Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
¡Caer está permitido. Levantarse es obligatorio!, Proverbio ruso
A la buena de Dios
RETOS FINANCIEROS
Las finanzas públicas municipales en Sinaloa evidencian un escenario complejo que no solo se explica con cifras de deuda o presupuestos aprobados, sino con la realidad diaria de gobernar territorios desiguales, con recursos limitados y problemáticas que superan la capacidad operativa de muchos ayuntamientos.
En los municipios pequeños del estado, el desafío de gobernar no se expresa únicamente en términos administrativos, sino en la tensión constante entre atender necesidades básicas y sostener funcionando al aparato municipal.
En municipios como San Ignacio, Concordia, Choix, Cosalá y El Fuerte, la fragilidad financiera es evidente. No se trata únicamente de presupuestos pequeños, sino de economías locales con recaudación mínima, población dispersa y alta dependencia de participaciones federales.
Los alcaldes gobiernan con poca capacidad de maniobra y con estructuras administrativas que, en muchos casos, consumen una parte desproporcionada del gasto.
La principal pregunta que enfrentan es inevitable: ¿cómo transformar el territorio cuando el presupuesto apenas alcanza para mantener la operación mínima del gobierno? En estos municipios, la austeridad no es una política trazada, es una condición permanente.
En otros municipios como Rosario, Escuinapa, Badiraguato y Angostura, los desafíos se combinan entre la presión social y la limitación financiera.
Son gobiernos que deben atender comunidades rurales extensas, caminos deteriorados, sistemas de agua rezagados y economías locales que dependen de actividades primarias o temporadas productivas irregulares.
Aquí, el reto para los alcaldes no es solamente administrar correctamente los recursos, sino enfrentar expectativas ciudadanas que crecen más rápido que la capacidad presupuestal.
Gobernar en estos territorios significa responder a urgencias sin contar con reservas financieras y, muchas veces, improvisar soluciones ante carencias estructurales que llevan años sin resolverse.
Municipios como Mocorito, Elota, Sinaloa de Leyva y Salvador Alvarado enfrentan presiones adicionales ligadas al gasto operativo y a obligaciones de corto plazo. Son administraciones que no siempre enfrentan problemas de endeudamiento formal, pero sí una realidad financiera que se vive mes a mes.
El municipio funciona, pero al límite. Las tesorerías trabajan bajo presión constante, los pagos a proveedores se difieren y la posibilidad de planear proyectos de inversión se reduce drásticamente.
En estos casos, la pregunta para los gobernantes es directa: ¿existe margen para planear el futuro o el gobierno ha quedado atrapado en la administración de la urgencia?
En municipios turísticos o con vocación económica parcial, como San Ignacio, Escuinapa o Rosario, surge otro dilema: el territorio genera potencial económico, pero los gobiernos locales no siempre participan del beneficio directo.
La derrama económica ocurre, pero la recaudación municipal no crece en la misma proporción.
La infraestructura urbana se desgasta, los servicios públicos se encarecen y el ayuntamiento termina financiando costos que la economía local no devuelve en ingresos. Ahí surge un reto político y administrativo que pone a prueba a quienes gobiernan: cómo sostener municipios que funcionan como regiones productivas o turísticas, pero que recaudan como si fueran localidades rurales.
Un elemento común recorre a la mayoría de los municipios pequeños de Sinaloa: la política pesa tanto como las finanzas.
Plantillas heredadas, estructuras sindicales, compromisos de campaña y presiones de grupos locales limitan los ajustes administrativos necesarios.
Muchos alcaldes inician su gestión con una deuda invisible, no financiera sino política, que condiciona decisiones, frena reformas internas y obliga a priorizar la estabilidad del aparato municipal sobre la transformación del territorio.
En ese punto se define gran parte del carácter de gobierno: sostener la estructura o enfrentar el costo de modificarla.
El reto final es de fondo. Los municipios pequeños de Sinaloa no solo necesitan recursos, necesitan capacidad institucional, planificación regional y decisiones que trasciendan el corto plazo.
