Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Ningún hombre es tan bueno, que, al ser expuesto a las acciones de la ley, no sería condenado a la horca por lo menos diez veces”, Michel de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés.

¿DESCARTADO?

Las declaraciones del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, rechazando cualquier aspiración a la gubernatura de Sinaloa en 2027, ponen un freno momentáneo a las especulaciones políticas que han circulado en torno a su figura.

Su respuesta fue clara: “Cero”, dijo al ser cuestionado, calificando de “tonterías” los señalamientos.

En la política, sin embargo, los desmentidos suelen tener una lectura más amplia. Por un lado, muestran una intención de evitar distracciones en el ejercicio del cargo actual; por el otro, pueden interpretarse como una estrategia para no adelantar los tiempos de la sucesión.

La cercanía de Berdegué con la presidenta Claudia Sheinbaum lo convierte, quiera o no, en un personaje que genera expectativa dentro y fuera de Morena.

El contexto es importante. La elección de 2027 en Sinaloa será concurrente con los comicios federales y definirá no solo la gubernatura, sino también alcaldías, diputaciones locales y federales.

En ese escenario, cualquier nombre con proyección nacional despierta especulaciones legítimas. La política, al final, también se construye sobre percepciones.

Lo dicho por Berdegué debe asumirse como lo que es: una declaración firme que lo descarta de la contienda, al menos en este momento.

Sin embargo, en el entorno político de Sinaloa, donde las lealtades y las coyunturas cambian con rapidez, las palabras de hoy no necesariamente definen las decisiones de mañana.

El reto para los actores políticos, incluidos aquellos a quienes se les atribuyen aspiraciones, es mantener el foco en las responsabilidades presentes y no en las batallas futuras.

Si algo deja en claro este episodio es que la sucesión de 2027 ya comenzó a perfilarse, incluso antes de que los propios protagonistas estén dispuestos a admitirlo.

SEGUIMIENTO

Y previo a las declaraciones del funcionario federal primero se realizó una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y los dirigentes de productores agrícolas de Sinaloa lo que representó un gesto político y técnico de gran relevancia: atender los problemas de comercialización antes de que se inicie el ciclo de siembra.

Este esfuerzo, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, apunta a dar certidumbre a un sector que históricamente ha vivido entre promesas incumplidas, deudas atrasadas y la volatilidad del mercado internacional.

El mensaje central es claro: se busca construir un esquema más certero de comercialización del maíz que permita garantizar no solo la próxima cosecha, sino las venideras. Sinaloa es el principal productor de maíz blanco del país y pieza clave en la meta nacional de 25 millones de toneladas anuales que la administración federal se ha propuesto.

Sin embargo, la realidad es que la producción sinaloense sigue atada a factores externos como los inventarios excedentes de Estados Unidos, la fijación internacional de precios y la importación de granos que compiten con los locales.

El encuentro es positivo en la medida en que abre un espacio de diálogo franco entre gobierno y productores. El hecho de escuchar a los dirigentes antes de la siembra y de la aprobación del presupuesto es un cambio respecto a prácticas del pasado, donde las negociaciones solían darse en medio de las crisis.

Pero la reunión también dejó al descubierto la magnitud del reto: financiamiento insuficiente, coberturas costosas, rezagos en pagos de apoyos y la necesidad de proteger al campo sinaloense de las distorsiones que provocan las importaciones.

La voluntad expresada por Berdegué de regresar pronto a dar seguimiento es una señal de compromiso, aunque no basta con la buena intención.

Lo que el campo sinaloense reclama son decisiones estructurales: presupuesto etiquetado, reglas claras y esquemas de comercialización que no dependan cada año de la coyuntura.

El desafío es lograr que esta nueva etapa no se reduzca a una mesa de diálogo más, sino que siente las bases de una política agrícola de largo plazo.

El campo sinaloense necesita certezas, no paliativos. Y el tiempo dirá si esta reunión temprana marca un cambio de rumbo o si se repetirá la historia de compromisos que se diluyen en la temporada de cosecha.

RESPALDO

El anuncio de la aplicación móvil Mujer Segura MZT por parte de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez marca un paso relevante en el uso de la tecnología para atender un problema que ha golpeado con fuerza a Mazatlán y a Sinaloa: la violencia de género.

La herramienta busca ofrecer a las mujeres una vía inmediata de auxilio, con la promesa de una atención rápida y sensible por parte de la autoridad municipal.

El diseño es sencillo pero estratégico: un botón de auxilio que, al presionarse por tres segundos, envía una alerta directa al sistema de seguridad municipal.

La incorporación del registro con CURP, así como la futura activación automática de cámaras, revela un intento de dotar de eficacia y certeza al proceso de atención. No obstante, su verdadero éxito dependerá menos de la tecnología y más de la capacidad institucional para responder en tiempo real.

El respaldo del Grupo UNEPREVIF, con patrullas destinadas específicamente a este programa, da señales de seriedad.

Pero la experiencia indica que las políticas públicas contra la violencia de género fracasan cuando se quedan en el terreno del anuncio o cuando la operación es limitada por falta de recursos humanos y logísticos.

La aplicación, en ese sentido, será puesta a prueba no por las descargas que alcance, sino por la confianza que genere en las mujeres y la efectividad de las respuestas.

Resulta positivo que un gobierno municipal integre la perspectiva de género en la tecnología, ofreciendo una herramienta discreta y accesible.

Sin embargo, el desafío mayor sigue siendo cultural y estructural: prevenir la violencia antes de que la alerta sea necesaria.

En ese equilibrio entre lo reactivo y lo preventivo, Mazatlán tiene una oportunidad de consolidar un modelo que podría servir de referencia para otros municipios.

ENFOQUES

Las recientes declaraciones en Ahome del diputado local de Morena, Ambrocio Chávez Chávez, ponen sobre la mesa un tema delicado para la Universidad Autónoma de Sinaloa: la jubilación dinámica y su impacto en las finanzas de la institución.

Su postura, que combina respaldo con propuestas de ajuste, refleja la complejidad del problema: defender derechos adquiridos sin comprometer la viabilidad económica de la universidad.

El legislador plantea medidas que, si bien son incómodas, resultan inevitables en el debate: revisar si existe personal excedente, reducir salarios elevados y equilibrar la distribución de ingresos.

Estos puntos abren una discusión necesaria sobre la justicia interna en la asignación de recursos y la responsabilidad colectiva para mantener a flote una institución que atiende a miles de estudiantes en el estado.

Lo más significativo de su postura es el componente personal. Al reconocerse como jubilado de la UAS y mostrarse dispuesto a aportar parte de su pensión para sostener el esquema, Chávez Chávez envía un mensaje de corresponsabilidad.

Su propuesta de mantener un porcentaje de jubilación en lugar de arriesgar la pérdida total plantea un escenario de sacrificio compartido, aunque no todos los sectores de la universidad podrían estar dispuestos a aceptarlo en los mismos términos.

El riesgo, sin embargo, es que las medidas correctivas se interpreten como un retroceso en los derechos laborales.

De ahí la importancia de que cualquier ajuste se construya en diálogo con la comunidad universitaria, evitando que la solución al problema financiero se convierta en un conflicto que afecte la estabilidad de la institución y, por extensión, de la vida académica de sus estudiantes.

La UAS enfrenta un dilema que trasciende lo económico: conciliar justicia laboral con sostenibilidad institucional.

La clave será encontrar un punto de equilibrio que no sacrifique ni la autonomía universitaria ni los derechos de los trabajadores, pero que asegure la viabilidad a largo plazo de una universidad que es patrimonio social de Sinaloa.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx