Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Esto se llama perseverancia en una buena causa y obstinación en una mala”, Laurence Sterne

ELECCIONES

El Gobierno Municipal de Mazatlán hace pública, tanto en sus redes oficiales como en medios impresos de circulación estatal, la convocatoria para la participación de las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos a síndicos y comisarios para el periodo 2024-2027, en sus respectivas localidades del municipio. 

Los candidatos(as) serán elegidos en fórmula de propietario(a) y suplente mediante una consulta popular, bajo la modalidad de plebiscito, y a través del sufragio directo de los vecinos(as) de las sindicaturas y comisarías correspondientes.

El proceso de elección se realizará en cada una de las comunidades el domingo 26 de enero de 2025, quedando asentado de acuerdo con el dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Concertación Política del Ayuntamiento de Mazatlán. 

Con la publicación de la convocatoria el 1 de enero de 2025, se inicia el proceso democrático que concluye con los resultados de la contienda y la entrega del nombramiento de quienes resulten electos(as) para ocupar los cargos como síndicas o síndicos y comisarias o comisarios. 

El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, informó que el plazo para la solicitud de registro del representante general de la planilla ante las comisiones deberá presentarse del 1 al 10 de enero del presente año.

Este anuncio del Gobierno Municipal de Mazatlán ha abierto un nuevo capítulo en la vida democrática del municipio. 

Aunque a primera vista este proceso podría parecer una formalidad democrática, el plebiscito programado para el 26 de enero de 2025 expone retos que van más allá de la logística electoral.

Uno de los principales desafíos radica en la movilización de una ciudadanía que, en ocasiones, puede mostrar apatía hacia los procesos democráticos locales. 

La desconexión entre el gobierno municipal y los habitantes de sindicaturas y comisarías genera una barrera que no se resuelve solo con la apertura de urnas. 

Aumentar la participación implica un trabajo constante de sensibilización, educación cívica y transparencia, elementos que deben ser promovidos activamente por el Ayuntamiento y los propios candidatos.

Otro reto significativo es asegurar que este plebiscito no se convierta en un simple ejercicio burocrático donde las planillas sean dominadas por intereses particulares o grupos ya establecidos. 

La inclusión de nuevos liderazgos es vital para renovar las estructuras comunitarias y ofrecer opciones frescas y representativas.

El requisito de que las planillas estén integradas por al menos la mitad más uno de los comisarios es una medida que busca garantizar pluralidad, pero su eficacia dependerá de la vigilancia y participación activa de la ciudadanía.

El periodo de registro de planillas, del 1 al 10 de enero de 2025, constituye una etapa crítica en este proceso. La apertura y transparencia durante estos días determinará la confianza en el plebiscito. 

Si bien el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso se desarrolle sin irregularidades, los ciudadanos también deben desempeñar un papel de observadores y actores principales, asegurándose de que sus representantes sean elegidos de manera justa y legítima.

Finalmente, el verdadero reto será transformar esta convocatoria en una plataforma de fortalecimiento comunitario. 

La elección de síndicos y comisarios no solo define la gestión local durante los próximos tres años, sino que también envía un mensaje claro sobre el nivel de compromiso cívico en Mazatlán. 

La participación activa el 26 de enero es más que un deber; es una oportunidad para redefinir el futuro de las comunidades locales.

El camino hacia una democracia participativa está lleno de retos, pero también de oportunidades. Mazatlán tiene en sus manos la posibilidad de fortalecer su tejido social y político a través de este ejercicio electoral. 

Dependerá de cada ciudadano aprovechar esta ocasión para contribuir al desarrollo de sus comunidades.

PROPUESTA

El anuncio de la diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez sobre la iniciativa para aumentar el número de aulas Usaer en Sinaloa revela una problemática profunda en el sistema educativo: la falta de infraestructura especializada para atender a niños con necesidades educativas especiales. 

Esta propuesta, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, busca responder a una carencia evidente, pero también deja entrever desafíos significativos en su implementación y alcance.

Actualmente, la existencia de solo un aula Usaer por cada 12 escuelas refleja una brecha considerable entre la demanda de atención y los recursos disponibles. 

Doblar la cifra para alcanzar una por cada seis escuelas es un paso necesario, pero aún podría resultar insuficiente en regiones con alta incidencia de condiciones como autismo o parálisis cerebral. 

Es crucial que la iniciativa no solo se centre en aumentar la cantidad de aulas, sino también en garantizar que estas estén adecuadamente equipadas y cuenten con personal capacitado.

Ulloa señala que se analizarán las estadísticas para identificar las zonas con mayor índice de autismo, lo cual sugiere una estrategia de focalización. 

Sin embargo, este proceso de diagnóstico podría retrasar la implementación si no se cuenta con datos actualizados o si no existe una coordinación eficiente con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC). 

Además, la detección temprana, mencionada por la diputada, es esencial, pero requiere campañas de sensibilización que involucren a padres y maestros, así como capacitación constante.

Si bien la iniciativa es loable, es necesario preguntarse de dónde provendrán los recursos para duplicar estas aulas. ¿Será suficiente el presupuesto estatal o se buscará apoyo federal?

 La sostenibilidad de este proyecto a largo plazo dependerá de una asignación presupuestaria clara y constante.

Más allá de los obstáculos, esta propuesta marca un avance significativo hacia un sistema educativo más inclusivo. 

La posibilidad de que más niños con necesidades especiales reciban atención dentro del entorno escolar ordinario promueve una mayor integración social y académica, además de reducir desigualdades para familias de escasos recursos.

La iniciativa de ampliar las aulas Usaer es un reflejo del creciente reconocimiento de los derechos de la infancia en Sinaloa. 

No obstante, su éxito dependerá de una planificación cuidadosa, financiamiento adecuado y una estrategia integral que contemple la capacitación de personal, detección temprana y atención continua. Si se ejecuta correctamente, podría representar un cambio significativo en la vida de cientos de familias sinaloenses.