Columna

Sergio Sarmiento

Pese a lo complejo de su uso, Compranet sirvió desde un principio para exhibir compras indebidas con dinero púbico. El sistema lo lanzó originalmente, en 1996, el presidente Ernesto Zedillo. Al inicio del gobierno de Vicente Fox, en 2001, provocó el escándalo conocido como “toallagate”, al exhibir la compra a precios inflados de productos como toallas, sábanas y enseres para las cabañas presidenciales de Los Pinos. Muchos otros abusos salieron a la luz por esta plataforma.

El 27 de febrero de 2020, por ejemplo, yo publiqué aquí un artículo titulado “Hospitales gaseados” sobre la compra de sistemas de gases medicinales para 10 hospitales públicos de Chiapas. Los contratos se otorgaron por asignación directa el 11 de diciembre de 2019 a un mismo número de empresas fantasma. Los supuestos trabajos concluyeron el 31 de diciembre a un costo total de 69 millones de pesos. El precio era extraordinariamente elevado, pero además el trabajo imposible de realizar en tan poco tiempo y menos en un período navideño, cuando es muy difícil conseguir trabajadores de construcción. Solo el sistema de Compranet permitió advertir sobre este presunto fraude. Ni el gobierno de Chiapas ni el federal hicieron nada.
Este pasado 1ro de abril los diputados de Morena y sus aliados legislativos, en esta ocasión apoyados por los de Movimiento Ciudadano, aprobaron una enmienda de la Ley de Obras Públicas para extinguir el Compranet. Lo están sustituyendo con una nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, pero el propósito real queda de manifiesto en la determinación de exentar a las fuerzas armadas, Pemex y la CFE de las reglas de transparencia y contratación cuando realicen “proyectos prioritarios” del gobierno. La iniciativa introduce, además, la figura de “diálogos estratégicos” que permiten a la autoridad negociar precios y condiciones con los contratistas.
Lo que están haciendo los legisladores es incorporar a la ley las prácticas malsanas que el expresidente López Obrador utilizó para ejecutar sus obras prioritarias, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Estas prácticas explican en parte por qué se dispararon los costos: el Tren Maya, de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos, más lo que se acumule, y Dos Bocas, de 8 mil millones a más de 20 mil millones de dólares.
Los diálogos estratégicos buscan ofrecer flexibilidad en los tratos entre el gobierno y los contratistas, pero el resultado es que los contratos podrán entregarse no a la empresa con mejores propuestas sino a la que decida el funcionario responsable, quien podrá negociar los términos finales con el contratista. Son “diálogos para el moche”, denunció el diputado federal panista de Nuevo León Víctor Manuel Pérez Díaz.
En lugar de que se fortalezcan los sistemas de licitación y se adopten las mejores prácticas internacionales, la nueva legislación favorece la discrecionalidad y la asignación de obras a empresas con padrinos dentro del gobierno. Las autoridades siguen destruyendo los avances logrados y toman medidas para garantizar que las obras públicas sean asignadas a empresas favoritas.
Ya no podemos pensar que esto es simplemente consecuencia de un Congreso que legisla sin saber. Hay una decisión clara de favorecer a ciertas empresas vinculadas con funcionarios. La desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, es un paso; el otro, permitir que los contratos de proyectos prioritarios se otorguen siempre a los cercanos a la mafia del poder.
Natural

Una vez más un grupo de buscadores, Buscando tus Pasos, encuentra restos humanos cercenados y calcinados en un rancho, La Rosita, a unos 25 kilómetros de Reynosa. Quizá muchos nos sentimos horrorizados, pero una diputada local de Morena, Eva Araceli Reyes González, ya ha explicado que es “casi, casi natural” tener estos hallazgos en Tamaulipas porque “somos el tráfico obligado de personas, de armas, de droga”.
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