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El ocaso político de un alcalde bajo fuego legislativo; Una sesión que marcará historia en Sinaloa

El análisis político por: Carlos Rochín

Este jueves 1 de mayo a las 20:00 horas, el Congreso del Estado de Sinaloa ha citado a sesión extraordinaria para atender uno de los episodios políticos más tensos y observados del año: el posible desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros. La sesión, que se prevé dure entre cuatro y cinco horas, promete ser no solo larga, sino también histórica. Una noche que podría definir el rumbo político inmediato del norte de Sinaloa y abrir la puerta a investigaciones más profundas.

La solicitud de desafuero ha sido impulsada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó irregularidades graves en la adquisición de patrullas durante 2021 por más de 170 millones de pesos, sin el debido proceso de licitación pública. El procedimiento violó principios básicos de transparencia, competencia y eficiencia del gasto público.

El caso de las patrullas de la discordia que sacude a la administración ahomense, gira en torno a una transacción millonaria realizada en 2021: la compra directa de patrullas sin licitación, lo que constituye una falta administrativa grave y posible delito. La ASE documentó que el gobierno municipal de Vargas Landeros adjudicó de manera directa una adquisición que debía pasar por concurso abierto, con múltiples oferentes. No solo se trata de una omisión legal, sino también de un acto que huele —y mucho— a opacidad.

El argumento de “urgencia” o “eficiencia” no basta ante la ley cuando el proceso se salta deliberadamente los candados anticorrupción. Para la Fiscalía, hay suficientes elementos para que el Congreso le retire el fuero constitucional y permita su imputación formal.

¿El trébol de la buena suerte de Gerardo Vargas lo ha abandonado o será su pasado que lo alcanza?

Si bien el proceso legislativo se centra en hechos administrativos documentados por la ASE, no faltan las sombras que persiguen a Vargas Landeros desde sus tiempos como secretario general de Gobierno en la administración de Mario López Valdez (Malova). En informes del Departamento de Estado de EE.UU., aunque sin señalarlo de forma directa, se ha hecho mención a preocupaciones sobre presuntos vínculos de figuras políticas sinaloenses con redes criminales. Vargas Landeros ha negado categóricamente tales señalamientos, pero en el imaginario colectivo y político, el estigma persiste.

El contexto no le favorece: su retorno a la política a través del Partido Sinaloense (PAS) y su posterior alianza con Morena han estado marcados por polémicas, aunque hasta ahora sin consecuencias legales directas.

¿Será su final o la resurrección?

El Congreso deberá votar con base en los elementos jurídicos, no en los rumores. Sin embargo, el telón político está más cargado que nunca. Si se aprueba el desafuero, Vargas Landeros quedará a disposición de la Fiscalía, lo que podría inhabilitarlo políticamente durante años. Si el Congreso lo protege, se abriría un nuevo debate sobre el uso del fuero como escudo de impunidad.

En cualquier caso, amigos y amigas, la noche del 1 de mayo será la más larga de su carrera. Bajo reflectores, cámaras, y con la opinión pública pendiente, el alcalde de Ahome enfrentará el juicio más duro e implacable: el de la transparencia, la legalidad y la memoria histórica.

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