Por: EL Economista

Eduardo Ruiz-Healy

En Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó el miércoles pasado la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, y además los marcó como terroristas globales. Washington ya no los ve como simples redes de narcotráfico, los trata como amenaza a su seguridad nacional y su economía.

El Cártel de Juárez, fundado en los setenta por Pablo Acosta Villarreal y liderado desde 2014 por Juan Pablo Ledezma, controla la frontera más sensible del continente, Ciudad Juárez-El Paso, con una red de tráfico de drogas, contrabando y extorsión que incluye a La Línea, los Carrillo Fuentes y Barrio Azteca. Es aliado de Los Chapitos.

Los Viagras surgieron de las autodefensas michoacanas que en 2013 combatieron a Los Caballeros Templarios con respaldo tácito del gobierno de Enrique Peña Nieto y que, al disolverse, dejaron armas y territorio en manos de los hermanos Sierra Santana, hoy dedicados a cobrar piso a productores de aguacate y limón. El grupo es aliado del CJNG.

La lista de organizaciones terroristas extranjeras para EU ya suma 10. Desde febrero de 2025 incluye a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste y del Golfo, Cárteles Unidos, Nueva Familia Michoacana, Tren de Aragua y MS-13, y ahora también a Juárez y Los Viagras. El estatus permite perseguir apoyo material, bloquear cuentas e investigar a quien, por miedo o conveniencia, les pague cuota.

La ampliación se da tres días después de que el jefe de la DEA, Terrence Cole, declarara que los cárteles y el gobierno mexicano son lo mismo.

Puede especularse que la embestida también obedezca a un cálculo político de Trump. Las encuestas ven la guerra con Irán como un fracaso, con 71% de desaprobación al manejo de la inflación que dejaron los aranceles y la guerra, y eso tiene a los republicanos temiendo perder el Congreso en noviembre. Golpear a México les da un frente donde mostrar resultados antes de esa fecha.

Sin embargo, el problema es real. El sistema mexicano de procuración e impartición de justicia sigue sin capacidad para acabar con las organizaciones criminales, no por falta de leyes, sino de fiscales, peritos y unidades financieras suficientes, y de jueces que no operen bajo amenaza o soborno. Tampoco se sabe qué pasó con las 59,582 personas detenidas por delitos de alto impacto desde octubre de 2024: no hay cifras claras de cuántas siguen en prisión preventiva, cuántas salieron libres por detenciones ilegales o cuántas ya tienen sentencia firme.

El gobierno mexicano puede reclamar que su seguridad se decide en México, que ningún país debe usar la palabra terrorismo para justificar intervencionismo. Pero ese argumento pierde fuerza donde el Estado no cobra impuestos pero un cártel sí, donde presidentes municipales y gobernadores despachan bajo amenaza y policías estatales y municipales conviven con quienes deberían perseguir. La soberanía no se defiende con comunicados ni discursos, sino con ministerios públicos que integren expedientes y jueces que sentencien antes de que EU lo haga por decreto.

México puede seguir diciendo que los cárteles no son terroristas. Trump ya decidió que sí, y advirtió que si México no controla su territorio, lo sancionará como si lo controlara alguien más.

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