Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción”, Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense.
Ramificaciones
ATENCIÓN
Está mas que claro que, la fortaleza de las instituciones no se mide únicamente por la solidez de sus leyes, sino por la manera en que quienes las representan responden ante la exigencia social de justicia, información y respeto.
El reciente pronunciamiento del diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo vuelve a colocar ese principio en el centro del debate público, a partir del caso de la desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón y del trato dispensado a periodistas que acudieron a solicitar información oficial.
La gestión anunciada para propiciar un encuentro entre el periodista Rafael Covantes y la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo no es, en sí misma, un gesto extraordinario.
Es, más bien, una reacción institucional esperable ante un hecho grave que involucra derechos humanos, libertad de expresión y la obligación del Estado de investigar con diligencia.
Sin embargo, el contexto en el que se produce revela una problemática más profunda: la distancia, a veces innecesaria y otras francamente preocupante, entre la autoridad y la ciudadanía.
El señalamiento sobre la actitud del vicefiscal de la zona sur —quien se negó a atender a comunicadores y optó por la confrontación— exhibe una falla que no puede normalizarse.
No se trata solo de una descortesía administrativa, sino de una ruptura simbólica del deber público.
Cuando un funcionario rehúye al diálogo o responde con desdén, el mensaje que se transmite es de cerrazón, y esa percepción erosiona la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia.
Guerrero Verdugo acierta al subrayar que, aun cuando no exista información concluyente, la obligación mínima es escuchar, explicar y mantener canales abiertos. La transparencia no siempre implica tener respuestas inmediatas, pero sí exige disposición y respeto. En este punto, la defensa del trato digno a periodistas no es un privilegio corporativo, sino una condición básica para garantizar el derecho social a estar informado.
Resulta relevante también que el legislador haya reconocido que el tema no se abordó previamente por razones de agenda, pero que ahora exista el compromiso de escalar la preocupación al más alto nivel de la fiscalía y de involucrar al Congreso.
Esa ruta institucional —informar a la Junta de Coordinación Política y considerar la intervención de la Comisión de Justicia— abre la posibilidad de que el caso no quede en una anécdota mediática, sino en un precedente de actuación responsable.
El fondo del asunto va más allá de un episodio concreto.
La pregunta que subyace es si las instituciones están dispuestas a corregir inercias autoritarias y asumir que servir implica rendir cuentas, incluso cuando la presión es incómoda.
En tiempos donde la desconfianza pública es alta, cada gesto cuenta.
La desaparición de una persona y la exigencia de respuestas no admiten soberbia ni evasivas.
Escuchar no debilita al poder; por el contrario, lo legitima. Y en ese equilibrio entre autoridad y ciudadanía se juega, día a día, la credibilidad del Estado.
CULTURA GENERAL
Las declaraciones de María Teresa Guerra Ochoa colocan sobre la mesa una discusión que, aunque recurrente, sigue siendo incómoda: ¿dónde está realmente la raíz de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar? Para la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, el problema no radica en la ausencia de mecanismos de apoyo ni en fallas estructurales del Estado, sino en la persistencia de una cultura machista que se resiste a desaparecer.
La postura no es menor. En tiempos donde la respuesta inmediata suele ser señalar a las instituciones como responsables únicas de la violencia, Guerra Ochoa plantea una lectura distinta: existen más herramientas, más redes de apoyo y mayor visibilidad para las mujeres, pero eso no ha sido suficiente para erradicar conductas profundamente arraigadas en las relaciones de pareja. El machismo, en esta lógica, opera como un factor que desborda cualquier política pública si no se confronta de fondo.
El señalamiento cobra relevancia en contextos como Los Mochis y Ahome, donde hechos recientes de violencia extrema evidencian que el problema no distingue avances institucionales ni discursos de igualdad. La legisladora reconoce que hoy las mujeres ocupan más espacios: económicos, políticos y sociales. Paradójicamente, ese fortalecimiento —que debería ser motivo de celebración— se convierte en detonante de conflicto en relaciones donde persisten esquemas de control, celos y dominación.
Aquí aparece un punto clave: la violencia no siempre surge de la carencia, sino del cambio. Cuando los roles tradicionales se ven cuestionados, algunos entornos reaccionan con agresión. No porque falten leyes o apoyos, sino porque la transformación cultural va más lenta que la realidad social. En ese desfase se incuban muchos de los episodios de violencia doméstica que hoy encabezan las estadísticas.
Sin embargo, la afirmación de que “los organismos encargados hacen su trabajo” también abre un espacio para la reflexión crítica. Si bien es cierto que existen más mecanismos de denuncia y acompañamiento, el aumento de casos reportados —particularmente aquellos que involucran a parejas— obliga a preguntarse si la prevención está siendo tan efectiva como la reacción. Atender después del daño no puede ser el único parámetro de éxito institucional.
