Eduardo Ruiz-Healy
Durante sus tres campañas presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que durante su gobierno se erradicaría la corrupción en el gobierno federal. Hoy, después de 1,888 días de gobernar al país y faltando sólo 245 para que deje de hacerlo, la corrupción sigue.
De acuerdo con información que se va difundiendo cada vez con mayor frecuencia, durante el sexenio lopezobradorista la corrupción no disminuyó y, peor aún, parece ser que de ella se han beneficiado económicamente los tres hijos mayores del presidente y otros de sus familiares, además de incontables funcionarios y altos mandos de las fuerzas armadas que fueron responsabilizados de construir las principales obras del sexenio, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
Acabar con la corrupción será otra de las promesas incumplidas del presidente.
No sólo no acabó con ella, sino que aumentó de 2019 a 2023, de acuerdo con el Índice de Percepciones de la Corrupción o IPC (en inglés: Corruption Perceptions Index o CPI) difundido ayer por Transparencia Internacional, la organización no gubernamental basada en Berlín que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional.
En su sitio web www.transparency.org puede verse el IPC 2023 y leerse en qué consiste: “El IPC califica y clasifica a 180 países/territorios en función de cuán corrupto es el sector público de un país como lo perciben los expertos y ejecutivos de empresas. Es un índice compuesto, una combinación de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción. Las fuentes de información utilizadas para el IPC se basan en datos publicados en los dos años anteriores”. En el IPC se le asigna a cada país una calificación que va de 100 (nula corrupción ) a 0 (corrupción absoluta).
Este año, México obtuvo una calificación de 31 en el IPC, que es la misma que obtuvo en 2020, 2021 y 2022. En 2019, la calificación fue 29, un punto más que el 28 que se le dio en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, que los expertos y ejecutivos de empresas perciben una insignificante disminución de la corrupción en el gobierno de la 4T comparada con la del del sexenio anterior.
De entre los 180 países y territorios del IPC, el nuestro ocupa el lugar 126.
La corrupción gubernamental es una triste realidad para la mayoría de los habitantes del planeta, que son los que finalmente pagan sus costos, como son la pérdida económica debido a la mala asignación de recursos, injusticia social, deterioro de los servicios públicos, desconfianza en el gobierno y efectos negativos en la reputación y relaciones internacionales del país. De acuerdo con Transparencia Internacional, “Más de dos tercios de los 180 países y territorios obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que indica claramente que tienen graves problemas de corrupción. El promedio mundial está estancado en sólo 43, mientras que la gran mayoría de los países no han logrado avances o han disminuido en la última década”.
La próxima presidenta nos prometerá acabar con la corrupción, igual que lo han hecho todos sus antecesores desde 1929. Preguntémosle cómo lo hará. Ojalá que tenga una respuesta convincente.
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