Columna

Por: EL ECONOMISTA
Eduardo Ruiz-Healy

El proceso para elegir al nuevo Fiscal General de la Ciudad de México ha generado más dudas que certezas, poniendo en tela de juicio la verdadera naturaleza “ciudadana” del ejercicio.

El cuestionamiento sobre la independencia del Consejo Judicial Ciudadano (CJC) surge del hecho de que sus miembros fueron designados en julio de 2023 por la mayoría morenista del Congreso de la CDMX. Aunque los integrantes del CJC tienen credenciales respetables, su nombramiento por los mismos actores políticos que el futuro Fiscal General deberá fiscalizar crea un claro conflicto de intereses. Esto pone en duda la autonomía del proceso de selección, ya que los miembros del CJC podrían sentirse influenciados por los legisladores que los nombraron, comprometiendo la independencia necesaria para elegir al Fiscal General basándose únicamente en méritos y capacidades.

Los siete aspirantes al cargo presentan perfiles diversos, desde funcionarios de carrera hasta figuras con claras conexiones políticas. El caso más notorio es el de Bertha María Alcalde Luján, hermana de la presidenta nacional de Morena. Si bien su experiencia profesional es relevante, su parentesco levanta serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés que no deberían ser ignoradas. Este tipo de vínculos familiares evidencia la falta de equidad en el proceso.
La evaluación ciudadana, aunque loable, resultó limitada: apenas 1,816 opiniones en una ciudad de casi ocho millones de adultos. Más preocupante aún es que estas opiniones no serán determinantes en la decisión final. Esto cuestiona la utilidad real de este ejercicio de consulta y plantea la duda de si el propósito de la participación ciudadana es genuino o simplemente un proceso de legitimación.

Ayer, el CJC debía elegir la terna de tres finalistas para la Fiscalía, pero tuvo que aplazar esa elección porque no recibió los resultados de los exámenes de control de confianza realizados por la Guardia Nacional. Esta demora no solo alarga el proceso, sino que también genera incertidumbre sobre la rigurosidad y eficacia de estas evaluaciones cruciales para garantizar la idoneidad de los candidatos.
Mientras tanto, la CDMX enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y justicia que requieren atención urgente. La prolongación de este proceso podría tener consecuencias negativas en la operatividad y eficacia de la Fiscalía, que es clave para resolver estos problemas estructurales.

Aunque se intenta dar un barniz de transparencia, lo cierto es que la participación ciudadana ha sido mínima. Las decisiones finales estarán más influenciadas por consideraciones políticas que por el mérito y la capacidad de los candidatos.
La selección del Fiscal General es demasiado importante para la ciudad como para que se convierta en un ejercicio de simulación democrática. Los habitantes de la CDMX merecían un proceso verdaderamente transparente, donde sus voces fueran escuchadas y consideradas de manera significativa.

Las autoridades deben reconsiderar este proceso si realmente buscan una selección justa y libre de influencias políticas. Es necesario abrir más espacios para la participación ciudadana, garantizar la independencia de los órganos de selección y realizar una evaluación rigurosa y expedita de los candidatos.
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