Columna

“La elección judicial: incierta, sin tiempo ni recursos”

Salvador García Soto

Cada vez son más las dudas, la incertidumbre y los problemas de organización que rodean a la primera elección judicial en la historia contemporánea de México.

Con el tiempo recortado y ajustado, porque el proceso electoral empezó formalmente desde septiembre, pero el INE aún no avanza nada en la organización ni en la logística de los comicios; sin dinero ni financiamiento suficiente, porque los consejeros electorales proyectaron un costo de 13 mil millones de pesos, pero en el Congreso les darán menos de la mitad de ese monto; y sin experiencia previa en este tipo de elecciones que involucran hasta 500 candidatos en una boleta para que elija el ciudadano, no se ve cómo estas votaciones vayan a salir bien realizadas.

Vendidas en el discurso demagógico como “la primera vez que los ciudadanos podrán elegir a sus jueces”, las elecciones judiciales serán en realidad un experimento que no tendrá los mismos niveles de certeza y de organización profesional que hoy caracterizan a las elecciones en México, características que le han valido al INE reconocimientos y hasta peticiones de capacitación en otros países del mundo que tienen incluso democracias más avanzadas que la mexicana.

Ni siquiera entre los entusiastas promotores de esta elección, la mayoría candidatos interesados o autoridades federales que promovieron la Reforma Judicial, hay optimismo sobre el éxito de esta primera elección. Desde la misma 4T se habla de que el nivel de participación que podrían alcanzar los comicios judiciales del 2 de junio sería algo similar al referéndum de ratificación de mandato que tuvo lugar el domingo 10 de abril del 2022. En aquel ejercicio, que también fue inédito, participó apenas 17% del padrón electoral nacional, que entonces tenía 92.8 millones de votantes registrados y habilitados para votar, es decir, que 83% no votó.

Aun así, si participara el próximo 2 de junio un porcentaje similar del 17% del padrón o incluso menor, la elección sería válida incluso con un solo voto, aunque no necesariamente se tendría la legitimidad, claridad y certeza que se necesitarían para los nuevos juzgadores federales.

Pero las prisas y la escasez de recursos que enfrentará el INE para organizar y realizar este nuevo proceso electoral no son el único tema que genera más dudas que certezas. La posibilidad de que partidos políticos se involucren, aunque se los prohíba la ley, es tan real y latente, que muchos de los candidatos que se inscribieron para las posiciones en disputa son militantes, funcionarios actuales o tienen vínculos directos con Morena y con sus gobiernos a nivel federal, estatal o municipal.

Incluso entre candidatos ya registrados, de los que tienen vínculos con Morena, varios de ellos buscan abiertamente la aprobación, visto bueno o el aval de la Presidencia de la República, de los líderes parlamentarios o hasta de los dirigentes del partido oficialista.

“Va a ganar quién tenga el apoyo de las bases morenistas. Es tan simple como que a los votantes que reciben programas sociales les pedirán votar por los candidatos que tengan más afinidad con el régimen, y ante lo complicado que será la votación a los acarreados sólo les darán la combinación de los números de los candidatos o candidatas (porque en la boleta se identificaran por números y no necesariamente por nombres o fotos las candidaturas) por los que deben votar”, nos dijo recientemente un funcionario federal que ya se registró como aspirante a funcionario judicial”.

A todo eso hay que sumarle algunas cosas curiosas que están pasando con el “milagroso” registro de 50 mil candidatos que se logró en unas cuantas horas. Entre los que se inscribieron para buscar ser parte del nuevo Poder Judicial hubo quienes se registraron hasta dos o tres veces y para competir por varios cargos. Por ejemplo, se han detectado un buen número de registros en los que el mismo nombre del abogado o abogada aspirante, junto con su documentación requerida, aparecen registrados lo mismo en el Poder Ejecutivo, que en el Legislativo y en algunos casos hasta en el Judicial.

Y también hay un buen número de registros en los que la misma persona se registró como candidato o candidata a ministro de la Suprema Corte, a magistrado federal y también aparece en las listas como aspirante a juez federal. Será interesante ver cómo abordan esos casos en los Comités de Evaluación, ya que la convocatoria y las reglas que se fijaron no les prohibían a los abogados llenar su registro para varios cargos a la vez, ni les ponían tampoco restricción alguna para que sólo se registrarán en uno de los tres Comités habilitados.

Es decir que, aprovechando la laxitud y descuido en las reglas, muchas abogadas y abogados apostaron por ganarse la Trifecta perfecta en la incierta y complicada elección judicial.

Finalmente, está también el tema de los recursos públicos con los que se financiará esta elección judicial. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como los coordinadores parlamentarios de Morena ya dijeron que no le darán al INE los 13 mil millones de pesos que solicitó, con base en los costos reales que tendrá la organización de esos comicios. En su lugar, los morenistas les piden “revisar” cómo disminuir el costo, sin afectar la calidad de la elección, y según nos dicen fuentes de la Cámara de Diputados, le ofrecerán al INE menos de 50% del monto que solicitó.

Y para obtener esos recursos, algo así como 5 o 6 mil millones de pesos que le piensan dar al INE, la mayoría de Morena se apresta a tomar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial, que en total administran 21 mil millones de pesos, según el saldo del 2023, que están repartidos en 12 fideicomisos, de los cuales seis los administra el Poder Judicial.

El problema es que para poder disponer de esos recursos primero tienen que declarar la extinción legal de dichos fideicomisos, algo que podría aprobar sin problema la mayoría de Morena en el Congreso, pero ahí viene otro inconveniente: una parte importante de esos fondos judiciales se utilizan para pagar liquidaciones, fondos de ahorro y hasta pensiones para trabajadores judiciales. ¿A ese dinero que pertenece a los trabajadores también le meterá mano Morena?

Por todo eso es que el panorama para la que será la primera elección de jueces que se haya realizado en la democracia mexicana no es nada halagüeño. La elección se realizará por mandato constitucional y de ella surgirán los que serán los nuevos ministros de la Corte, magistrados y jueces, de eso no hay duda; de todo lo demás, cuál será la calidad de la elección, qué tan limpia, democrática y libre será, hay muchas más dudas que certezas… Los dados inician la semana con Escalera Doble. Buen tiro para el comienzo de diciembre.