Columna

Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“No se alcanza la fama reclinado en blanda pluma, ni al abrigo de colchas”, Dante Alighieri
La hora anunciada
EXTRAORDINARIO
La posible remoción del fuero constitucional al presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local Genaro García Castro, marca un punto crítico en la relación entre el poder político y la rendición de cuentas en Sinaloa.
El anuncio de una sesión privada del Congreso del Estado, programada para este jueves 1 de mayo, subraya la seriedad con la que se está tratando el caso y las implicaciones que puede tener no solo para los involucrados, sino para el sistema político estatal en su conjunto.
Ambos actores políticos, con carreras amplias y de gran visibilidad pública, enfrentan acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la adquisición de patrullas en 2021 durante la gestión municipal en Ahome.
En particular, el argumento de una excepción por razones de seguridad pública, sostenido por Vargas Landeros para justificar la omisión del proceso de licitación, será puesto a prueba frente a una Fiscalía que ha mostrado interés en esclarecer el manejo de los recursos públicos.
Lo que está en juego no es menor: de concretarse el desafuero y avanzar el proceso penal, podría derivarse en sanciones severas, incluida la pérdida de derechos políticos, que significaría el retiro de ambos del escenario electoral hacia 2027.
Sin embargo, en un Estado de Derecho, los acusados conservan la presunción de inocencia y el derecho a una defensa plena, elementos fundamentales que deberán garantizarse a lo largo del proceso.
La sesión del Congreso se anuncia con medidas de confidencialidad estrictas: sin público, sin celulares, sin acceso a prensa hasta la conclusión del debate.
Este hermetismo puede entenderse como un intento de proteger la integridad del procedimiento, pero también abre espacio a la especulación y a la percepción de opacidad, lo que podría minar la confianza ciudadana si no se maneja con responsabilidad y transparencia posterior.
En lo inmediato, tanto Gerardo Vargas como Genaro García seguirán en sus cargos hasta que se defina su situación legal.
El Congreso, por su parte, se enfrenta a una prueba de institucionalidad que sentará precedente.
Si el procedimiento es apegado a derecho, y si se permite que la justicia actúe sin interferencias políticas, se estará dando un paso importante hacia la consolidación de un sistema más responsable y transparente.
El caso, más allá de los nombres, representa una oportunidad para el fortalecimiento de la legalidad.
Será fundamental que la opinión pública, los medios de comunicación y los actores institucionales observen con atención el desarrollo de este proceso, sin adelantar juicios pero sin dejar de exigir claridad.
Habrá que ver si este es apenas el inicio de una serie de ajustes que la política sinaloense estaba postergando.
DIVISIONES
El inicio del proceso de desafuero contra el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, ha provocado un inmediato pronunciamiento por parte de los integrantes del Cabildo, tanto de la bancada de Morena como de la oposición.
El hecho no solo genera atención por sus implicaciones jurídicas, sino también por el contexto político en el que se presenta.
La postura de la fracción de Morena, encabezada por Judith Luna Castro, ha sido clara: respaldan al alcalde y piden que el proceso se lleve con estricto apego a derecho.
Esta línea de defensa parte de un principio institucional del partido que subraya la honestidad, la legalidad y el compromiso con el pueblo.
Reconocen que las investigaciones deben realizarse, pero expresan extrañamiento por el momento en que surgen los señalamientos, respecto a un procedimiento que data del año 2021.
En contraste, los regidores de oposición han llamado a que se transparente el uso de recursos públicos y se evite politizar las instituciones.
Lidia Adela Reyes, del PAN, Jesús Adrián Baldenebro, del PAS, y Héctor Álvarez, de Movimiento Ciudadano, coinciden en que todo debe conducirse dentro del marco legal, pero advierten sobre la necesidad de evitar que el desafuero se convierta en un instrumento de revancha política.
Este equilibrio entre legalidad y percepción política es fundamental.
Cuando las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción se ven envueltas en disputas partidistas o aparecen activas solo en momentos específicos, se debilita la confianza ciudadana.
Las investigaciones deben ser claras, públicas y bien sustentadas; de lo contrario, se corre el riesgo de que cualquier proceso legítimo quede bajo sospecha.
En este contexto, el Congreso del Estado y las autoridades judiciales deben conducirse con total transparencia, garantizando el debido proceso y evitando cualquier señal de parcialidad.
De igual manera, el Cabildo de Ahome tiene la responsabilidad de vigilar que el municipio continúe operando con normalidad institucional, independientemente del desenlace político de este caso.
