Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol”, Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense.

SILENCIO QUE MATA

El alta médica de Sergio Torres Félix no es solamente un parte clínico favorable; es un hecho político que obliga a leer entre líneas el momento que vive Sinaloa y, particularmente, Movimiento Ciudadano. Cuando un dirigente estatal de partido sobrevive a un atentado en la capital del estado, el episodio trasciende lo personal y se convierte en un mensaje que impacta la estructura institucional, la narrativa partidista y la percepción pública del liderazgo.

Sergio Torres no es un actor menor. Es diputado local y presidente estatal de Movimiento Ciudadano, una fuerza política que ha intentado consolidar presencia propia en un escenario dominado por Morena y marcado por el desgaste histórico de otras fuerzas tradicionales. Su atentado, ocurrido en un contexto de alta tensión en materia de seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. En Sinaloa, la violencia no es anecdótica; es parte del entorno en el que se desenvuelve la vida pública. Por eso, cuando la violencia toca a un dirigente partidista, la señal adquiere una dimensión mayor.

El regreso de Torres a casa simboliza resistencia personal, pero políticamente abre interrogantes más profundas. ¿Qué lectura hace su partido de lo ocurrido? ¿Cómo capitaliza —o cómo enfrenta— un hecho de esta magnitud? En política, los momentos críticos suelen definir liderazgos más que los periodos de estabilidad. Y aquí aparece el punto más delicado: la reacción de la dirigencia nacional.

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, mantuvo una postura institucional, prudente, contenida. Hubo mensajes de condena y seguimiento informativo, pero no se registró presencia física en Sinaloa ni una narrativa nacional contundente que colocara el atentado en el centro del debate público. En términos formales, el respaldo existió; en términos simbólicos, fue percibido como insuficiente por algunos sectores.

En política, la presencia territorial tiene peso. Cuando un dirigente estatal es atacado, la llegada del liderazgo nacional suele interpretarse como un acto de cohesión, de cierre de filas, de demostración de fuerza interna. La ausencia, aunque pueda justificarse por razones de seguridad o estrategia, inevitablemente se interpreta. Y en Sinaloa, donde el territorio y la cercanía política siguen siendo moneda de legitimidad, la interpretación pesa.

Puede argumentarse que la prudencia evitó escalar tensiones en un entorno complejo. También puede sostenerse que el partido optó por no politizar un hecho que está bajo investigación. Sin embargo, el costo de la cautela excesiva es la percepción de distancia. En un momento donde la violencia política no distingue colores, el respaldo visible se convierte en mensaje hacia la militancia y hacia la opinión pública.

Este episodio también refleja algo más profundo: la normalización de la violencia política en México. Hace algunos años, un atentado contra un presidente estatal de partido habría detonado una crisis política nacional. Hoy, la reacción tiende a diluirse en la rutina informativa. Esa normalización es quizás el dato más preocupante, porque indica que la violencia ha dejado de sorprender.

El alta médica de Torres le permite volver al escenario público, pero el verdadero desafío comienza ahora. Su liderazgo puede fortalecerse si logra convertir el episodio en símbolo de firmeza y cohesión partidista. También puede diluirse si el hecho queda como una página más en la estadística de la inseguridad sinaloense. La construcción de la narrativa dependerá tanto de él como de la estructura nacional que lo respalde.

Movimiento Ciudadano enfrenta una decisión estratégica: asumir el caso como bandera política en el debate sobre seguridad o mantener la línea institucional sin confrontación abierta. Ambas rutas tienen costos y beneficios. Lo que no es neutral es el silencio prolongado o la indefinición narrativa, porque en política el vacío siempre se llena con interpretación.

Sinaloa atraviesa un periodo donde la seguridad es el eje transversal de toda discusión pública. En ese contexto, el atentado contra un dirigente partidista no solo cuestiona la protección individual, sino la fortaleza institucional. La política no puede limitarse a sobrevivir a la violencia; debe responder a ella con claridad.

Sergio Torres vuelve a casa. Movimiento Ciudadano tendrá que decidir si este episodio fortalece su identidad en el estado o evidencia fisuras internas. En tiempos donde la pólvora interrumpe la vida pública, el liderazgo se mide no solo por la capacidad de resistir, sino por la capacidad de respaldar y de estar presente.

