
Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), confirmó que la nueva Ley de Aguas no representa una amenaza inmediata para la operatividad de los distritos de riego en el estado, logrando blindar un punto crítico: la herencia de los derechos de agua.
Certeza jurídica para el patrimonio agrícola
Uno de los mayores temores entre los productores del Valle de Culiacán era la posible pérdida de la continuidad en el uso del recurso hídrico al realizarse trámites sucesorios. Bazúa Campaña explicó que, tras las gestiones y el análisis del sector, se reconoció legalmente que los derechos de agua podrán heredarse junto con la tierra, tal como ha funcionado históricamente en la región.
Esta resolución es vital para las familias agrícolas, ejidatarios y pequeños propietarios, ya que asegura que la inversión y el esfuerzo generacional no se vean interrumpidos por vacíos legales. Sin la vinculación de la concesión de agua a la propiedad de la tierra, la viabilidad económica de las unidades de producción en Sinaloa habría quedado en un limbo jurídico.
Vigilancia ante la discrecionalidad normativa
A pesar del avance positivo en el reconocimiento de derechos, el dirigente de la AARC enfatizó que la guardia no debe bajarse. Advirtió que aún existen aspectos técnicos y reglas de operación que requieren una interpretación jurídica profunda. El objetivo primordial es evitar que existan decisiones discrecionales por parte de las autoridades administrativas que puedan afectar a los productores.
La certidumbre plena es la demanda principal del sector. Aunque la infraestructura de canales y la organización de los módulos de riego en Sinaloa son referentes nacionales, la claridad en los procedimientos administrativos es lo que permitirá a los agricultores avanzar en sus trámites de sucesión y planeación a largo plazo sin riesgos de confiscación de derechos.
Sinaloa mantiene su esquema de riego tradicional
Para el ciclo actual y los venideros, el esquema de distribución hídrica en Sinaloa se mantendrá bajo los parámetros conocidos. La infraestructura consolidada del estado y la participación activa de los usuarios a través de los módulos de riego fungen como un muro de contención que garantiza la estabilidad.
El presidente de la AARC concluyó que, si bien la ley busca un ordenamiento del recurso a nivel nacional, la realidad de Sinaloa exige que se respeten los reglamentos internos que han permitido al estado consolidarse como el principal motor agrícola de México. La revisión técnica continuará para asegurar que cada párrafo de la normativa se traduzca en beneficios y no en obstáculos para el campo sinaloense.
