Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres débil”, Tom Wolfe (1931-2018) Periodista y escritor estadounidense.

APERTURAS

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Sinaloa no puede entenderse como una sucesión de eventos protocolarios. Fue, en realidad, una operación política de posicionamiento territorial en una entidad clave para el equilibrio económico y de gobernabilidad del país.

Mazatlán, San Ignacio y Culiacán no fueron escalas accidentales. Representan tres realidades distintas del estado: el dinamismo turístico, la ruralidad productiva y el centro político-administrativo con desafíos en seguridad. Esa triangulación territorial envía un mensaje claro: presencia integral del gobierno federal en todos los frentes.

En Mazatlán, junto a la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el discurso giró alrededor del desarrollo y la confianza. El puerto es hoy la carta de presentación económica de Sinaloa. Turismo, inversión inmobiliaria y conectividad marítima sostienen una narrativa de crecimiento que requiere estabilidad institucional para consolidarse.

La presencia presidencial en este escenario no es menor. Envía señales al mercado, a inversionistas y al sector servicios de que existe respaldo federal. Sin embargo, la confianza no se decreta; se construye. Infraestructura urbana, servicios públicos eficientes y una estrategia de seguridad consistente serán los indicadores reales que medirán la solidez de ese mensaje.

Mazatlán no solo es postal turística; es termómetro económico.

En San Ignacio, acompañada por el alcalde Luis Fernando Loaiza Bañuelos, el tono cambió. Ahí el eje fue el bienestar social y el equilibrio territorial. Este municipio representa la dimensión rural de Sinaloa, donde la política pública no puede limitarse a transferencias económicas, sino que debe traducirse en desarrollo productivo sostenible.

El mensaje federal apuntó a que el modelo de bienestar no se concentra en las zonas urbanas. Sin embargo, el desafío estructural permanece: los municipios rurales requieren infraestructura, acceso a mercados y fortalecimiento de capacidades locales para romper ciclos históricos de rezago.

La inclusión territorial es una narrativa potente; convertirla en crecimiento sostenido es el verdadero reto.

En Culiacán, junto al alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, el contexto adquiere otra dimensión. La capital sinaloense concentra decisiones políticas y administrativas, pero también es punto sensible en materia de seguridad.

La visita presidencial en este escenario tiene carga simbólica. Refuerza la coordinación institucional entre niveles de gobierno y proyecta una imagen de control. No obstante, la ciudadanía no evalúa símbolos; evalúa resultados. Reducción de violencia, fortalecimiento policial y estabilidad social son los parámetros que marcarán la percepción pública.

La gobernabilidad no se comunica, se demuestra.

Uno de los anuncios con mayor alcance fue la modernización de distritos de riego. En un estado cuya economía depende significativamente del sector agrícola, el tema hídrico no es accesorio; es estratégico.

La eficiencia en el uso del agua impacta productividad, empleo y estabilidad regional. Si la modernización se ejecuta con rigor técnico y presupuesto garantizado, podría convertirse en el eje transformador de la visita. Si permanece en el terreno declarativo, su efecto será limitado.

La infraestructura hidráulica no produce titulares inmediatos, pero define décadas.

La ampliación de bachilleratos y universidades públicas responde a la estrategia nacional de cobertura educativa. En un estado con población joven y desafíos laborales, la educación puede ser palanca de movilidad social.

Sin embargo, ampliar matrícula sin asegurar calidad académica y vinculación productiva genera crecimiento cuantitativo, no necesariamente desarrollo económico. La pertinencia profesional será clave para evitar la desconexión entre formación y mercado laboral.

La educación transforma cuando está alineada con el entorno productivo.

Más allá de los anuncios, la gira reforzó liderazgos municipales alineados con el proyecto federal y proyectó cohesión institucional. En un contexto nacional donde la narrativa de gobernabilidad es prioritaria, Sinaloa ocupa un lugar estratégico por su peso agrícola, económico y por su complejidad en seguridad.

La presidenta proyectó cercanía territorial y coordinación intergubernamental. El mensaje fue de estabilidad y continuidad.

Pero en política, la forma precede al fondo solo temporalmente.

La gira combinó tres dimensiones claras:

Presencia territorial con carga simbólica.
Reafirmación del modelo de bienestar.
Anuncios con potencial impacto estructural en agua y educación.

No fue improvisada ni superficial. Fue estratégica.

Sin embargo, las giras generan expectativas; la gestión produce resultados. Sinaloa enfrenta desafíos que no se resuelven en una agenda de fin de semana. La visita ya cumplió su función política y comunicativa.

Ahora inicia la etapa decisiva: la ejecución.

Porque en política, el tiempo no aplaude discursos; evalúa resultados.

RESPALDO

La asistencia del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, a la reunión privada convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezada en el estado por el gobernador Rubén Rocha Moya, debe analizarse en dos planos: el institucional y el político.

En términos formales, se trata de un encuentro de coordinación entre el Gobierno Federal y actores representativos de los sectores social, académico y productivo de Sinaloa. La inclusión del rector en ese espacio confirma el peso estructural que la universidad tiene en la vida pública del estado. No es una invitación simbólica: la UAS concentra la mayor matrícula educativa de la entidad y articula buena parte del sistema de educación media superior y superior.

Desde el ángulo institucional, los datos presentados por el rector delinean una realidad concreta. Atender a 170 mil estudiantes, absorber la mitad del bachillerato estatal y sostener 103 programas de educación superior posiciona a la universidad como un eje estratégico en la formación de capital humano. Que Sinaloa se ubique entre las entidades con mayor cobertura educativa no es un dato menor; es un indicador de capacidad instalada.

Sin embargo, más allá de las cifras, el planteamiento central fue la solicitud de atención a las necesidades de crecimiento de la institución. Este punto abre una lectura relevante: la expansión de cobertura implica presión presupuestal, infraestructura, contratación académica y sostenibilidad financiera. En ese sentido, la intervención del rector puede interpretarse como una gestión directa ante el Ejecutivo Federal para garantizar estabilidad institucional en un contexto nacional donde las universidades públicas enfrentan desafíos presupuestales recurrentes.

La sede del encuentro —instalaciones de la III Región Militar en Mazatlán— y la presencia del Gabinete de Seguridad también aportan contexto. No se trató únicamente de una reunión educativa, sino de un diálogo integral sobre la región. En ese marco, la participación de la UAS adquiere un matiz adicional: la educación como componente de estabilidad social. La universidad no solo forma profesionales; también funciona como espacio de contención y movilidad social.

Desde una perspectiva política, la reunión proyecta coordinación entre el gobierno federal, el estatal y la principal institución académica de Sinaloa. La disposición expresada por el rector para colaborar con las políticas federales refuerza un mensaje de alineación institucional. En el escenario público, esto contribuye a la narrativa de cohesión entre actores clave.

No obstante, el análisis objetivo obliga a distinguir entre discurso y ejecución. La relevancia de la UAS en el sistema educativo sinaloense está acreditada por su matrícula y cobertura. El desafío radica en asegurar calidad académica, pertinencia profesional y sostenibilidad financiera. El crecimiento cuantitativo debe acompañarse de fortalecimiento estructural.

En términos generales, la presencia del rector en la reunión confirma que la educación superior ocupa un lugar en la agenda federal para el estado. El impacto real dependerá de si el acercamiento deriva en apoyos concretos, proyectos específicos y soluciones a las necesidades planteadas.

La reunión ya cumplió su función política y comunicativa: visibilizar a la universidad como actor estratégico. El siguiente paso será determinar si esa visibilidad se traduce en respaldo institucional efectivo.