Hoy, los alcaldes gobiernan entre la presión social, la limitación presupuestal y la inercia histórica de modelos administrativos que no han cambiado.
La gran disyuntiva no está solo en equilibrar cuentas, sino en responder una pregunta que define el sentido de gobierno: ¿administrar la sobrevivencia municipal o asumir el riesgo de intentar transformar realidades que llevan décadas postergadas?
En Sinaloa, las finanzas municipales no solo hablan de dinero, hablan de territorio, de desigualdad y de gobiernos que todos los días deben decidir entre sostener el presente o intentar construir futuro con lo poco que tienen.
PASOS DE GIGANTE
México inicia el 2026 con un conjunto de indicadores macroeconómicos que, en apariencia, describen un escenario de estabilidad financiera y confianza en los mercados. El fortalecimiento del peso frente al dólar —su mejor comportamiento desde 1991— se ha convertido en uno de los principales referentes del discurso económico federal.
Junto a ello, el cierre positivo de la Bolsa Mexicana de Valores y el desempeño histórico de la Bolsa Institucional de Valores confirman que, en el terreno financiero, el país mantiene un entorno atractivo para inversionistas y capitales.
Sin embargo, la lectura técnica de estos resultados exige ir más allá del balance numérico.
Un peso fuerte y mercados bursátiles en crecimiento no constituyen por sí mismos una garantía de bienestar social.
Surge entonces una interrogante clave para la evaluación económica de fondo: ¿la estabilidad macroeconómica está permeando de manera efectiva hacia la economía real, o existe una brecha entre el comportamiento financiero y las condiciones materiales de la población trabajadora?
En otras palabras, el reto no es solo crecer, sino cómo crece el país y quién se beneficia de ese crecimiento.
El incremento del salario mínimo en 13 por ciento representa un esfuerzo deliberado por recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas. Desde una perspectiva técnica, esta medida contribuye al fortalecimiento del consumo interno y genera un efecto positivo en las economías locales.
No obstante, el mercado laboral mexicano mantiene rasgos estructurales que complican su impacto pleno: informalidad elevada, desigualdad regional y sectores con baja productividad.
Bajo ese contexto es necesario cuestionar: ¿hasta qué punto el aumento salarial beneficia a quienes laboran fuera de esquemas formales?
¿El incremento al salario mínimo mejora realmente la movilidad social o corre el riesgo de convertirse en un avance estadístico que no alcanza a millones de trabajadores sin seguridad social ni estabilidad contractual?
En el ámbito sectorial, el turismo se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. Con un Producto Interno Bruto Turístico equivalente al 8.7 por ciento del PIB y una Inversión Extranjera Directa que creció más de 40 por ciento en 2025, el sector muestra fortaleza, atracción de capital y alta capacidad de generación de empleo.
Sin embargo, el análisis crítico obliga a observar las asimetrías: ¿este crecimiento se distribuye de manera equilibrada entre los distintos destinos del país, o se concentra en corredores turísticos consolidados mientras otras regiones permanecen rezagadas?
¿Las ciudades receptoras cuentan con infraestructura urbana, servicios públicos y planeación ambiental suficiente para sostener el ritmo de expansión sin generar presión sobre el territorio, el agua o los ecosistemas?
El empleo turístico —cinco millones de puestos vinculados al sector— representa casi uno de cada diez empleos a nivel nacional.
Las cifras son relevantes, pero deben leerse con profundidad.
El desafío no es solamente crear empleo, sino elevar la calidad del empleo existente. Frente a ello es pertinente cuestionar: ¿qué proporción de estas plazas corresponde a trabajos formales, con seguridad social y estabilidad salarial, y cuántas responden a esquemas temporales, estacionales o con bajos niveles de protección laboral?
¿El crecimiento económico en el turismo se traduce en movilidad social para las comunidades locales o reproduce ciclos de dependencia y desigualdad regional?
