Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“El talento, en buena medida, es una cuestión de insistencia”, Francisco Umbral
VIVIENDA
La reciente reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, marca un avance significativo en la política de vivienda en Sinaloa.
Bajo la visión nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Programa Vivienda para el Bienestar crece en metas y en compromiso social, al pasar de 14 mil a 17 mil 500 viviendas proyectadas para el estado.
Esta decisión no solo amplía el alcance de cobertura, sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a una vivienda digna no es un privilegio, sino una obligación del Estado.
Sinaloa se coloca como ejemplo de coordinación entre instancias federales y estatales, y el anuncio de que la meta total será de 32 mil 500 viviendas, de las cuales 15 mil estarán a cargo de la Conavi, es una muestra de que el esfuerzo colectivo sí puede dar resultados reales.
En medio de discursos que a menudo se quedan en promesas, este tipo de acciones son las que transforman vidas y devuelven la esperanza a miles de familias.
No menos relevante es el impacto del congelamiento de casi 140 mil créditos impagables. Que más de 20 mil sinaloenses ya hayan accedido a beneficios tangibles como reducción de tasas, mensualidades y descuentos en sus saldos, habla de una administración que no está dispuesta a dejar atrás a quienes enfrentaron una situación económica adversa.
Esta es una señal de empatía institucional y de justicia financiera.
Además, la modificación al crédito Mejoravit, Solo para Ti, es una decisión acertada y valiente. Eliminar el coyotaje y empoderar al trabajador para que administre directamente sus recursos no solo representa transparencia y eficiencia, sino también un acto de confianza hacia los derechohabientes.
Este cambio permitirá mejorar miles de hogares sin costos adicionales, con libertad de elección y sin las malas prácticas que históricamente han vulnerado a los más necesitados.
Hoy Sinaloa se fortalece con acciones que van más allá del discurso. Las decisiones que se están tomando en materia de vivienda son un recordatorio de que sí es posible avanzar hacia un estado más equitativo, justo y con mejores oportunidades para todos.
Que este modelo sirva como ejemplo de lo que puede lograrse cuando las prioridades están bien definidas: poner a las personas en el centro de las políticas públicas.
MANEJO
La aprobación unánime del Cabildo de Mazatlán a las reformas al Reglamento de Construcción es una señal clara de que en el municipio se está trazando un camino hacia un desarrollo urbano con mayor orden, claridad normativa y corresponsabilidad.
En tiempos donde la expansión inmobiliaria suele ir a un ritmo más veloz que las regulaciones, contar con un marco actualizado y armónico resulta no solo oportuno, sino necesario.
La presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez ha sido clara al expresar que estos cambios buscan, por un lado, aclarar conceptos técnicos como las licencias de uso de suelo, la factibilidad técnica y las constancias de zonificación; y por otro, abrir la puerta a una colaboración más justa entre el gobierno y el sector desarrollador.
Este equilibrio entre facilitar la inversión y proteger el orden urbano es el tipo de gobernanza que debe reconocerse.
El municipio está dejando de lado la improvisación para fortalecer la planificación. El hecho de enviar al Congreso del Estado una iniciativa para actualizar el cobro proporcional de contribuciones, con base en las utilidades generadas por los desarrollos, plantea un esquema más equitativo.
Que quien gana más, contribuya más, es una premisa elemental en las ciudades que buscan evolucionar sin perder el control del crecimiento.
Además, el respaldo total del cuerpo edilicio a las reformas y correcciones publicadas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mazatlán habla de un Cabildo que está haciendo política desde el consenso, algo cada vez más valioso en la administración pública.
No se trata solo de corregir lo publicado, sino de reconocer que la precisión normativa también es un acto de responsabilidad.
En suma, Mazatlán se perfila como un municipio que no teme a las reformas, que dialoga con el sector privado sin someterse a sus intereses, y que avanza con visión hacia un modelo de desarrollo que privilegia la legalidad, la transparencia y el bien común.
En un estado como Sinaloa, donde el dinamismo turístico y urbano no se detiene, contar con reglas claras es la mejor inversión para el futuro.
ALGO HAY
Escuinapa se ha convertido en un caso atípico dentro del escenario político de Sinaloa. Mientras otros municipios avanzan con sus proyectos de desarrollo, enfrentan sus problemas con equipos consolidados o al menos estables, en Escuinapa pareciera que el gobierno municipal opera sobre arenas movedizas. En menos de cinco meses, han renunciado —por motivos diversos— al menos cinco funcionarios clave: dos tesoreros, dos directores de Obras Públicas y la Oficial Mayor. A esto se suman otros movimientos en áreas sensibles que mantienen en constante zozobra el funcionamiento del Ayuntamiento.
La pregunta es inevitable: ¿por qué Escuinapa es el único municipio con esta descomposición administrativa? ¿Qué está ocurriendo al interior del gobierno que hace imposible la permanencia de funcionarios que, en teoría, fueron seleccionados por su experiencia y capacidad?
El caso más reciente, el de Francisco Javier Martínez Carrillo, quien apenas duró tres semanas como tesorero, es revelador. Se le aprobó su nombramiento luego de una resistencia inicial del Cabildo. Renunció diciendo que no se adaptó a Escuinapa, pero el propio alcalde admitió que “está medio complicadito gobernar” por las condiciones financieras. ¿Qué clase de diagnóstico interno se hace al nombrar a un funcionario que no soporta un mes en el cargo? ¿Qué tipo de liderazgo permite que en menos de una semana se acumulen dos renuncias en áreas tan neurálgicas?
Escuinapa merece algo más que un gobierno que se desgasta en reemplazos y reacomodos. Las excusas de siempre —problemas personales, salud, falta de adaptación— ya no convencen ni a los más benevolentes. El problema es estructural y político, y recae directamente en la cabeza del gobierno municipal, que hasta ahora ha evitado asumir la responsabilidad real de esta inestabilidad.
Mientras otros municipios en Sinaloa gestionan programas federales, promueven inversión, actualizan sus reglamentos para facilitar el desarrollo urbano o impulsan iniciativas para viviendas dignas, Escuinapa parece atrapado en un bucle de improvisación, donde ningún proyecto alcanza madurez porque quienes deben ejecutarlos se marchan antes de tiempo.
Para dimensionar esta crisis, basta con hacer un breve recuento: en los últimos meses han renunciado o salido de sus cargos el Oficial Mayor Tania Valdez Gaxiola; la tesorera Isabel Ávila Olivas; el director de Obras y Servicios Públicos Jorge Antonio Aguilar Conchas, quien fue removido sin notificación directa; su sucesor, Jorge Alberto Caldera Pérez, quien tuvo que dejar el cargo por problemas de salud; y, finalmente, el recién nombrado tesorero Francisco Javier Martínez Carrillo, que solo duró tres semanas.
Es momento de que el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental deje de culpar a las circunstancias y enfrente con seriedad la crisis de gobernabilidad que azota a su administración. No es normal —ni aceptable— que Escuinapa se convierta en sinónimo de inestabilidad institucional. La ciudadanía merece un gobierno que funcione, no un desfile de renuncias.
Algo hay. Ayer circularon imágenes a través de las redes de la presunta salida del Tesorero, que por no prestarse a los intereses del alcalde, por negarse a pagar facturas apócrifas de exfuncionarios municipales de otras administraciones que ahora cobran en la comuna, por el orden del medio millón de pesos.
Si el río suena…
