Sergio Sarmiento
La respuesta de la Fiscalía General de la República a las decisiones judiciales que le son adversas es amenazar a los jueces. Nunca se pregunta si sus investigaciones son malas, si carecen de sustento. Con la arrogancia a la que ya nos ha acostumbrado la 4T, considera que todas sus acciones son impolutas.
No sorprende así que haya anunciado que iniciará un proceso legal contra la juez del segundo distrito de procesos penales federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, por haber permitido que ocho militares acusados de participación en el caso Iguala enfrentaran el resto de su proceso en libertad condicional. En realidad, esta debería ser un derecho para cualquier procesado que no represente un peligro para las sociedad o que pueda darse a la fuga. La prisión preventiva oficiosa, después de todo, es una violación a las garantías individuales, como han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el expresidente de la Suprema Corte, hoy convertido en político de la 4T, Arturo Zaldívar. Esto, sin embargo, no le importa a la fiscalía, que quiere presionar a la juez por haber respetado las garantías de unos acusados que se presentaron voluntariamente al proceso y que no representan riesgo de fuga.
No se detiene allí la presión de la FGR. Va a promover también acusaciones contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio por, supuestamente, haber concedido “ventajas indebidas” a los militares acusados.
Alejandro Encinas, exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, añadió este 21 de enero en X: “Es más lamentable aún que los abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”.
La FGR está tratando de intimidar a los jueces en este y otros casos. El mensaje que da por instrucciones del presidente, a pesar de su supuesta autonomía, es que los jueces que tomen decisiones contrarias a los deseos del gobierno serán objeto de investigaciones. De esta manera, y antes de que se cumpla el plan del presidente de convertir a los jueces en políticos electos, la FGR busca lograr obediencia por temor. Es un ataque abierto a la división de poderes.
El argumento de Encinas respalda la idea de que el presidente puede ser parte y juez en los procesos de la justicia. Las acusaciones contra los militares detenidos por el caso Iguala son endebles; se basan fundamentalmente en declaraciones de “testigos colaboradores” que, ya sabemos, dicen lo que los fiscales quieren escuchar. Pero todo acusado debe tener derecho a una defensa. Que el presidente López Obrador haya “asumido” la investigación del caso Iguala es no solo un despropósito, sino una violación a la ley, que establece que las fiscalías deben ser autónomas. Encinas, uno de los responsables de haber llevado el caso al actual callejón sin salida, hoy aplaude que lo asuma una persona que no solo no es abogado, sino que no tiene experiencia en investigaciones penales. Además, quiere que los acusados se queden sin defensa. A Encinas le gustan los juicios sumarios o los procedimientos de la Inquisición.
Estos militares siguen estando bajo proceso, lo cual es correcto, pero no se ha demostrado su culpabilidad; no tienen por qué ser castigados con cárcel antes de que juez los declare responsables. Lo más importante, sin embargo, es que la FGR deje de amenazar a los jueces que no aceptan obedientemente sus instrucciones.
Reyes-Heroles
Como economista, funcionario y ser humano Jesús Reyes Heroles González-Garza fue excepcional. Era brillante y accesible. Incluso en las discrepancias mantenía una sonrisa. ¡Te extrañamos, querido Jesús!
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