Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Toda sociedad en la que la gente interfiere en la vida privada de los demás no es una buena sociedad; todo Estado en que el gobierno ‘sabe de usted más que usted’, es un Estado que debe ser derribado”, Philip K. Dick

NO HAY PLAZO QUE NO SE VENZA

Este 4 de marzo marca el fin del aplazamiento anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de México.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos y las medidas implementadas por el gobierno mexicano para evitar esta situación, Trump ha reiterado que los aranceles se aplicarán según lo previsto.

La economía de México ya muestra señales de alerta ante la posibilidad de enfrentar aranceles del 25%.

La incertidumbre ha provocado una disminución significativa en la inversión extranjera directa, que en 2024 se redujo en un 39% en comparación con 2023.

Además, el crecimiento económico se desaceleró al 1.2% en 2024, una caída notable desde el 3.3% registrado en 2023. Sectores clave como el manufacturero y la construcción han sido particularmente afectados, lo que refleja la vulnerabilidad de la economía mexicana ante las políticas comerciales de Estados Unidos.

La industria manufacturera, especialmente las empresas bajo el programa IMMEX, enfrenta la posibilidad de perder alrededor de 150,000 empleos como consecuencia directa de los aranceles.

Estas empresas, que emplean a cerca de 3.3 millones de personas, ya han experimentado una desaceleración en el crecimiento del empleo debido a la incertidumbre en el comercio internacional.

La decisión de Trump de imponer aranceles no solo afecta a México, sino que también tiene implicaciones para el comercio mundial.

La administración estadounidense ha señalado su intención de aplicar medidas similares a la Unión Europea, China y Canadá, lo que podría desencadenar una serie de represalias y aumentar las tensiones comerciales a nivel global.

Líderes internacionales, como el presidente francés Emmanuel Macron, han enfatizado la necesidad de una respuesta unida para contrarrestar estas políticas proteccionistas.

La inminente aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos representa un desafío significativo para la economía mexicana y el comercio internacional.

Aunque algunos analistas sugieren que los aranceles podrían enfocarse en productos específicos para mitigar el impacto inflacionario en Estados Unidos, la incertidumbre persiste.

Es crucial que México continúe buscando estrategias para diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos, fortaleciendo así su posición en la economía global.

En este contexto, la comunidad internacional debe abogar por el diálogo y la cooperación para evitar una escalada en las disputas comerciales que podrían afectar negativamente a las economías de múltiples países.

La imposición de aranceles como herramienta de presión política no solo perjudica a las naciones directamente involucradas, sino que también socava los principios del libre comercio y la estabilidad económica mundial.

MEJORA

La capacitación de operadores del transporte público en Sinaloa es una iniciativa que, en teoría, busca mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, para que este esfuerzo realmente tenga un impacto positivo, es necesario analizar su alcance, la viabilidad de sus objetivos y la forma en que se está implementando.

El anuncio de la Dirección de Vialidad y Transportes sobre la capacitación de mil operadores, con una meta de 10 mil, plantea dudas sobre si se cuenta con los recursos necesarios para lograrlo en un tiempo razonable.

La capacitación consta de 20 horas impartidas en fines de semana, lo que, aunque es un avance, puede resultar insuficiente si no se acompaña de una evaluación rigurosa y un seguimiento a largo plazo.

Uno de los puntos clave es la seguridad vial. La conducción de unidades de transporte público implica una gran responsabilidad, ya que los operadores deben estar preparados para reaccionar ante situaciones imprevistas en la vía.

La falta de capacitación y supervisión ha sido un factor en accidentes en el pasado, por lo que cualquier iniciativa que busque reducir estos riesgos es positiva. No obstante, se necesita conocer con precisión el contenido de los cursos para determinar si realmente abordan los problemas recurrentes del sector.

Otro aspecto central es el trato a los pasajeros. Sinaloa ha enfrentado problemas con el servicio de transporte público debido a denuncias de maltrato, cobros indebidos y un servicio deficiente.

La inclusión de formación en atención al usuario es un acierto, pero su efectividad dependerá de que haya consecuencias reales para quienes no cumplan con los estándares establecidos.

El programa de capacitación también involucra a taxistas y conductores de pulmonías en Mazatlán, lo que amplía su impacto. Sin embargo, persiste la duda sobre si este esfuerzo se traducirá en una mejora tangible en la experiencia de los usuarios o si se trata de una medida aislada sin continuidad a largo plazo.

LO QUE VIENE

La elección de jueces por voto popular en México representa un cambio sin precedentes en la estructura del Poder Judicial y una transformación de gran calado en el sistema político y legal del país.

La propuesta, defendida por el senador Gerardo Fernández Noroña, busca que el pueblo tenga un papel directo en la selección de los juzgadores, con el objetivo de erradicar la corrupción y garantizar que la impartición de justicia responda a los intereses de la ciudadanía y no a los de una élite política o económica.

Sin embargo, la implementación de este modelo plantea desafíos significativos. La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho, y someter a los jueces al escrutinio electoral podría poner en riesgo su imparcialidad.

En sistemas donde este mecanismo ya existe de forma parcial, como en algunos estados de EE.UU., se ha observado que las campañas de los jueces pueden depender del financiamiento de grupos de interés, lo que a la larga podría generar compromisos políticos que minen la autonomía de las decisiones judiciales.

Además, la falta de información suficiente sobre la relevancia de este cambio y sobre los candidatos podría derivar en una elección basada en popularidad o afinidad partidista en lugar de méritos y trayectoria.

La ciudadanía, en su mayoría, no cuenta con los conocimientos técnicos para evaluar la competencia de un juez, lo que abre la puerta a campañas mediáticas que podrían influir en los resultados, más que una evaluación objetiva de la idoneidad de los candidatos.

En su discurso en Los Mochis, Fernández Noroña hizo un llamado a la participación masiva en la jornada electoral del 1 de junio, enfatizando que este proceso es parte de una revolución pacífica en México.

La narrativa del legislador refuerza la idea de que la transformación del país está en marcha y que esta reforma judicial es una herramienta clave para consolidar el poder del pueblo sobre las instituciones.

No obstante, la efectividad de esta reforma dependerá en gran medida de la transparencia en la elección de los candidatos, de un sistema de evaluación basado en criterios técnicos y de la garantía de que los jueces no estén sujetos a presiones políticas.

De lo contrario, existe el riesgo de que, lejos de fortalecer la justicia, se politice aún más el Poder Judicial, generando consecuencias adversas para el Estado de derecho en México.

En conclusión, la elección de jueces por voto popular es un experimento audaz que busca democratizar la justicia, pero requiere mecanismos sólidos que aseguren que esta transformación no termine debilitando la imparcialidad judicial.

La participación informada de la ciudadanía y la existencia de salvaguardas institucionales serán cruciales para que este modelo logre su objetivo sin comprometer la integridad del sistema judicial.