Sergio Sarmiento

Uno de los vecinos sufre una epidemia de violencia. Es cierto que ha bajado un poco en los últimos años, pero sigue siendo una de las mayores del mundo. En 2022 México registró 25 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (INEGI). La cifra es menor que los 29 de 2018 a 2020, pero sigue siendo muy elevada, tanto en comparación con nuestras cifras históricas como respecto de otros países. El otro vecino es en cambio mucho más pacífico: Estados Unidos registró en 2022 una tasa de 6.3 homicidios por cada 100 mil habitantes (FBI y Statista.com).
Si los mayores controles de armas llevaran a una disminución de la violencia, estas cifras serían paradójicas. México tiene, por obra y gracia de Luis Echeverría, una de las legislaciones más restrictivas del mundo en venta y posesión de armas. Estados Unidos, en cambio, cuenta con el mercado más abierto. Según la lógica tradicional, debería ser más violento, pero la realidad es que el número de homicidios dolosos en México ponderado por población es casi cuatro veces superior.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha vanagloriado de un triunfo legal en una apelación en la demanda que presentó en agosto de 2021 contra los fabricantes estadounidenses de armas, en la que exigió el pago de daños y perjuicios por los daños que estos instrumentos han provocado en nuestro país. La demanda fue considerada improcedente por un juez en septiembre de 2022, pero un fallo de la corte de apelaciones del primer circuito con sede en Boston obligará ahora al juez a revisar el fondo del asunto. El gobierno mexicano ha considerado esto como un “hecho sin precedentes”.
Al proceso legal le falta un largo camino por andar. Los fabricantes de armas tienen todavía numerosos recursos legales por lo que es muy probable que el proceso se extienda varios años. De lo que no hay duda es que las ventas de armas en la Unión Americana no son un factor relevante en la violencia en México. Si lo fueran, la prohibición en nuestro país habría generado hace ya mucho tiempo un menor índice de homicidios. Lo que ocurre es exactamente lo contrario: a pesar de la prohibición de las armas, México es mucho más violento que Estados Unidos.
La Unión Americana es el país que tiene el mayor número de armas en el mundo, 120.5 por cada 100 personas (Small Arms Survey). Países como Canadá, Finlandia, Islandia, Austria, Noruega, Suiza y Suecia registran también niveles muy altos de posesión de armas, pero con niveles muy bajos de homicidios: de 0.5 en Suiza a 2.3 por cada 100 mil habitantes en Canadá. México tiene 12 armas por cada 100 habitantes, pero 25 homicidios por cada 100 mil personas. El Salvador, en contraste, ha alcanzado una transformación notable. El país tiene 12 armas por cada 100 habitantes, un poco menos que México, pero llegó a tener en 2015 una exorbitante tasa de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. En muy poco tiempo, sin embargo, ha reducido radicalmente esta cifra, a 7.8 en 2022. No hubo para esta disminución ningún cambio en las leyes sobre la compra o posesión de armas, pero sí una política de mano dura contra la impunidad.
No sé cuál será el resultado de la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos; pero, el que sea, no tendrá ninguna incidencia sobre la violencia en México. No es el número de armas lo que produce la violencia, sino la impunidad, y mientras la impunidad en México se mantenga en los niveles actuales, la violencia no terminará, aunque no crucen ya más armas desde Estados Unidos por las porosas aduanas mexicanas.
Confesión
La secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer una carta que dirigió a Norma Piña, presidenta del SCJN, en diciembre pidiéndole que interviniera en la decisión de una juez en el proceso de ocho militares en el caso Iguala. La presidenta de la Corte no tiene facultades para esa intervención, pero la carta revela una indebida presión contra una juez.
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