Columna

Sergio Sarmiento

Hoy se cumplen 10 años de la tragedia de Iguala. Es quizá el caso criminal más estudiado de la historia de México. El presidente dice que no ha podido resolverlo, y tiene razón, pero no reconoce que es porque no ha querido.

Él pudo haber resuelto el caso simplemente acatando la recomendación 15VG 2018 de la CNDH. Entre las muchas observaciones del documento destaca la de realizar análisis genéticos de 114 restos óseos encontrados en el basurero municipal de Cocula. Si se comprueba que son de normalistas de Ayotzinapa, se ratificaría una vez más la hipótesis de que estos fueron secuestrados por policías municipales en Iguala y entregados a miembros de la organización Guerreros Unidos quienes los habrían matado y quemado en ese basurero. La versión de la quema de los cuerpos la ofreció originalmente el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, a quien los líderes del movimiento Ayotzinapa, un grupo político que domina la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, le prohibieron seguir hablando sobre el tema.
Que los cuerpos de los normalistas no fueron quemados se convirtió en el dogma de fe de esos líderes, que sostenían que el secuestro y matanza de los normalistas había sido obra del Estado a través del ejército. El propio López Obrador, en un esfuerzo por quedar bien con ellos, ha afirmado en una carta a los padres de los normalistas que, según “peritos en la materia”, la versión de la incineración de los jóvenes “resultó completamente falsa”. O miente o no ha leído los expedientes. Por lo menos 19 cuerpos fueron incinerados en el basurero, quizá más. Si AMLO tuviera tanta certeza de que no fueron quemados, habría acatado ya la recomendación de la CNDH para enviar los 114 restos óseos a la Universidad de Innsbruck para su análisis. Pero el tema debería ser menor: el delito es homicidio, no disposición ilegal de cadáveres.
López Obrador enredó el caso al nombrar a Omar Gómez Trejo fiscal especial y a Alejandro Encinas presidente de la Comisión de la Verdad. Por actos u omisiones, estos permitieron la liberación de varios de los asesinos confesos. Gómez Trejo, incluso, convirtió a algunos en testigos colaboradores.
En lugar de perseguir a los criminales, el gobierno se lanzó contra quienes investigaron los crímenes y detuvieron a los responsables. Promovió órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, hoy refugiado en Israel, y encarceló al exprocurador Jesús Murillo Karam, hoy en prisión domiciliaria. ¿Cuál fue su delito? Proponer la “verdad histórica”, una hipótesis sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre avalada por pruebas.

Esas pruebas aún están presentes. El presidente López Obrador ha decidido que el ejército, con el que tiene una alianza estratégica, no es responsable de los crímenes de Iguala. Lo mismo decían la “verdad histórica” de Murillo Karam y la recomendación de la CNDH, que no descartaba, sin embargo, que algunos elementos militares pudieran haber incurrido en faltas.
Poco a poco se están tomando medidas para revertir las injusticias. Por lo pronto, han sido detenidos nuevamente Gildardo López Astudillo, “El Gil”, quien fue el principal testigo protegido, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, asesinos confesos de los normalistas. La clave del caso, sin embargo, son los restos óseos de Cocula que podrían ser de los normalistas. Una pregunta adicional, que AMLO no se ha atrevido a hacer, es si algún criminal se infiltró en Ayotzinapa y mandó a los normalistas al matadero. Es una pregunta incómoda, pero indispensable si realmente queremos saber por qué fueron asesinados los estudiantes.
Sin rey

No habrá representación de España en la inauguración de Claudia Sheinbaum. El gobierno de México no invitó al rey Felipe VI porque este no respondió a una carta de AMLO en la que exigía una disculpa por la conquista de 1521. El gobierno español canceló toda participación en la ceremonia. Mal inicio de Claudia en lo diplomático.

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