BALCÓN PÚBLICO
Sergio ONTIVEROS

EL TRANSPORTE, FUERA DE CONTROL

EN RIESGO, REGISTRO Y POLÍTICOS
LA PROLIFERACIÓN DE permisos provisionales para casi un centenar de aurigas en Mazatlán, además del permiso irregular para 30 nuevos taxis en el municipio de El Rosario, hablan por sí solos de la enorme impunidad que existe en el transporte de Sinaloa, provocándole una competencia desleal y de alto riesgo al transporte concesionado. Y DECIRLO; también hay decenas de taxis que operan bajo un manto de irregularidad, lo cual no puede ser considerado como un fenómeno aislado ni producto del azar. Platicando con algunos trabajadores del volante, tristemente, coinciden en que el transporte público vive unos momentos muy conflictivos que, mientras Vialidad y Transportes se niega a ordenar, ha preferido la salida fácil de concesionar la informalidad, ignorando el impacto que esto genera en la movilidad social en el sur del estado. VERGONZOZAMENTE en El Rosario, el “regalo” de 30 nuevos permisos, fue la “desfachatez” porque con esos documentos “leoninos” favorecieron a dirigentes de partidos políticos y funcionarios de Gobierno… ¿Verdad Chivero?
LA TRISTEZA y la molestia se refleja a leguas en el transporte concesionado que se siente agredido por la misma autoridad al grado que intentarán en próximos días de tener un diálogo frente a la gobernadora interina, Yeraldie Bonilla. Ya el dirigente del gremio transportista, Mariano Ortega Vizcarra, lo manifestó fuerte y claro recientemente. HOY, SON LA base de aurigueros que exigirán a sus directivos enfr3ntar este grave problema. Y es que cuando la excepción se vuelve la regla, se envía un claro mensaje al sector, en tanto, la autoridad carece de voluntad y de capacidad para hacer valer la ley. OTRO DETALLE que fue puesto al descubierto y hace cada vez más grande la mancha gris en el transporte de Sinaloa, es la aparición en escena de un tal Guadalupe “Lupe” Márquez, de la CROC, quien, presuntamente, es el encargado de ponerle precio a los nuevos permisos, lo cual debe ser indagado y procesado por la Auditoría Superior del Estado, al menos para frenar estas supuestas atrocidades. LO IRÓNICO es que las Delegaciones de Vialidad y Transportes en el sur de Sinaloa también se están ensuciando sus dóciles deditos morenitos con tanto “lodo”… ¿Sabrá la gobernadora Yeraldine?
LA REVOLTURA POLÍTICA en que se encuentra México, podría traer consecuencias irreversibles e históricas, pues, con base a la Ley General de Partidos Políticos y la Ley del Instituto Nacional Electoral, si se comprueba que algún candidato a cargo de elección popular o el partido político que lo postula, podrían ser sancionados con la cancelación de la candidatura y el registro del organismo que lo impulsa. ¿será el caso de Morena? Y lo cuestiono porque la ley es muy clara: prohíbe explícitamente recibir aportaciones de poderes públicos, dependencias gubernamentales, empresas extranjeras, dinero en efectivo anónimo o fondos de procedencia ilícita, además de castigarse con multas económicas equivalentes al doble o triple del monto aportado comprobado, la pérdida del registro del partido, e incluso penas de prisión y el inicio de procesos penales por la vía de delitos. REITERO. Este comentario viene a colación por la grave situación que está evidenciando el gobierno de Estados Unidos al de México, con la expedición de órdenes de aprehensión contra 10 políticos mexicanos, e incluso girándoles orden de captura mediante la FICHA ROJA.
PERO EL CASO SINALOA ya es eterna en el Orden del Día del Senado de la República, donde, principalmente, el panista Ricardo Anaya Cortés, advirtió que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) perdería su registro en caso de existir vínculos con el cr1men 0r6an1zado. EN MÉXICO la legislación es muy clara: “si un partido político postula a un n4rco candidato, ese organismo tiene que perder su registro”, declaró el legislador. Y agrega, “Morena evita sanciones por el caso Sinaloa”. Durante su posicionamiento en el Senado de la República, Anaya Cortés afirmó que el “partido guinda” se niega a aprobar medidas radicales en la Ley Electoral, porque, según su criterio, terminarían afectándolo al propio organismo oficialista. Lo grave es que, mientras que el Gobierno mexicano exigía pruebas a Estados Unidos de las acusaciones en contra de políticos morenistas, dos de los señalados de tener nex0s con el c4rt3l de 5inaloa, declaraban ante la corte estadounidense en Nueva York.
MEJOR AQUÍ LE DEJAMOS, hasta la próxima, Dios mediante.