Por Vanessa Félix

Trataré de ser lo más ilustrativa posible, porque me parece oportuno comenzar a disipar el sucio ruido generado en relación a la reforma al poder judicial.
Vayamos con un primer paralelismo en materia y es que pocos y nadie se oponen a reformar al poder legislativo para eliminar las plurinominales, por ejemplo. Porque la gente entiende que la figura de los “pluris”, sobre todo los famosísimos “de siempre” como Beltrones o Alito, en su mayoría no responden a los intereses del pueblo sino a los de su partido y los de unos cuantos. Pues bien, el pueblo también entiende que el poder judicial, ministros, magistrados, jueces, etc., se hallan al servicio de intereses ajenos a los de la gente y que, en consecuencia, hay que “meterle mano” a su funcionamiento.
Un gobierno demócrata que se jacte de serlo, necesita obedecer el mandato popular. La inmensa mayoría del electorado votó por la agenda de gobierno de la 4T y ello implica profundas reformas, entre ellas, la del poder judicial. En el México real, la gente votó por un poder judicial que responda a un vínculo más cercano con el pueblo, contrario a lo que hoy sucede.

Respecto de la probable elección de ministros mediante el voto directo, he de decir que la elección popular no es un mal método, siempre y cuando como condición contenga una etapa meritocrática previa en la revisión de perfiles a postular. Primero, que cualquiera que vaya a las urnas tenga credenciales técnicas. Ahí, el filtro sería clave. Después, que el pueblo elija.
En ese sentido, nadie puede decir que el pueblo es ignorante y que de ninguna manera puede elegir a los mejores jueces. Con este razonamiento, se llegaría a la conclusión que también los otros cargos se elijan por concurso o designación.