Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber”, Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés.

EN LA MESA

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán ha trascendido con fuerza del plano judicial al debate social y mediático nacional.

Lo que comenzó como una denuncia por la ausencia de un joven duranguense tras visitar un bar en la zona turística, se ha convertido en un tema de conversación que expone diversas aristas: desde el reclamo legítimo de justicia por parte de su familia, hasta la preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la percepción de seguridad y en la economía turística del puerto más importante de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y ha asegurado estar trabajando con todas las líneas posibles para esclarecer el paradero del joven.

Sin embargo, el paso del tiempo sin resultados concretos ha provocado que la desesperación familiar escale a un llamado más amplio: pedir a la población no viajar a Mazatlán como forma de presión y protesta.

Este exhorto, que ha circulado con fuerza en redes sociales y ha sido retomado por medios nacionales, introduce un elemento delicado en el debate público, pues coloca al destino turístico en una posición vulnerable ante la opinión pública nacional e internacional.

Desde un punto de vista objetivo, la exigencia de la familia es legítima. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas y de esclarecer cada desaparición con prontitud y eficacia.

La indignación que rodea al caso es reflejo de un clima generalizado de desconfianza hacia las instituciones, sobre todo en un contexto en el que la violencia y la inseguridad siguen marcando el pulso diario de Sinaloa.

Sin embargo, también es cierto que las declaraciones que apuntan directamente a ciertas personas como presuntas responsables, incluso de tacharlas de cómplices —sin que medie una investigación judicial que las sustente— pueden ser contraproducentes.

Estas acusaciones públicas no solo entorpecen el debido proceso y abren la puerta a especulaciones que complican la labor ministerial, sino que además pueden desviar la atención de lo verdaderamente importante: que la autoridad investigue y esclarezca el caso con pruebas, no con versiones.

En el ámbito económico, las repercusiones ya se hacen sentir. Mazatlán, uno de los destinos turísticos más importantes del país, atraviesa un momento clave en su estrategia de proyección internacional.

El llamado a no visitarlo y el aumento de menciones negativas en redes pueden tener un impacto directo en la llegada de visitantes, en especial en un periodo en que la percepción de inseguridad pesa más que nunca en las decisiones de viaje.

Este es, sin duda, el mayor “contra” para la ciudad: que un caso aislado, por grave que sea, empañe los esfuerzos de promoción y desarrollo que durante años han posicionado a Mazatlán como un puerto seguro y hospitalario.

Pero lo que más preocupa es que los “liderazgos camarales” salvo la Canirac Mazatlán den un posicionamiento sobre lo que se especifica de Mazatlán de ser un destino “donde desaparecen” a los jóvenes, y donde la vida nocturna se ha visto afectada a raíz de todo esto.

La “raja” política que muchos buscan en este caso, no sólo le ha pegado a personas en específico, sino que se llevan al destino “entre las patas” y eso es preocupante porque mientras la economía turística se sostiene con picadientes, esta “fama” que hacen los duranguenses a Mazatlán, no es para nada prometedora.

En contraste, el “pro” radica en que este caso ha puesto sobre la mesa la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad, mejorar la coordinación entre autoridades y empresarios del sector turístico, e impulsar políticas públicas más efectivas en materia de prevención y atención a víctimas.

Si se manejan con responsabilidad, las lecciones que deje este episodio podrían traducirse en instituciones más sólidas y en una relación más transparente entre gobierno, sociedad y visitantes.

El caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela es hoy más que un expediente abierto: es un espejo que refleja tanto las debilidades estructurales del sistema de justicia como el enorme reto que enfrenta Mazatlán para cuidar su imagen en medio de una crisis.

Mientras no haya información oficial distinta, la investigación está en manos de la autoridad, y será su trabajo —no la especulación ni el linchamiento mediático— el que determine la verdad. La exigencia de justicia debe seguir firme, pero con la misma fuerza debe mantenerse el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Solo así se podrá garantizar que este caso tenga un desenlace justo, sin que la lucha por la verdad termine por lastimar aún más a la sociedad sinaloense.

Los enemigos políticos son graves, pero por afectar o mentar mediante publicaciones “anónimas” en redes el tema ya no está en la mesa de Mazatlán, sino en manos de las autoridades procuradoras de justicia.

