Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Me dan miedo esas grandes palabras que nos hacen tan infelices”, James Joyce
INVERSIONES
El anuncio realizado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la incorporación del puente que conectará la carretera México 15 con la Avenida Pérez Escobosa en Mazatlán al Plan Carretero 2025 representa un avance significativo en la infraestructura vial del estado de Sinaloa.
Este proyecto, gestionado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, pone en evidencia la estrategia de fortalecimiento de las comunicaciones terrestres como eje central del desarrollo regional.
El puente, que contará con una inversión de 360 millones de pesos en recursos federales, busca solucionar un problema histórico de congestión vehicular en la entrada y salida hacia el norte de Mazatlán.
Este tipo de obras no solo agilizan el tráfico, sino que también potencian la conectividad y reducen los costos de transporte, factores que impactan directamente en la competitividad económica del estado.
Además, el flujo vehicular más eficiente podría favorecer la industria turística de Mazatlán, una de las más importantes para la economía regional, al mejorar el acceso de visitantes nacionales e internacionales.
Por otro lado, el Plan Carretero 2025, con un presupuesto global de 35 mil millones de pesos, tiene como objetivo conectar comunidades y atender las zonas más vulnerables del país.
Dentro de este esquema, Sinaloa también se beneficiará con la conclusión de la carretera San Ignacio-Tayoltita, cuya ejecución contempla una inversión de 112 millones de pesos.
Esta carretera no solo mejorará la comunicación entre localidades, sino que también facilitará el transporte de bienes y servicios, incentivando el desarrollo económico de las comunidades aledañas.
Un punto relevante a destacar es el papel de las gestiones políticas en la materialización de estos proyectos.
El Gobernador Rubén Rocha Moya ha demostrado habilidad al coordinar esfuerzos con actores clave, como el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.
Esta relación ha permitido no solo asegurar los recursos necesarios para las obras, sino también garantizar que las prioridades estatales sean atendidas en el contexto de un programa nacional de infraestructura.
Es fundamental reconocer que estas negociaciones no solo se limitan a la asignación de recursos, sino que también incluyen la supervisión y seguimiento de los proyectos para asegurar su ejecución eficiente.
El impacto del Plan Carretero no se limita al corto plazo.
De acuerdo con Esteva Medina, la inversión total en infraestructura durante el sexenio alcanzará los 150 mil millones de pesos, de los cuales una parte sustancial será destinada a la construcción y mejora de carreteras y puentes que cubrirán 263 kilómetros en todo el país.
Este enfoque se alinea con la necesidad de preparar al país para los desafíos logísticos del futuro, especialmente en un momento donde el comercio y la movilidad juegan un rol crucial en el crecimiento económico.
Es importante mencionar que el desarrollo de infraestructura también tiene un impacto en la creación de empleos, tanto durante la construcción como en las actividades económicas que se generan a partir de la mejora en la conectividad.
Finalmente, es indispensable reflexionar sobre los efectos de estas obras en el bienestar de la población. Si bien la inversión en infraestructura suele traducirse en mejoras económicas y sociales, también plantea retos en cuanto a la sostenibilidad y la inclusión de las comunidades más alejadas.
En este sentido, los proyectos en Sinaloa podrían convertirse en modelos de referencia si logran equilibrar el desarrollo económico con el respeto al entorno y la atención a las necesidades locales.
Un aspecto que no debe pasar desapercibido es el impacto ambiental que este tipo de proyectos puede generar, por lo que será fundamental que las autoridades aseguren medidas de mitigación y promuevan prácticas sostenibles durante la ejecución de las obras.
E Plan Carretero 2025 representa una oportunidad para transformar la infraestructura vial de Sinaloa y del país en general.
No obstante, su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para ejecutar los proyectos de manera eficiente, transparente y sostenible, asegurando que los beneficios lleguen a todas las comunidades y que las inversiones realizadas tengan un impacto duradero en el desarrollo regional.
BENEFICIO
El Encuentro Nacional Municipal “Benito Juárez”, realizado este 16 de enero celebrado en la Ciudad de México y al que acudieron los 20 alcaldes de Sinaloa, marcó un momento histórico en la colaboración intergubernamental en el país.
Presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reunió a más de 2,400 titulares de ayuntamientos, incluidos 630 presidentes municipales, 428 electos por usos y costumbres, y 15 alcaldes independientes, además de los gobernadores de las 32 entidades federativas. Este evento destaca como una muestra de unidad política con miras a fortalecer las capacidades de gobierno a nivel local y nacional.
