Columna

Eduardo Ruiz-Healy ( EL ECONOMISTA)

El conflicto por el agua entre México y Estados Unidos, un tema que ha recibido muy poca atención de los periodistas y políticos, creará tensiones adicionales entre ambos países bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien suceda en el cargo a Joe Biden. El centro del problema es el Tratado de Aguas de 1944, que obliga a EU a entregar 2,160 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México cada cinco años, mientras que México debe devolver 1,850 millones de metros cúbicos del río Bravo a EU. Sin embargo, en los últimos años, México ha incumplido estas entregas, generando descontento en EU, especialmente en Texas, gobernado por el republicano antimexicano Greg Abbott.

La escasez de agua ya está afectando a la agricultura texana. Los productores de caña de azúcar fueron los primeros en padecerla y este año cerró el último ingenio azucarero en ese estado. Los productores de cítricos y hortalizas pueden ser los siguientes. En el Valle del Bajo Río Bravo, las pérdidas por la falta de riego suman millones de dólares. Esta situación ha hecho que políticos como los senadores republicanos trumpistas Ted Cruz y John Cornyn exijan sanciones contra México.

Para complicar más las cosas, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, un republicano de extrema derecha conocido por su promoción de teorías conspirativas, utilizó drones para monitorear ilegalmente los recursos hídricos de México. Lo que comenzó como un simple incumplimiento de un tratado está escalando hacia un conflicto político más profundo entre ambas naciones.

Del lado mexicano, las autoridades argumentan que las condiciones climáticas han cambiado drásticamente, que las prolongadas sequías, el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias han reducido la disponibilidad de agua y que cumplir con un tratado firmado hace 80 años bajo un contexto climático completamente distinto es un reto difícil de superar. Además, algunos expertos mexicanos empiezan a cuestionar la equidad del tratado y piden renegociaciones que reflejen las realidades del cambio climático.

Aunque el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no aborda directamente el tema del agua, su capítulo sobre protección ambiental podría servir de base para futuras negociaciones. Este capítulo exige que los países respeten sus leyes ambientales y promuevan la transparencia en la toma de decisiones, lo que podría abrir la puerta a nuevas discusiones sobre la escasez de agua en la zona fronteriza.

Para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, este conflicto podría complicar más la relación con EU que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador decidió agravar durante el último mes de su mandato. Este conflicto no se resolverá sólo con diplomacia, sino con acciones firmes como la modernización de la infraestructura hídrica en la frontera y el uso de tecnologías como la desalinización en Baja California.

México no debe mantener un Tratado de Aguas obsoleto y Sheinbaum debe aprovechar el T-MEC para negociar y adaptarlo al cambio climático. Si quiere evitar un deterioro mayor en la relación bilateral, debe actuar con rapidez y decisión. El manejo del agua será crucial y su habilidad para enfrentar este reto definirá futuros conflictos sobre recursos escasos.

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