Sergio Sarmiento
Ernestina Godoy no fue
ratificada el 9 de enero por el Congreso local como fiscal general de la Ciudad de México, aunque quizá no importe mucho para propósitos prácticos. Ha dejado en la fiscalía a todo su equipo e incluso nombró de último momento a su portavoz, Ulises Lara, como coordinador general de investigación territorial para que quedara como encargado de despacho. Poco le importó que este no tuviera una licenciatura en derecho ni experiencia en investigaciones. ¿Se necesita ser abogado para ocupar el cargo? Para ser fiscal sí, pero la ley no dice nada sobre un encargado de despacho, el cual, sin embargo, puede mantenerse en el puesto de manera indefinida.
La exfiscal se despidió con un informe de actividades que no tuvo nada de institucional. En el monumento a los niños héroes de Chapultepec se rodeó de cientos de simpatizantes, bandas musicales y acarreados que coreaban porras en lo que ya era claramente un mitin político a la usanza del viejo PRI. La candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum le prometió un lugar en las listas para el Senado y el presidente López Obrador le ofreció un cargo en el gobierno federal “en lo que ella quiera”.
Todos parecen haber olvidado la añeja exigencia de la izquierda dejar atrás a los “fiscales carnales” para tener fiscalías autónomas. Nadie podía suponer en 2018 cuando Sheinbaum nombró a Godoy procuradora, cargo que le sirvió de trampolín para convertirse en la primera fiscal de la ciudad en 2020, que ella era independiente. Había estado siempre vinculada al movimiento de López Obrador, pero eran otros tiempos. La procuradora tenía reputación de honestidad y una enorme capacidad de trabajo. El gobierno, por otra parte, no había antagonizado como ahora a los partidos de oposición. Godoy fue aprobada como fiscal por el Congreso capitalino el 10 de diciembre de 2019 con 60 votos a favor, muchos de ellos de la oposición, y solo uno en contra.
Pienso que Godoy hizo en general un buen trabajo como fiscal. Fue una buena y laboriosa administradora y los casos e investigaciones se manejaron con bastante eficiencia. Había un buen trato a las víctimas que levantaban denuncias. Algunos casos, sin embargo, sí se siguieron por consigna política. Un ejemplo fue el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, denunciadas por el fiscal general federal, Alejandro Gertz Manero, por el supuesto homicidio de su hermano Federico, las cuales fueran exoneradas por la Suprema Corte. Lo mismo sucedió con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien ganó cuatro fallos judiciales ante los intentos de aprehensión de la fiscalía capitalina.
Tanto Godoy como los políticos del régimen, que suelen presentar posiciones coordinadas, han afirmado que el rechazo de la oposición para ratificarla fue una venganza por sus acciones contra lo que el gobierno llama el “cártel inmobiliario” de Benito Juárez. No dudo que haya responsabilidades jurídicas de algunos funcionarios panistas de esa alcaldía por haber otorgado permisos a construcciones ilegales a cambio de dinero, pero la fiscalía no ha emprendido acciones similares contra morenistas que han cometido faltas similares en otras alcaldías o contra funcionarios del gobierno central que aprobaron también las construcciones de Benito Juárez.
No dudo que Ernestina Godoy haya tenido virtudes, pero nunca fue una fiscal verdaderamente autónoma. Hoy lo demuestra al incorporarse de inmediato a las campañas electorales, mientras que deja a todo su equipo trabajando en la fiscalía. Los militantes de la izquierda que rechazaban a los fiscales carnales deberían quizá sentirse incómodos.
Sin ética
El pacto entre el PAN y el PRI en Coahuila, evidenciado por el propio presidente panista Marko Cortés, revela una inquietante falta de ética. Más que un acuerdo era un reparto de botín, incluso de notarías. Decir que otros hacen lo mismo no es justificación. “No somos iguales”, diría López Obrador.
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