Porque en política, tan importante como la palabra es la presencia. Y tan significativo como el discurso es el gesto.

EN LA MIRA

El programa de pavimentación de las mil calles en Culiacán se ha convertido en uno de los ejes visibles de la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil. Más allá de la cifra simbólica, el proyecto representa una apuesta política clara: intervenir el espacio público como herramienta de gobernabilidad, movilidad y posicionamiento institucional.

En términos objetivos, el avance reportado muestra una estructura escalonada: calles ya entregadas, obras en ejecución, otras en licitación y proyectos en fase técnica. La entrega de 200 calles durante el primer año y el anuncio de nuevas licitaciones para alrededor de 75 obras más en el primer bimestre reflejan continuidad administrativa. Sin embargo, el verdadero análisis no está en la cifra acumulada, sino en la sostenibilidad financiera y en la distribución territorial de las intervenciones.

El criterio de priorización expuesto por el alcalde —escuelas, centros de salud, rutas de transporte, zonas con dificultades para servicios públicos— responde a una lógica técnica. Atender vialidades que inciden en movilidad escolar, salud y acceso a servicios básicos tiene impacto social directo. Colonias como Buenos Aires, con condiciones topográficas complejas, o sectores como Las Cucas y Los Mezcales, con problemas recurrentes de escurrimiento, evidencian que parte del programa busca resolver rezagos estructurales y no solo embellecer zonas estratégicas.

No obstante, el desafío en este tipo de programas radica en el equilibrio entre obra visible y mantenimiento preventivo. El propio alcalde reconoce que el deterioro de vialidades y los baches siguen siendo un tema sensible. Los trabajos de reencarpetado en sectores como Manantiales, Terrazas o zonas cercanas al aeropuerto indican que el Ayuntamiento intenta atender tanto la expansión como la conservación. El riesgo político es claro: si el mantenimiento no acompaña la expansión, la percepción ciudadana puede diluir el impacto de las nuevas obras.

Hay otro componente relevante: la dimensión económica. Pavimentar espacios donde operan tianguis o zonas comerciales no es una decisión menor. La infraestructura urbana incide directamente en la dinámica económica local, particularmente en mercados populares donde miles de personas dependen de la movilidad diaria. En ese sentido, el programa no solo tiene un enfoque urbano, sino también productivo.

El anuncio de recursos federales por 20 millones de pesos introduce una variable política adicional. La coordinación con el Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y la interlocución con funcionarios federales proyectan una relación institucional que puede fortalecer la capacidad de ejecución municipal. Sin embargo, el monto anunciado, aunque relevante, debe analizarse frente al tamaño del programa global. El impacto real dependerá de la eficiencia en la aplicación y de la supervisión técnica anunciada.

En el plano político, las menciones a encuestas rumbo a 2027 son inevitables. Aunque el alcalde ha intentado deslindar el programa de aspiraciones electorales, cualquier política de infraestructura masiva en un municipio capital tiene implicaciones futuras. Las obras públicas suelen ser el termómetro más tangible para la ciudadanía. La movilidad, la pavimentación y los servicios urbanos pesan más que los discursos en la percepción cotidiana.

El programa de bicicletas públicas, por su parte, introduce una narrativa complementaria: movilidad alternativa y enfoque juvenil. Si logra consolidarse, puede diversificar la agenda municipal más allá del concreto y el asfalto. Pero si se percibe como accesorio frente a problemas estructurales como seguridad o drenaje pluvial, su impacto político será limitado.

En síntesis, el programa de pavimentación refleja una administración enfocada en obra pública como instrumento central de gestión. La estrategia es clara: intervenir el territorio para construir legitimidad. El reto no es menor. La ciudadanía no solo evalúa la inauguración de calles, sino la consistencia, la calidad técnica y la equidad territorial de las intervenciones.

Culiacán enfrenta desafíos estructurales en movilidad, escurrimiento pluvial y mantenimiento urbano. Si el programa logra traducirse en soluciones sostenibles y no solo en cifras acumuladas, puede consolidarse como un eje sólido de gobierno. Si, por el contrario, las obras no logran resolver problemas de fondo o se concentran en zonas específicas, el impacto político podría fragmentarse.

La infraestructura es una herramienta de gobernabilidad, pero también es una promesa medible. En ese terreno, la evaluación no será retórica, será cotidiana.