La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, cuestionó la forma en que se dio a conocer la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que el proceso debió mantenerse bajo reserva.

Durante su participación en conferencia desde Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que la difusión pública del caso vulnera principios básicos del sistema legal. “En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático”, expresó, al advertir que la exposición temprana puede influir tanto en la opinión pública como en el desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, subrayó que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes por parte de Estados Unidos que sustenten la solicitud.

Alcalde explicó que este tipo de procedimientos internacionales deben manejarse con discreción para proteger la presunción de inocencia y evitar que se generen juicios anticipados. A su juicio, hacer pública la solicitud sin elementos sólidos puede afectar el debido proceso y contaminar posibles pruebas.

En ese sentido, insistió en que la filtración del caso ha provocado que se emitan opiniones sin sustento legal, lo que complica el análisis objetivo por parte de las autoridades competentes.

La funcionaria aclaró que será un juez quien defina si existen elementos para avanzar en el proceso. “Se necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos”, puntualizó.

Añadió que ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores pueden tomar una decisión final sin que antes se presenten pruebas formales, por lo que el caso sigue en etapa de revisión.