Columna

Dr. José Antonio Quintero Contreras

La sequía, un fenómeno climático cada vez más frecuente y severo, ha impactado profundamente al estado de Sinaloa, generando consecuencias importantes en su economía y en la seguridad hídrica de su población. Su incidencia no solo afecta la disponibilidad del agua, sino que también compromete la estabilidad del sector agrícola, la actividad ganadera, el acceso al agua potable y la generación de energía hidroeléctrica. La crisis hídrica en Sinaloa es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta México en materia de gestión del agua y la urgente necesidad de reformar el marco legal que rige su administración.

Durante el ciclo agrícola 2023-2024, la escasez de agua en Sinaloa provocó una drástica reducción en la superficie cultivada. De las 800 mil hectáreas de riego disponibles en la entidad, solo se lograron sembrar 300 mil, lo que representa una disminución del 62.5% en la actividad agrícola. Esta situación compromete la producción de cultivos estratégicos como maíz, frijol y hortalizas, esenciales tanto para el mercado nacional como para la exportación. Además, la falta de agua impacta negativamente en la ganadería, reduciendo la disponibilidad de forraje y elevando los costos de producción.

El impacto económico de esta reducción es preocupante. En el ciclo 2022-2023, el valor de la producción agrícola en Sinaloa alcanzó los 37 mil millones de pesos; sin embargo, para el ciclo 2023-2024, esta cifra se desplomó a 17 mil millones de pesos, lo que representa una caída del 55%. Esta pérdida no solo afecta directamente a los agricultores, sino que también tiene repercusiones en toda la cadena productiva, incluyendo el transporte, la agroindustria y el comercio local. La disminución de la actividad agrícola también agrava el desempleo y la migración rural, dejando a miles de familias sin sustento económico.

Además, las sequías recurrentes representan una amenaza constante para el crecimiento económico del estado. Estudios recientes indican que estos fenómenos podrían reducir entre un 2% y un 3% el Producto Interno Bruto (PIB) de Sinaloa, lo que equivale a una pérdida aproximada de 15 mil millones de pesos. Esta cifra no solo refleja la vulnerabilidad de la economía sinaloense ante los efectos del cambio climático, sino también la necesidad urgente de implementar políticas públicas que mitiguen estos impactos y fortalezcan la resiliencia del sector agrícola y otros sectores clave.

Otro aspecto crítico de la crisis hídrica en Sinaloa es el abastecimiento de agua potable para la población. La sequía ha reducido significativamente los niveles de almacenamiento en presas y acuíferos, comprometiendo el suministro de agua para uso doméstico, industrial y municipal. En varias comunidades rurales y urbanas, el acceso al agua potable se ha visto restringido, obligando a las autoridades a implementar programas de emergencia, como el abastecimiento mediante pipas y la perforación de pozos profundos. Sin embargo, estas medidas son soluciones temporales que no resuelven el problema estructural de la escasez hídrica.

Ante este panorama crítico, resulta imperativo replantear y reformar la Ley de Aguas Nacionales de México. La legislación vigente, promulgada en 1992, ha sido objeto de diversas modificaciones, pero no ha logrado adaptarse a los desafíos actuales en materia de gestión hídrica. En 2012, se dio un paso importante al reformar la Constitución Política de México para reconocer el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento.

Sin embargo, la falta de una legislación actualizada y robusta en materia de agua limita la capacidad del Estado para gestionar de manera eficiente los recursos hídricos, regular su uso y garantizar una distribución equitativa. Una nueva Ley General de Aguas debería establecer mecanismos más efectivos para la conservación, el uso sostenible y la distribución justa del agua, priorizando el consumo humano, la protección de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático. Asimismo, es fundamental incorporar enfoques de gestión integral de cuencas, promover la participación ciudadana y fomentar la inversión en infraestructura hídrica sostenible. Es necesario fortalecer los organismos de cuenca, dotarlos de mayores recursos y facultades, y garantizar la transparencia en la toma de decisiones.

Adicionalmente, la nueva legislación debe contemplar estrategias para el uso eficiente del agua en la agricultura, incentivando tecnologías de riego de alta eficiencia, la cosecha de agua de lluvia y la reutilización de aguas residuales tratadas. También es fundamental mejorar los mecanismos de monitoreo y control del uso del agua, evitando su sobreexplotación y promoviendo esquemas de asignación equitativos y sostenibles.

En conclusión, la sequía en Sinaloa ha puesto en evidencia la urgente necesidad de reformar la Ley de Aguas Nacionales. Es indispensable contar con un marco legal que responda a las realidades actuales y futuras, garantizando una gestión integral, sostenible y equitativa del recurso hídrico. Solo así se podrá asegurar el bienestar económico, social y ambiental de la población, no solo en Sinaloa, sino en todo el país. La inacción no es una opción: el agua es un recurso vital, y su gestión adecuada es fundamental para el desarrollo sostenible de México.