Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“De las cosas que tienes, escoge las mejores y después medita cuán afanosamente las hubieras buscado si no las tuvieras”, Marco Aurelio (121-180) Emperador romano.

BOLAS EL ENGRUDO

Les fue como en feria.

La crítica del dirigente panista Evaristo Corrales Macías a sus propios regidores en Mazatlán revela una discusión de fondo sobre el papel que debe desempeñar la oposición en un sistema democrático. 

Su señalamiento, centrado en el silencio de los ediles Wendy Barajas, quien además es la dirigente estatal del partido, y Felipe Parada durante el Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, no es menor: pone en la mesa el debate sobre la responsabilidad política de quienes fueron elegidos para representar una voz distinta dentro del Cabildo.

En el contexto de un ejercicio de rendición de cuentas, el papel de la oposición no se limita a estar presente, sino a cuestionar, señalar deficiencias y exigir resultados. 

Guardar silencio puede interpretarse como una falta de compromiso con el mandato ciudadano o, peor aún, como una renuncia a ejercer el contrapeso político que fortalece la rendición de cuentas y el equilibrio institucional.

La postura de Corrales Macías también evidencia una tensión recurrente en la política local: la dificultad de algunos actores para conciliar la disciplina partidista con el deber de fiscalización.

En un escenario donde la ciudadanía demanda transparencia y resultados, la ausencia de posicionamiento puede debilitar la confianza en la oposición y enviar el mensaje de que los intereses partidistas están por encima del interés público.

Por otra parte, es válido reconocer que el debate político no siempre debe expresarse en confrontación abierta.

La crítica puede adoptar muchas formas, desde la exposición de datos hasta la presentación de alternativas. Sin embargo, el silencio absoluto en un momento clave como un informe de gobierno diluye la función fiscalizadora y deja a la ciudadanía sin una visión alternativa sobre la gestión municipal.

El asunto es que la oposición azul está muda, al menos en este informe no alzó la voz, como lo hicieron otros personajes que lejos de buscar el debate público, quisieron los reflectores de tres segundos.

Así las cosas.

POSICIONAMIENTO 

La reciente discusión en la Cámara de Diputados sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación refleja una de las prioridades más relevantes del Estado mexicano en la actualidad: construir un sistema tributario más justo, eficiente y transparente. 

El posicionamiento del diputado Ricardo Madrid Pérez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, sintetiza el sentido de estas modificaciones: proteger la hacienda pública, garantizar el uso correcto de los recursos y cerrar espacios a la evasión fiscal que históricamente ha debilitado al país.

La idea central es clara: cada peso recaudado correctamente tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. 

Ese recurso se traduce en infraestructura educativa, atención médica, programas sociales y en el fortalecimiento de sectores productivos fundamentales como la agricultura, la pesca o la ganadería. En un país donde las brechas sociales persisten, la justicia fiscal no es solo un tema técnico, sino un asunto de equidad y desarrollo.

Las reformas aprobadas —con 348 votos a favor— buscan modernizar el marco legal para enfrentar un entorno económico cada vez más complejo, dotando a la autoridad hacendaria de herramientas más sólidas para combatir la evasión, la simulación y el fraude fiscal. 

El dato es elocuente: en 2020 el SAT detectó operaciones simuladas por más de 93 mil millones de pesos, recursos que pudieron haberse destinado a hospitales, carreteras o becas. En ese contexto, cerrar esos vacíos no es una opción política, sino una necesidad para la sostenibilidad del Estado.

Otro aspecto relevante es el esfuerzo por modernizar la administración tributaria. La reforma no se limita a un endurecimiento de sanciones, sino que también busca simplificar procesos, mejorar servicios al contribuyente y fortalecer la relación entre Estado y sociedad. 

Una autoridad fiscal más eficiente no solo recauda mejor, sino que genera confianza en los ciudadanos y promueve una mayor cultura de cumplimiento voluntario

El reto ahora será garantizar que la aplicación de estas normas se haga con equilibrio, sin afectar la actividad económica ni convertir la fiscalización en un instrumento de presión política o burocrática. 

La justicia fiscal implica también certeza jurídica y trato equitativo a quienes cumplen con sus obligaciones.

En suma, estas reformas representan un paso adelante en la construcción de un Estado más fuerte, capaz de financiar políticas públicas que atiendan las necesidades de la población. 

Combatir la evasión y fortalecer la recaudación no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar derechos, reducir desigualdades y sostener el proyecto de país que la sociedad demanda. 

La discusión sobre la justicia fiscal, más que un debate técnico, es una conversación sobre el modelo de desarrollo que México quiere construir en las próximas décadas.

ATENCIÓN

El encuentro entre el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y los habitantes del fraccionamiento Hacienda de la Ceiba, en la sindicatura de El Diez, refleja un principio fundamental del ejercicio de gobierno: la cercanía con la ciudadanía. 

En un contexto donde muchas decisiones públicas suelen tomarse desde la distancia institucional, este tipo de reuniones representan un modelo distinto de gestión, uno basado en el diálogo directo, la participación vecinal y la respuesta a necesidades reales.

El compromiso de atender el canal pluvial afectado y mejorar el camino de acceso no es solo una obra de infraestructura; es una intervención que impacta directamente en la seguridad, movilidad y calidad de vida de las cerca de 100 personas que habitan la zona. 

La decisión de realizar una evaluación técnica antes de ejecutar los trabajos también es relevante, pues evita soluciones improvisadas y permite diseñar intervenciones duraderas y adecuadas a las condiciones del lugar.

Este ejercicio de gobierno participativo tiene otro valor añadido: fortalece la confianza ciudadana. 

Al abrir un espacio de escucha, el Ayuntamiento reconoce que las comunidades no son simples receptoras de políticas públicas, sino actores con conocimiento y voz legítima en la definición de prioridades. Además, la disposición de Gámez Mendívil para atender otras solicitudes relacionadas con servicios públicos demuestra una visión integral de gobierno, en la que la solución de un problema no excluye la atención de otros.

La presencia del diputado Serapio Vargas Ramírez refuerza, por su parte, la importancia de la colaboración entre distintos niveles de gobierno para dar respuesta efectiva a las demandas sociales. 

Este tipo de coordinación resulta clave para que las gestiones vecinales no queden solo en promesas, sino que se traduzcan en resultados concretos.

En definitiva, el caso de Hacienda de la Ceiba es un ejemplo de cómo la política local puede tener impacto real cuando se ejerce con cercanía, sensibilidad y voluntad de respuesta. 

Escuchar a la comunidad no es un gesto simbólico: es una herramienta eficaz para construir soluciones compartidas y fortalecer el vínculo entre gobierno y ciudadanía.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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