Columna

Por: EL ECONOMISTA
Eduardo Ruiz-Healy

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, denunció ayer, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, varias irregularidades que afectaron al instituto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Funcionarios y empresarios participaron en esquemas fallidos y autorizaron proyectos que nunca se concretaron.

Uno de los señalados es Abelardo Carrillo Zavala, director Sectorial de los Trabajadores entre 2009 y 2018 y exgobernador priista de Campeche. En 2017, por ejemplo, propuso proyectos gestionados por la SOFOM SOLIMEX, los cuales resultaron en 758 viviendas no construidas y unidades entregadas con deficiencias importantes.

Por su parte, el empresario Sebastián Fernández Cortina, director Sectorial Empresarial en el mismo periodo, impulsó el Fondo de Estímulo a la Redensificación (FERUV), que dejó un saldo de 962 millones de pesos adeudados por 18 desarrolladores y 700 viviendas inconclusas.
Ambos directivos también autorizaron la participación de intermediarios financieros no regulados para que administraran recursos con poca supervisión, facilitando incumplimientos sistemáticos. Entre 2014 y 2024, aprobaron 834 proyectos para construir 142,000 viviendas, pero solo 24% (34,892 unidades) fueron entregadas, mientras que el 71% (100,158 viviendas) ni siquiera se iniciaron. El Crédito Integral Total, promovido por la Dirección Sectorial de los Trabajadores, dejó a 13 desarrolladores debiendo más de 1,000 millones de pesos y 7,369 viviendas sin construir.

Romero también dio a conocer el caso de María “N”, exgerente del Infonavit y dueña de la SOFOM “Crédito para ti”. Esta entidad gestionó 14 proyectos del Sector Empresarial del Infonavit y participó en ventas rápidas de viviendas en el Estado de México. Pese a pertenecer a la Asamblea General del Infonavit, declaró no tener conflictos de interés. De los 1,543 proyectos concertados, 758 no han iniciado construcción, 291 están en proceso, y solo 494 han sido entregados.
La denuncia de ayer se suma a la de diciembre de 2024, cuando Romero reveló el irregular pago de 5,000 millones de pesos a Telra Realty. Este pago, autorizado en 2017 por el entonces director general del Infonavit, David Penchyna, se realizó pese a que Telra no cumplió con los contratos firmados entre 2014 y 2016 bajo la dirección de Alejandro Murat. Penchyna ordenó el pago tras rescindir los acuerdos. Murat, ahora senador morenista, calificó la decisión como “indebida e inexplicable”.

Estos casos reflejan una operación institucional plagada de irregularidades, con controles insuficientes y una falta de rendición de cuentas. El Infonavit, creado en 1972 para garantizar el acceso a la vivienda, fue casi desde su fundación desviado de su propósito original y convertido en un terreno fértil para negocios corruptos que enriquecieron a muchos funcionarios, empresarios y líderes sindicales.
Detrás de cada cifra hay familias que confiaron en el sistema y quedaron desprotegidas. Las denuncias recientes deben marcar un punto de inflexión: se requieren sanciones claras para los responsables de estos y otros actos corruptos y hacer reformas estructurales que eviten la repetición de estos casos. La presidenta informó ayer que estos casos ya fueron turnados a la FGR, esperemos que prosperen.

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