Sergio Sarmiento
“Si me atrapan o me matan, nada cambia”.
Atribuido a Ismael “El Mayo” Zambada
Es más fácil atacar a Ken Salazar, el locuaz exembajador de Estados Unidos, que tratar el meollo del asunto: al Gobierno mexicano lo que le incomoda es la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. “El fin no justifica los medios –justificó la presidenta Sheinbaum–. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”.
No sólo era una orden de aprehensión, fueron cuando menos cinco. La primera se giró el 18 de enero de 1998, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, hace 28 años. Después vinieron otras cuatro, desde 2000 hasta 2009, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
“El Mayo” se reunió en 2010 con Julio Scherer, director de Proceso, encuentro del que surgió un texto extraño, parte crónica personal, parte conversación informal, no una entrevista, y una foto en la que “El Mayo” aparece con gorra beisbolera y desplante triunfalista. Sin embargo, las autoridades mexicanas no pudieron nunca dar con él, quizá porque conocía la sierra mejor que nadie: “El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo”, le dijo a Scherer.
Hoy la FGR ha lanzado nuevas investigaciones sobre “El Mayo”, pero el propósito es pedir su extradición a México. Al Gobierno mexicano le preocupa que el detenido permanezca en Estados Unidos, pero ya no puede hacer nada al respecto. A sus 76 años, “El Mayo” se ha allanado a una cadena perpetua a cambio de permanecer en un reclusorio de baja seguridad y con instalaciones médicas para tratar sus enfermedades.
Seguramente se convertirá en testigo protegido y será todavía más incómodo para el Gobierno mexicano. La única persona que pudo capturar al “Mayo” fue Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El propio “Mayo” narró que el 25 de julio de 2024 lo citaron para una reunión con él y el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán, pero en lugar de eso fue secuestrado y llevado a Estados Unidos. Si el Gobierno nacional estuviera interesado en combatir el narco, habría aplaudido la captura, pero el presidente López Obrador exigió a las autoridades estadunidenses “un informe completo, no es nada más de declaraciones generales”.
El embajador Ken Salazar dijo el 29 de octubre de 2024 que Estados Unidos informó de los hechos unos días después de la captura y mostró cartas para demostrarlo. Añadió: “No se llevó a cabo ningún operativo policial en México; no era nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del Gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadunidense”. La presidenta Sheinbaum descalifica hoy estas declaraciones como “omisión y mentira”, pero no hay indicación de que lo sean.
La versión coincide con la que dio a conocer el propio “Mayo”, pero la Presidenta dice que se contradice con el hecho de que “el propio FBI presente el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI”. Sólo que una presentación en una feria no es un informe oficial.
En realidad, el Gobierno mexicano debería estar feliz de que Estados Unidos haya capturado al criminal que México no pudo o no quiso detener en un cuarto de siglo desde su primera orden de aprehensión.
La incomodidad ante esta captura no tiene nada que ver con una supuesta violación de la ley mexicana. La Presidenta no tuvo problema en entregar a 92 reos mexicanos a Estados Unidos sin prestar atención a lo que dicen las leyes nacionales. No es un tema de soberanía, sino de que al Gobierno le incomoda que “El Mayo” pueda convertirse en testigo colaborador.
El FBI
La FGR está investigado al FBI. Si encuentra que violó la ley mexicana, ¿exigirá México la extradición del director del FBI en 2024? ¿Romperá las relaciones con Estados Unidos como hizo con Ecuador? ¿O sólo las pausará, como AMLO con España?