En estos casos, lo mejor es esperar. Las investigaciones siguen su curso, y hay que respetar el debido proceso, esperamos que al finalizar esto, no se tenga otra “época negra” en Mazatlán provocada por algunos que por algunos “likes” le dieron una fama a este destino que también tiene gente entregada y trabajadora, leal y honesta que busca llevar alimento a su mesa, desde la industria turística.

No es defensa de nadie, más que de Mazatlán. Ahí está el caso de Tulum, que por circunstancias diferentes hoy está sin turistas, el asunto también puede pasar.

Ojo con eso.

JUSTICIA SOCIAL

La creación del programa Pensión Mujeres Bienestar, implementado por el Gobierno Federal y presentado en Sinaloa por el gobernador Rubén Rocha Moya, representa un avance significativo en el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, una labor históricamente invisibilizada y sin remuneración económica.

La entrega de 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años busca compensar, aunque sea parcialmente, décadas de esfuerzo no reconocido dentro de los hogares.

Más allá del monto, el programa tiene un valor simbólico profundo: coloca en el centro de la agenda pública la discusión sobre la economía del cuidado, un tema que ha sido relegado durante décadas.

Al reconocer que las tareas domésticas son trabajo —y que sin ellas la estructura social no podría sostenerse— se sientan las bases para avanzar hacia políticas más equitativas y sensibles a la realidad de millones de mujeres.

El impacto de esta medida va más allá del reconocimiento individual. Para 47 mil sinaloenses, este apoyo representa un alivio económico y una oportunidad para atender necesidades básicas o invertir en su bienestar personal.

Además, al integrarse posteriormente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se garantiza continuidad en el respaldo económico, lo que ofrece mayor seguridad y planeación a largo plazo.

Desde el punto de vista económico, programas como este tienen un efecto multiplicador: los recursos se destinan directamente a las familias, lo que impulsa el consumo local y fortalece el mercado interno.

La derrama de más de 25 mil millones de pesos anuales en transferencias sociales es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden incidir simultáneamente en la justicia social y en el dinamismo económico.

No obstante, el reto está en ir más allá del apoyo económico. El reconocimiento del trabajo no remunerado debe acompañarse de políticas complementarias: acceso a servicios de salud, oportunidades de capacitación y esquemas de seguridad social que garanticen un retiro digno.

Este programa es un paso importante, pero también un recordatorio de que aún queda camino por recorrer en materia de igualdad y justicia para las mujeres.

En definitiva, Pensión Mujeres Bienestar no es solo una transferencia económica: es un gesto político que reivindica el papel central de las mujeres en la sociedad y abre la puerta a una conversación necesaria sobre el valor del cuidado y el trabajo doméstico en la construcción del país.

ENFOQUE

La estrategia de infraestructura impulsada por el Gobierno de Sinaloa comienza a mostrar resultados concretos, y en el centro de este esfuerzo se encuentra la labor del secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, quien ha enfatizado que el avance del Plan Sinaloa de Reactivación Económica no solo se mide en cifras, sino en el impacto directo que cada proyecto tiene en la vida de las y los sinaloenses.

Montero Zamudio informó que hasta el momento 21 de las 46 obras programadas han sido concluidas, con una inversión que supera los 1,516 millones de pesos, provenientes del crédito autorizado por el Congreso del Estado.

Este avance —dijo— demuestra que el plan avanza con paso firme y que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno está dando resultados tangibles.

Entre las obras destacadas, el funcionario subrayó la importancia de la carretera Walamo–Los Pozos, proyecto clave dentro del paquete de infraestructura, al mejorar la conectividad de zonas rurales con centros urbanos y detonar el desarrollo productivo de la región sur.

Para Montero Zamudio, la infraestructura no debe entenderse solo como cemento y pavimento, sino como herramienta de transformación social y económica. Por ello, insistió en que el objetivo del plan no se limita a concluir las obras, sino a garantizar que cada proyecto contribuya al crecimiento regional, a la generación de empleos y a la movilidad eficiente.

Aunque los avances son significativos, el titular de Obras Públicas reconoció que aún queda trabajo por delante. Las 25 obras restantes requieren la misma disciplina técnica y administrativa para cumplir con los plazos establecidos. 

Con este impulso, el gobierno estatal busca que la infraestructura se convierta en un verdadero motor del desarrollo, consolidando un legado de crecimiento ordenado y bienestar para Sinaloa.

Montero Zamudio, centrado en resultados y en el impacto social de las obras, será determinante para que el Plan Sinaloa de Reactivación Económica cumpla con sus metas y siente las bases de un futuro más conectado y competitivo para el estado.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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