Premian a Yesenia Rojo pese a agresiones contra periodistas

Hay decisiones que, más que reconocer una trayectoria, terminan enviando un mensaje equivocado. La reciente entrega de la Medalla de Honor “Dra. Norma Corona Sapíen” a la activista Yesenia Rojo Carrizoza ha generado molestia en el gremio periodístico del Évora, no por el hecho de reconocer a una mujer, sino por el contexto que rodea su figura y los antecedentes recientes en los que periodistas resultaron agredidos.

El caso no es menor. El 23 de septiembre de 2025, durante una manifestación realizada por policías jubilados en las afueras del Ayuntamiento de Angostura, integrantes del movimiento conocido como Guerreros Azules arremetieron contra periodistas que se encontraban cubriendo los hechos. La tensión del momento se trasladó directamente contra quienes simplemente realizaban su trabajo: documentar lo que ocurría.

Entre los comunicadores agredidos estuvieron Samuel Inzunza Armenta, con más de tres décadas de ejercicio periodístico, y Sergio Lozano, del medio Tercia de Grillos. Ambos denunciaron haber sido bloqueados, empujados e incluso golpeados mientras intentaban registrar la protesta.

No solo hubo agresiones físicas. También se reportaron daños a equipo de trabajo, cámaras profesionales y teléfonos celulares, además de actos de hostigamiento como arrojar agua a los reporteros para impedir su labor informativa.

Pero los antecedentes de este movimiento no se limitan únicamente a ese episodio. En diversas protestas también se registraron destrozos en instituciones públicas, como en el propio Congreso del Estado, así como en las oficinas del Ayuntamiento de Angostura y en instalaciones del Sistema DIF de ese mismo municipio, entre otros lugares donde se reportaron daños materiales durante manifestaciones.

Lo más preocupante es que, pese a que los hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes, el avance en las investigaciones ha sido prácticamente nulo. El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Fiscalía General de la República, instancia que recientemente fue impulsada para atender precisamente este tipo de agresiones contra periodistas.

Sin embargo, hasta ahora el seguimiento ha sido lento y los responsables no han sido sancionados.

Por ello, para muchos periodistas de la región del Évora resulta difícil entender cómo, en medio de este antecedente, el Congreso del Estado decide otorgar un reconocimiento a una activista vinculada con un movimiento en cuyo entorno se registraron agresiones contra la prensa y daños a diversas instituciones públicas.

La incongruencia es evidente.

La libertad de manifestación es un derecho legítimo y necesario en cualquier sociedad democrática. Pero ese derecho no puede ejercerse violentando otro igual de importante: la libertad de prensa. Cuando se agrede a un periodista se agrede también el derecho de la sociedad a estar informada.

Por eso el reclamo del gremio periodístico no es un capricho ni un ataque personal. Es una exigencia de respeto.

Porque reconocer a figuras públicas mientras siguen impunes agresiones contra reporteros no fortalece la defensa de los derechos humanos. Al contrario, envía una señal preocupante: que la violencia contra la prensa puede pasar a segundo plano.

Y eso, en un estado donde el periodismo ya enfrenta demasiados riesgos, simplemente no debería ocurrir.

Por Samuel Inzunza Armenta.