Uno de los principales logros del encuentro fue la firma del convenio para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Este nuevo mecanismo financiero, que beneficiará directamente a 13,000 comunidades indígenas, garantiza la distribución de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El impacto de esta medida no solo se traduce en mayor inversión en infraestructura social, sino también en el reconocimiento y respeto hacia los pueblos originarios, quienes históricamente han enfrentado rezagos en el acceso a servicios básicos.
Además, la presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de abordar retos nacionales como la seguridad y el acceso al agua potable a través de la colaboración entre los tres niveles de gobierno.
En este contexto, anunció la implementación de un Plan Maestro que buscará integrar recursos federales, estatales y municipales para garantizar el suministro de agua en todo el territorio nacional.
Este plan representa un enfoque integral para resolver una problemática crítica, particularmente en regiones con alto índice de escasez hídrica, y podría sentar las bases para una gestión más eficiente de los recursos naturales.
La participación activa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y de alcaldes y alcaldesas de su estado subraya la relevancia de estos encuentros como espacios para alinear estrategias locales con las prioridades nacionales.
La manifestación de apoyo a las iniciativas presentadas refleja un compromiso por parte de los gobiernos estatales y municipales para trabajar de manera coordinada en beneficio de la población.
El Encuentro Nacional Municipal “Benito Juárez” también pone de relieve el papel fundamental de los municipios en la implementación de políticas públicas.
Como primer nivel de contacto con la ciudadanía, los gobiernos locales son actores clave en la atención de las necesidades básicas de la población y en la ejecución de proyectos que impactan directamente en la calidad de vida.
Por ello, la colaboración intergubernamental debe ir acompañada de una mayor capacitación y fortalecimiento institucional para que los municipios puedan responder de manera eficaz a los desafíos que enfrentan.
En conclusión, este evento no solo refuerza la importancia de la unidad y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, sino que también subraya la necesidad de continuar trabajando en estrategias que promuevan el desarrollo sostenible y la inclusión social en todas las regiones de México.
La firma del convenio para el Componente Indígena del FAIS y la promesa de un Plan Maestro para el suministro de agua potable son avances significativos que podrían marcar un antes y un después en la gestión gubernamental a nivel nacional.
POSICIONES ENCONTRADAS
En la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de Sinaloa, las diputadas Paola Gárate Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Sthefany Rea Reátiga, de Morena, presentaron distintas perspectivas sobre la problemática de la violencia en el estado.
La diputada Paola Gárate Valenzuela manifestó su preocupación por la seguridad dentro del Poder Legislativo, a raíz de los hechos ocurridos esa misma mañana. En su intervención, hizo un llamado a la reflexión y a priorizar el tema de la seguridad en la agenda parlamentaria.
Por otro lado, la diputada Sthefany Rea Reátiga destacó los avances de la estrategia actual de seguridad. Subrayó logros como la detención de 43 objetivos prioritarios y el aseguramiento de armas y sustancias ilícitas. Además, presentó cifras alentadoras, como la reducción del 13.7% en homicidios durante el periodo de octubre a diciembre de 2024, y describió el plan integral que combina el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad con programas sociales.
Ambas legisladoras coincidieron en la relevancia de abordar el tema de la seguridad, demostrando que el diálogo constructivo entre diferentes fuerzas políticas es posible cuando se trata de garantizar el bienestar de las y los sinaloenses.
COMPROMISO
El programa Brigadas del Bienestar, liderado por la doctora Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, reafirma su compromiso con la población más vulnerable al llevar atenciones y servicios a comunidades como Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio.
Este esfuerzo, en coordinación con diversas dependencias del gobierno estatal, prioriza la garantía de derechos humanos y el acceso a servicios esenciales.
Durante la jornada, realizada en el plantel educativo COBAES #70, las familias de la región accedieron a servicios de salud, asistencia social y alimentaria, entre los que destacaron la entrega de lentes de lectura para adultos mayores, consultas médicas, apoyos invernales y despensas.
Además, se ofrecieron cortes de cabello, descuentos en trámites vehiculares y expedición de actas de nacimiento, ampliando el alcance de los beneficios.
Este programa, respaldado por el gobernador Rubén Rocha Moya, se consolida como una iniciativa clave para mejorar la calidad de vida en Sinaloa, promoviendo un enfoque solidario y cercano a las necesidades de la ciudadanía.
Con acciones como estas, el Sistema DIF Sinaloa reafirma su compromiso de transformar vidas y apoyar a quienes más lo necesitan.