Columna

Por: (EL ECONOMISTA)
Eduardo Ruiz-Healy

Ayer 22 de octubre, en la conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, tres altos funcionarios de su gobierno presentaron ambiciosos planes para el sector agrícola y alimentario.

Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó cuatro ejes principales: bienestar rural, aumento de producción, gestión del agua y sostenibilidad. Anunció la continuación de programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, y presentó “Cosechando Soberanía”, enfocado en 1,200 municipios con alta pobreza. Enfatizó la meta de autosuficiencia en maíz blanco no transgénico y frijol y de reducir el precio de la tortilla hasta 10% en términos reales durante el sexenio.

María Luisa Albores González, directora General de Segalmex, Diconsa y Liconsa, presentó la fusión de Segalmex con tiendas Diconsa para formar “Alimentación para el Bienestar”. Este programa operará más de 24,000 tiendas en todo el país, ofreciendo maíz a 6 pesos/kg y frijol a 35 pesos/kg. Anunció una nueva área para transformar productos como cacao, café y miel, apoyando a pequeños productores. Las tiendas Diconsa ahora serán Tiendas Bienestar.
Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció que Liconsa aumentará su cobertura de 6.3 millones a 7 millones de beneficiarios para 2025 y a 10 millones para 2030. Anunció la construcción de una nueva planta pasteurizadora en Campeche, la reactivación de una planta de secado en Michoacán y la instalación de 14 nuevos centros de acopio en Chihuahua.

Sin embargo, estos planes enfrentarán estos desafíos presupuestarios significativos en 2025: 1. Reducción del gasto programable en casi 579,000 millones de pesos (12.1% en términos reales); 2. Reducción del déficit presupuestario de 5 a 2.5% del PIB; 3. Rigidez en 67% del gasto público debido a compromisos legales, constitucionales o contractuales, incluyendo rubros como deuda pública, pensiones, participaciones a estados y municipios, nómina pública y programas sociales establecidos por ley; 4. Compromisos con programas sociales existentes que absorberán unos 700,000 millones de pesos; 5. Apoyos a Pemex estimados en 200,000 millones de pesos, y; 6. Necesidades en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad pública.
La factibilidad de alcanzar las metas propuestas dependerá en gran medida de cómo se manejen estos desafíos financieros. Es probable que algunos programas deban ser redimensionados o implementados de manera gradual. La expansión de Liconsa, por ejemplo, podría enfrentar retrasos o ajustes en su escala. Las inversiones en nuevas infraestructuras, como plantas pasteurizadoras y centros de acopio, podrían requerir una implementación por fases.
Para aumentar la viabilidad de estos planes, el gobierno necesitará: 1. Priorizar rigurosamente los programas más esenciales y de mayor impacto social; 2. Buscar eficiencias operativas en los programas existentes; 3. Explorar asociaciones público-privadas para algunos proyectos de infraestructura; 4. Mejorar la recaudación fiscal sin aumentar la carga impositiva general, y : 5. Considerar la reasignación de recursos de áreas menos prioritarias.
En conclusión, la implementación exitosa de estos planes requerirá una gestión financiera cuidadosa y creativa.

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