El discurso de Guerra Ochoa apunta, con razón, a la necesidad de una acción coordinada: Estado, sociedad y entorno familiar. Deconstruir el machismo no es tarea exclusiva de una dependencia ni de una legislación; es un proceso largo, incómodo y, muchas veces, impopular. Implica revisar prácticas cotidianas, educar en el respeto y asumir que la violencia no es un asunto privado, sino un problema público.
La violencia contra las mujeres en casa no se explica por una sola causa ni se resuelve con una sola estrategia. Reconocer los avances institucionales es necesario, pero también lo es admitir que, mientras el cambio cultural no alcance a la vida cotidiana, la brecha entre la ley y la realidad seguirá cobrándose vidas. La pregunta ya no es si existen mecanismos, sino si como sociedad estamos dispuestos a transformar aquello que los vuelve insuficientes.
CAMINO ÁSPERO
En la relación entre el Estado y las universidades públicas suele existir una expectativa implícita: que, llegado el momento de la crisis, el gobierno saldrá al rescate. Sin embargo, esa premisa encuentra un punto de quiebre cuando los números ya no alcanzan.
Eso es, en esencia, lo que dejó ver David Moreno Lizárraga al reconocer que el Gobierno del Estado no puede cubrir el monto que la Universidad Autónoma de Sinaloa requiere para cumplir con aguinaldos y otras prestaciones laborales.
El mensaje no fue de desinterés, sino de realidad presupuestal. Moreno Lizárraga subrayó que existe una instrucción directa del gobernador Rubén Rocha Moya para buscar alternativas que permitan apoyar a la comunidad universitaria.
No obstante, también dejó claro que hay problemas cuya magnitud rebasa las capacidades financieras del Estado, incluso cuando hay voluntad política.
El argumento oficial se sostiene en los antecedentes: apoyos extraordinarios año con año y una inyección acumulada de alrededor de 2 mil 900 millones de pesos para la regularización del ISR ante el SAT.
Es decir, el respaldo ha existido y ha sido cuantioso. Pero, según la versión gubernamental, este año el margen de maniobra simplemente se agotó.
Aquí es donde el debate adquiere mayor profundidad. ¿Debe el gobierno asumir de manera permanente las deficiencias financieras de una institución autónoma? ¿O corresponde a la propia universidad revisar sus estructuras internas y su modelo de gasto?
La respuesta de Moreno Lizárraga apunta hacia lo segundo: la UAS, dijo, necesita una autorrevisión, cosa que ya realiza con la propusta de la Reingernierá, pero falta aplicarla, esto le permitirá cumplir con sus obligaciones hacia estudiantes y trabajadores sin depender exclusivamente de rescates externos.
No es una postura cómoda ni políticamente rentable, pero sí revela un cambio de tono. El Estado ya no se presenta como salvador incondicional, sino como un acompañante con límites claros.
En ese sentido, el llamado a la corresponsabilidad no implica desconocer la importancia social de la universidad, sino reconocer que la sostenibilidad financiera también es parte de su responsabilidad institucional.
El dilema no es menor. De un lado están miles de trabajadores que esperan certezas; del otro, un gobierno que enfrenta restricciones reales.
Entre ambos, una universidad que históricamente ha sido pilar educativo de Sinaloa, pero que hoy carga con decisiones del pasado que condicionan su presente.
Tal vez el fondo del asunto no sea si hay o no apoyo, sino cómo se redefine la relación entre autonomía universitaria y responsabilidad financiera. Porque cuando el auxilio público llega a su límite, lo que sigue ya no es solo gestión política, sino una revisión profunda de prioridades, estructuras y compromisos.
CERCANÍA
La cercanía con la gente del gobierno de Mazatlán se ha convertido en un mensaje político en sí mismo. La decisión de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez de encabezar una nueva jornada del programa Contigo Mazatlán apunta justamente en esa dirección: sacar al gobierno del escritorio y llevarlo al espacio público, donde las demandas ciudadanas se expresan sin intermediarios.
La jornada, programada en la Plazuela República, no es un acto aislado. Forma parte de una estrategia que busca atender de manera directa problemas cotidianos —desde servicios públicos hasta apoyos sociales— y medir, en tiempo real, la capacidad de respuesta del Ayuntamiento.
El antecedente en la colonia Benito Juárez, con decenas de solicitudes canalizadas, refuerza la idea de que este modelo genera resultados concretos, al menos en términos de escucha y gestión inmediata.
Sin embargo, el reto va más allá del ejercicio de presencia. La eficacia de estos programas no se define solo por la afluencia o el número de peticiones recibidas, sino por el seguimiento y la solución real de los planteamientos. Ahí es donde la política de cercanía se pone a prueba.
Acercar el gobierno a la gente siempre es un buen punto de partida. Convertir esa cercanía en respuestas sostenidas es lo que, al final, marca la diferencia entre un gesto simbólico y una política pública efectiva.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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