Agua para la Nación: Comentarios a la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Dr. José Antonio Quintero Contreras

La nueva iniciativa busca dejar atrás un modelo que convirtió al agua en mercancía, alentando el mercado negro de concesiones y el acaparamiento legalizado. Ahora se plantea que el agua sea reconocida explícitamente como un bien estratégico de la nación, no sujeto a especulación. Entre los cambios más relevantes, se prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares, se establece que toda prórroga pase por la autoridad del agua y se elimina la posibilidad de cambios discrecionales de uso.

Asimismo, se propone la creación de un Registro Nacional del Agua, un mecanismo de transparencia largamente esperado, y se establecen sanciones mucho más severas para combatir el robo del recurso, el desvío ilegal de cauces y la corrupción en concesiones. Incluso se prevén penas de hasta diez años de prisión en los casos más graves.

La iniciativa también reconoce el papel de los sistemas comunitarios de agua, especialmente en regiones indígenas y rurales donde millones de mexicanos se abastecen a través de formas colectivas de organización. Este reconocimiento es un paso necesario para fortalecer modelos locales que han demostrado resiliencia, aunque requieren acompañamiento técnico y financiero.La dimensión de los retos es enorme. En las ciudades, más del 40% del agua se pierde en fugas y conexiones no registradas. En el campo, el sector agrícola consume alrededor del 76% del recurso nacional, con sistemas de riego en gran parte obsoletos y poco eficientes. Según estimaciones de organismos civiles, más de 9 millones de personas en México carecen de acceso seguro al agua potable, de las cuales 5 millones viven en comunidades rurales.

La pregunta central es si un nuevo marco jurídico será suficiente para revertir estas cifras. La experiencia muestra que, en México, los problemas no suelen radicar en la ausencia de leyes, sino en la brecha entre lo que se legisla y lo que se implementa. Si no hay recursos suficientes, profesionalización de los organismos operadores y mecanismos de vigilancia independientes, la reforma podría quedarse en buenas intenciones.