Las expectativas para 2026 apuntan a un incremento en ingresos por visitantes internacionales, mayor flujo de divisas y continuidad en la estabilidad cambiaria. Son proyecciones optimistas que, desde la perspectiva de política económica, representan oportunidades para fortalecer inversión pública, infraestructura social y desarrollo productivo.
Pero también plantean un desafío estratégico: ¿existe una política económica capaz de transformar los buenos indicadores en mejoras estructurales, o el país corre el riesgo de sostener un modelo que crece sin corregir desigualdades históricas?
En síntesis, México inicia el año con estabilidad, disciplina fiscal y señales de confianza externa.
El verdadero punto de inflexión, no obstante, se encuentra en el terreno distributivo: cómo se convierte la fortaleza macroeconómica en bienestar social, cómo se reduce la desigualdad territorial y cómo se transita de la estadística favorable a la mejora tangible en la vida cotidiana de la población.
La economía avanza; el desafío es que el desarrollo avance con ella.
LO QUE VIENE
El anuncio del Proyecto Anual de Obras para el 2026 en Culiacán coloca nuevamente en el centro del debate público la capacidad del municipio para avanzar en infraestructura urbana y social, en un contexto donde la demanda de servicios básicos y mejoramiento de vialidades continúa siendo una de las principales exigencias ciudadanas.
La secretaria de Obras y Servicios Públicos, María del Carmen Morales Donada, adelantó que el próximo año se priorizará la pavimentación de más calles en colonias y sindicaturas, la construcción de canchas deportivas y la puesta en marcha de un proyecto de planta tratadora de aguas negras.
Se trata de acciones que, en el papel, buscan atender tres frentes esenciales: movilidad, cohesión comunitaria y medio ambiente.
La pavimentación de vialidades forma parte del compromiso asumido por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien ha planteado como meta el acondicionamiento de al menos mil calles durante su administración.
El inicio temprano de procesos de licitación en enero de 2026 apunta a una planeación anticipada que, en teoría, podría permitir una ejecución más ordenada de las obras. Sin embargo, el reto no solo radica en cumplir metas cuantitativas, sino en garantizar criterios de priorización social, transparencia y calidad técnica en cada proyecto.
La ampliación de espacios deportivos, como las canchas de futbol contempladas, responde a una necesidad visible en los sectores populares y en las comunidades rurales.
En términos de impacto social, estos espacios suelen traducirse en puntos de convivencia, prevención del ocio nocivo y fortalecimiento del tejido comunitario.
No obstante, su efectividad depende también del acompañamiento institucional, mantenimiento permanente y uso comunitario efectivo.
El proyecto más relevante desde la perspectiva de sostenibilidad urbana es, sin duda, la planeación de una planta tratadora de aguas negras.
Su eventual construcción representa un paso estratégico en materia de saneamiento, cuidado ambiental y manejo responsable de los recursos hídricos.
Aun así, se trata de una obra de alta complejidad técnica y financiera, por lo que la definición del sitio adecuado, el esquema de inversión y la capacidad operativa serán factores determinantes para que no quede solo en intención.
La propia autoridad reconoce una realidad que atraviesa a los gobiernos locales: el presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades.
Bajo ese escenario, la prioridad debe ser clara: invertir en obras que generen beneficios colectivos medibles, que respondan a diagnósticos reales y no únicamente a expectativas políticas o presiones coyunturales.
El 2026 será un año clave para evaluar no solo la cantidad de obras realizadas, sino la coherencia del proyecto urbano que se está construyendo en Culiacán.
La infraestructura pública deja huella durante décadas; por ello, la planeación responsable, la visión de largo plazo y la rendición de cuentas deben acompañar cada decisión.
Más allá de los anuncios, la verdadera evaluación llegará desde las colonias, las sindicaturas y los barrios donde la obra pública transforma —o deja intactas— las condiciones de vida de la población.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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ENE 3 2025