El debate no debería centrarse en si se trata de una persecución o de una defensa partidaria, sino en exigir que las reglas se respeten, que los procedimientos se cumplan y que, si existen responsabilidades, estas se finquen con pruebas, no con discursos.
En una democracia madura, rendición de cuentas y respeto a la ley no deberían estar a discusión, sino ser el mínimo indispensable.
POR MIENTRAS
La reciente renuncia de Merary Villegas a la dirigencia estatal de Morena en Sinaloa marca un movimiento significativo en el ajedrez político del partido guinda, especialmente cuando se avecinan definiciones cruciales rumbo a las elecciones de 2027.
El anuncio, hecho por Juana Minerva Vázquez González, presidenta del Consejo Estatal y diputada local, no solo confirma la salida de Villegas, sino que pone bajo los reflectores a Édgar Barraza, actual secretario general, quien asume de facto las funciones de presidente estatal.
En Morena, los relevos no son menores ni casuales.
Aunque oficialmente se alega que la salida de Villegas responde a una decisión personal para reincorporarse a la Cámara de Diputados, el momento es políticamente estratégico.
Morena se encuentra en plena revisión de sus estructuras nacionales y estatales, y el próximo Consejo Nacional del 4 de mayo podría marcar el inicio de una nueva etapa en la vida interna del partido. No sería la primera vez que un cambio formal en los estatutos responda también a necesidades coyunturales o pactos internos no revelados.
La figura de Édgar Barraza, quien ha mantenido un perfil discreto pero institucional, adquiere ahora una relevancia inusitada.
Su encargo, aunque provisional, podría traducirse en un liderazgo con peso si logra mantener cohesionado al partido y navegar con prudencia entre las corrientes internas.
Morena, como toda fuerza política en expansión, no es ajena a los intereses cruzados y a las tensiones de poder, por lo que el rol del secretario general será clave no solo para la administración ordinaria del partido, sino también como figura de equilibrio en tiempos de redefiniciones.
Más allá del procedimiento formal para el relevo definitivo, lo relevante es el mensaje que Morena emite hacia su militancia y hacia la sociedad sinaloense.
La institucionalidad es vital, pero también lo es la transparencia y la inclusión en los procesos internos.
La dirigencia que venga deberá responder no solo a los equilibrios políticos, sino también a la expectativa de un partido que se dice diferente.
El relevo en la dirigencia no debe convertirse en un simple enroque burocrático. La conducción de Morena en Sinaloa debe ser también una oportunidad para fortalecer la organización territorial, escuchar a las bases y preparar al partido para los retos de los próximos años.
En tiempos de transición, lo urgente no debe desplazar a lo importante: consolidar un proyecto político con visión, estructura y vocación democrática.
ATENCIÓN
Las cifras difundidas recientemente por el INEGI y retomadas por el diputado priista Bernardino Antelo confirman lo que ya era evidente: México ha comenzado a resentir los efectos de una recesión.
Tan solo en marzo se perdieron más de 88 mil empleos, con una afectación marcada en sectores clave como la industria manufacturera y el campo, que concentran las mayores bajas.
Antelo señaló que, aunque se ha reportado un incremento en el empleo femenino, esto no compensa la pérdida neta total, ni la preocupación generalizada por el rumbo económico del país.
Además, recordó que el Fondo Monetario Internacional estima una contracción del PIB de 0.3% para 2025, lo que refuerza el diagnóstico de una economía en retroceso.
Frente a este panorama, el legislador advirtió que se requieren medidas concretas, realistas y eficaces para frenar el deterioro del empleo y proteger la estabilidad de millones de familias.
Minimizar la situación o postergar decisiones solo agravará un problema que ya está golpeando con fuerza a la población.
LICENCIA
El anuncio de Juan Carlos Patrón Rosales, diputado local por Morena, sobre su solicitud de licencia por seis meses para atender responsabilidades políticas en la Ciudad de México.
Aunque se trata de una separación temporal, su decisión responde a la reconfiguración que vive Morena rumbo a los nuevos escenarios nacionales.
Patrón Rosales deja su curul en el Congreso del Estado a su suplente y esposa, Elizabeth Ramírez Tirado, quien cuenta con experiencia política previa y ha sido una figura cercana a Claudia Sheinbaum en la zona sur del estado.
Esto sugiere que la transición será más de forma que de fondo, manteniendo la misma línea dentro del Legislativo sinaloense.
Más allá del relevo, el mensaje es claro: las estructuras de Morena se siguen ajustando con miras a fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación, incluso desde lo local.
El reto será que esta licencia no se traduzca en una ausencia política para la ciudadanía, sino en una extensión de influencia en nuevos frentes partidistas.