Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“El destino se ríe de las probabilidades”, Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873) Escritor inglés.

FALLAS

Lo ocurrido en Topolobampo dejó de ser un episodio local para convertirse en una señal política, económica y diplomática. Lo que se perfilaba como el inicio de una inversión estratégica terminó en un escenario de reclamo social, donde comunidades indígenas, pescadores y colectivos ambientalistas irrumpieron para señalar una omisión clave: la falta de consulta previa.

En el acto estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de autoridades federales y representantes del proyecto. Pero también estuvo un observador de alto nivel: el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, cuya presencia convirtió el episodio en un mensaje que trascendió lo estatal.

Porque cuando un evento de esta naturaleza ocurre frente a un representante diplomático, la lectura cambia. Ya no se trata solo de un conflicto social, sino de una señal hacia el exterior sobre cómo se gestionan las inversiones, la legalidad y la estabilidad en la región.

El fondo del problema sigue siendo el mismo: no se realizó la consulta indígena previa. Y en proyectos de esta magnitud, ese paso no es opcional.

Es un requisito legal y un componente esencial de legitimidad. Sin él, cualquier inversión queda expuesta, no solo a la protesta social, sino a posibles litigios que pueden frenar o encarecer su desarrollo.

Pero más allá de lo jurídico, el episodio abre una lectura política inevitable.

La responsabilidad de prevenir estos escenarios recae directamente en la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Yeraldine Ponce Valverde.

Su función es clara: construir puentes, anticipar conflictos, generar diálogo y evitar que las tensiones escalen al espacio público.

Sin embargo, en este caso, la percepción es que ese trabajo no se reflejó. Las inconformidades no eran nuevas. Existían señalamientos previos sobre la falta de consulta, advertencias de colectivos y posturas críticas de comunidades. Aun así, el conflicto llegó intacto al acto oficial.

Eso revela una falla en la operación política. No necesariamente por ausencia total de comunicación, pero sí por una interlocución insuficiente o poco efectiva. Y en política, cuando el diálogo no alcanza, el conflicto encuentra su propio espacio.

El resultado fue un evento desbordado, una narrativa institucional interrumpida y una imagen que no correspondía al objetivo del gobierno: proyectar certidumbre y orden.

La presencia del embajador Ronald Johnson terminó por amplificar el momento. Mientras el gobierno buscaba posicionar a Sinaloa como destino de inversión, lo que se proyectó fue un recordatorio de que ningún proyecto puede sostenerse sin respaldo social y cumplimiento legal.

El gobierno estatal ha reaccionado al señalar que la consulta indígena se realizará antes de continuar. Es un paso necesario, pero que llega después de que el conflicto se hizo visible y público.

Y ese es el punto central.

El arranque de la construcción de la planta Mexinol no se frenó por falta de inversión ni por inviabilidad técnica. Se frenó por una falla en el proceso. Y en política, los procesos son tan importantes como los resultados.

El caso no era nuevo, los grupos que protestaron y provocaron a la reprogramación de la planta, no fueron atendidos por quien debe de ser quien le quite los “golpes” al gobernador que es la secretaria de gobierno, esa es su función  ante esto no pudo.

El tema del conflicto primero debió atenderse por la gente, lo ocurrido en Topolobampo demuestra la falta de oficio y visión política, así como social de Yeraldine.

Esperemos que ahora que esto ocurrió ahora sí, la llamada “número 2” del gobierno de Rocha cumpla sus funciones de resolver problemas al gobernador antes de que lleguen a el. Al menos, en años, esa ha sido la función de la Secretaría General de Gobierno.

Ahí se las dejo de tarea.

El caso Mexinol no ocurre en el vacío. Llega a una región donde ya existe memoria de conflicto, donde la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente marcó un precedente que aún no termina de resolverse. Hoy, con la suspensión del arranque de Mexinol, Topolobampo suma su segundo gran proyecto industrial detenido en medio de cuestionamientos sociales, legales y ambientales.

La lectura es inevitable. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que comienza a consolidarse: proyectos de alto impacto que avanzan en lo técnico y en lo financiero, pero que tropiezan en lo social y en lo político. La repetición del conflicto evidencia que no se ha logrado construir un modelo de desarrollo que incluya de manera efectiva a las comunidades desde el origen.

Porque si el primer caso dejó lecciones sobre consulta, diálogo y legitimidad, el segundo confirma que esas lecciones no se han terminado de incorporar. Y ahí es donde el problema trasciende a los proyectos en sí. Se instala en la forma de gobernar, en la manera de gestionar la inversión y en la capacidad del Estado para equilibrar intereses.

A LOS CUATRO VIENTOS

La declaración del diputado federal Ricardo Madrid Pérez no sorprende por su contenido, sino por el momento en que se realiza. En la política sinaloense, los tiempos formales rara vez coinciden con los tiempos reales, y lo dicho en Mazatlán confirma que la carrera rumbo a 2027 ya comenzó, aunque todavía no exista una ruta clara.

Madrid Pérez reconoce lo que muchos actores políticos prefieren matizar: sí hay aspiración. Y al hacerlo, se coloca dentro del abanico de perfiles que buscan posicionarse en la antesala de la definición de candidaturas dentro del bloque de la llamada Cuarta Transformación. No define cargo, no adelanta estrategia, pero deja claro que está en la fila.

El dato relevante no es solo su intención, sino el contexto en el que la enmarca. La referencia a que su nombre ha sido considerado por la dirigencia nacional del Partido Verde, encabezada por Manuel Velasco Coello, lo inserta en una lógica de validación externa. En otras palabras, no es una aspiración aislada, sino una que busca respaldo desde el centro del poder partidista.

Sin embargo, el escenario sigue siendo difuso. La posible fórmula de tres mujeres y tres hombres para participar en el proceso interno —que él mismo menciona como versión no confirmada— refleja el nivel de incertidumbre que prevalece. No hay reglas claras, no hay convocatoria formal y, sin embargo, ya hay posicionamientos.

Ese vacío no es casual. Forma parte del método político que ha caracterizado a la 4T: construir candidaturas a partir de encuestas y acuerdos cupulares que se definen más adelante, pero que desde ahora comienzan a moldear el comportamiento de los aspirantes. En ese terreno, adelantarse no es un error; es una necesidad.

Para el Partido Verde, la jugada tiene otra lectura. Su papel dentro de la alianza con Morena ha sido estratégico, pero también subordinado en muchos momentos. Colocar perfiles propios en la conversación, como el de Madrid Pérez, es una forma de negociar espacios y no quedar relegado en la toma de decisiones.

La experiencia que el propio diputado menciona —su paso por distintos cargos públicos y su conocimiento del estado— forma parte del discurso habitual de legitimación. Sin embargo, en procesos como el que se avecina, esos elementos no siempre son determinantes. La definición final suele depender de factores más amplios: equilibrio político, acuerdos nacionales y, sobre todo, la viabilidad electoral que arrojen las encuestas.

Entre Veredas, el movimiento de Ricardo Madrid no define candidaturas, pero sí marca presencia. En un tablero donde aún no se colocan todas las piezas, comenzar a jugar es también una forma de no quedar fuera.

Porque en la política de hoy, esperar a que se definan las reglas puede ser el primer paso para perder la partida.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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