicada la imprudencia. México atraviesa una relación compleja con Estados Unidos, marcada por asuntos de seguridad, extradiciones, comercio y cooperación institucional. En ese contexto, cualquier decisión que parezca desafiar acuerdos, procedimientos o responsabilidades judiciales puede tener consecuencias que rebasen ampliamente la política local. Gobernar no consiste en lanzar gestos de valentía para consumo interno; consiste en calcular sus efectos sobre la vida concreta de millones de personas.
La política, como la ética, exige hacerse cargo de las consecuencias. Quien provoca una tormenta no puede después presentarse como víctima del clima. Rocha parece haber confundido la lealtad personal con la responsabilidad institucional. Tal confusión suele ser peligrosa: las amistades políticas pueden explicar una conducta, pero nunca la justifican. Un gobernador debe responder ante los ciudadanos y ante las leyes, no ante la sombra de un antiguo jefe.
Para López Obrador, el episodio representa también una derrota. No necesariamente porque haya perdido una batalla formal, sino porque quedó expuesta la imposibilidad de conservar indefinidamente un poder que ya se ejerce desde la Presidencia. El expresidente puede influir, opinar y organizar simpatías, pero no puede pretender que la presidenta gobierne bajo su tutela. La democracia no funciona como una monarquía donde el antecesor conserva el trono detrás de la cortina.
Sinaloa, mientras tanto, paga el precio de estas disputas. La entidad enfrenta una crisis social, económica, política y de seguridad que no admite más improvisaciones. Lo que necesita es un gobierno capaz de recuperar autoridad, confianza y sentido de responsabilidad. El eventual nombramiento de un gobernador sustituto debe responder a esa urgencia, no a la conveniencia de una camarilla.
Un gobierno digno no debe limitarse a administrar, sino también a elevar el lenguaje público. Cuando un empresario llama “pendejos” a los sinaloenses por no seguir su protesta, no revela la torpeza ciudadana, sino la pobreza de su propio argumento. La democracia exige persuadir, no insultar; escuchar, no descalificar. Sinaloa necesita autoridades que moderen la crispación y ciudadanos capaces de rechazar cualquier liderazgo que confunda firmeza con desprecio.
La salida no será sencilla, pero sí puede ser clara: menos culto a las personas y más respeto por las instituciones; menos intriga y más rendición de cuentas; menos obediencia personal y más responsabilidad pública. La caída de Rocha puede ser el final de una carrera, pero también una oportunidad para recordar que ningún proyecto político merece sobrevivir a costa de la dignidad de los ciudadanos. el jueves veremos hacia donde vamos.