Eduardo Ruiz-Healy
Ojalá que me haya equivocado al escribir en este espacio, el 6 de agosto de 2021, que “en EU el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una aventura legal que no tendrá un buen final”, al referirme a la demanda que el gobierno mexicano presentó unos días antes ante un juzgado federal de Massachusetts contra diversos fabricantes de armas de Estados Unidos, acusándolos de alimentar, mediante sus prácticas de diseño, comercialización y distribución, el armamento de los cárteles mexicanos que ha sido utilizado para asesinar a cientos de miles de personas. Según la demanda, esas armas exacerbaron significativamente la violencia en México. Escribí entonces que la demanda “muy probablemente será desechada por el tribunal o, si va a juicio, fracasará”.
Sin embargo, el lunes pasado, en una resolución que podría marcar un antes y un después en la relación entre México y EU en temas de control de armas, el Tribunal de Apelaciones de EU para el Primer Circuito, en un giro inesperado y contrario a un fallo anterior de un tribunal de distrito, dictaminó que sí procede la demanda de México contra Smith & Wesson, Colt, Glock y otros fabricantes de armas estadounidenses.
La decisión del Tribunal de Apelaciones revierte el fallo que inicialmente desechó la demanda (como lo preví en mi columna arriba referida), de acuerdo con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que generalmente protege a estas compañías de responsabilidades legales por el mal uso que se les dé a sus productos. Ahora, el caso regresará a un tribunal inferior para más procedimientos, brindando a México la oportunidad de presentar evidencia y buscar reparaciones por 10,000 millones de dólares por la presunta negligencia de los demandados.
El gobierno mexicano reaccionó con satisfacción a este fallo, viéndolo como una oportunidad para demostrar la supuesta complicidad de los fabricantes de armas en la violencia que asola a nuestro país. El gobierno sostiene que entre 34,000 y 597,000 armas producidas por estos fabricantes son traficadas anualmente a nuestro país, con un porcentaje alarmante de ellas recuperadas en escenas del crimen.
Este litigio pone en la mira no solo a los fabricantes de armas, sino también a la política de EU respecto al control de armas y su impacto transfronterizo. La National Shooting Sports Foundation, que representa a la industria armamentística, sugiere que México debería centrarse en combatir a los cárteles del narcotráfico en lugar de buscar culpables en EU. Sin embargo, lo que México parece estar buscando con esta acción legal es poner sobre la mesa una discusión largamente evadida sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas en la violencia armada que trasciende fronteras nacionales.
Este caso podría marcar un precedente en cómo se aborda el tema del tráfico de armas y su impacto en la violencia en México. ¿Será este el inicio de una nueva era en la responsabilidad de la industria armamentista estadounidense? El tiempo y los tribunales lo dirán. No dudemos de que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de EU, donde la mayoría de los ministros conservadores podría defender a los fabricantes de armas.
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