Columna

Sergio Sarmiento

Los dos escritores nicaragüenses más importantes desde Rubén Darío se encuentran hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: Sergio Ramírez y Gioconda Belli. A los dos, sin embargo, el régimen de Daniel Ortega les ha quitado su nacionalidad. “¡Cómo si se pudiera despojar a alguien de su nacionalidad!”, me comenta Ramírez en una entrevista.

La acción la anunció el 15 de febrero de 2023 el Tribunal de Apelaciones de Managua, que la justificó con el argumento de que ambos eran responsables del delito de “traición a la patria”. El tribunal ordenó, además, la confiscación de sus bienes. Las mismas penas se aplicaron al periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, cuyo asesinato en 1978 precipitó la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle; Sofía Montenegro, feminista y periodista; Silvio Báez, exobispo auxiliar de Managua y miembro de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, entre otros. En esa ocasión fueron 98 los nicaragüenses que sufrieron esos despojos. Con anterioridad, la dictadura había decretado el mismo castigo a 222 presos políticos; en septiembre de 2024 otros 135 presos políticos recibieron la misma sanción.
Este castigo no solo es abusivo, sino inconstitucional. La propia carta magna de Nicaragua establecía en su artículo 18 que la nacionalidad nicaragüense solo podía perderse para los “naturales” o “nacionales”, lo que aquí llamamos ciudadanos por nacimiento, por la “nacionalización voluntaria en país extranjero que no sea de la América Central”; aun así, esa nacionalidad se recuperaría si en cualquier tiempo la persona volviese a Nicaragua. Por otra parte, la resolución 2/23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la nacionalidad es un derecho fundamental inderogable” y que “su privación arbitraria, especialmente como sanción impuesta por motivos políticos, contraviene las normas del derecho internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ambas ratificadas por Nicaragua”.
En lugar de dar marcha atrás en unas acciones violatorias a su propio marco jurídico, la dictadura ha decidido cambiar la Constitución y volverla más autoritaria que nunca, incluso bajo la dinastía de los Somoza. Los nuevos ordenamientos del 22 de noviembre permiten al régimen privar de la libertad a los acusados por “traición a la patria” y despojarlos de nacionalidad y propiedades. Dan a la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa de Ortega, el rango de copresidenta. Crean una “policía voluntaria” cuyo objetivo será perseguir a los opositores. Establecen que nadie podrá oponerse en público o privado a los “principios consagrados en la Constitución” y derogan la prohibición constitucional de censurar a los medios de comunicación. Eliminan también la división de poderes, al dar al ejecutivo facultades para “coordinar” al Legislativo y al Judicial, y el respeto a la dignidad humana como uno de los principios de la nación.
Varios entusiastas de la 4T me dicen que México no es Nicaragua; pero con sus cuestionables mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso, el régimen está en la misma posibilidad de cambiar la Constitución para violar derechos fundamentales. De hecho, ya lo está haciendo. No ha llegado al grado de despojar a los opositores de la nacionalidad o de sus propiedades, pero lo podría hacer en el momento que quisiera. Si puede eliminar la división de poderes o prohibir el vapeo en la Constitución, puede hacer lo que le venga en gana.

Cuitláhuac

La presidenta Sheinbaum dijo este 1 de diciembre que invitará a Cuitláhuac García a una labor “importante, estratégica” en el gobierno federal. No hace mucho el también morenista Ricardo Monreal lo acusaba de usar la justicia en Veracruz para “persecución política”, “maquinación de delitos” y “acusaciones infundadas”.
www.sergiosarmiento.com