Silviano de la Mora

Culiacán, Sinaloa, a 25 de marzo de 2025.- Hoy quedó claro que, en México, la justicia tiene más obstáculos que soluciones. La Cámara de Diputados decidió desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de violación. ¿La razón oficial? Una carpeta de investigación mal integrada. ¿La razón implícita? Un sistema que parece más preocupado por proteger intereses políticos que por defender los derechos de las víctimas.
Esta decisión envía un mensaje preocupante: si no hay una presentación impecable del caso, ni siquiera se intenta analizarlo. Se elude, se ignora y se archiva. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la presunta víctima? ¿Qué pasa con los ciudadanos que observan estas decisiones y sienten que el poder está blindado contra la justicia?
El desafuero, más allá de ser un trámite político, representa una declaración de principios: nadie está por encima de la ley. Sin embargo, lo que ocurrió hoy refuerza la percepción de que los procesos legales son un laberinto diseñado para el beneficio de unos cuantos. Más aún, la falta de apoyo transversal entre los partidos deja en evidencia que las prioridades políticas, los intereses particulares y las alianzas pesan más que los principios éticos.
Este caso no solo es un golpe al sistema legal, sino un recordatorio de que en México, muchas veces, la justicia no es ciega, sino selectiva. Los poderosos juegan con las reglas a su favor, mientras los ciudadanos comunes esperan un sistema que les proteja. Hoy, lo que debió ser un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas terminó siendo una simulación política.
¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cómo recuperamos la confianza en las pocas instituciones que nos quedan? La pregunta queda abierta, pero lo que queda claro es que el caso de Cuauhtémoc Blanco es una señal de alarma para todos los mexicanos.