RAYMUNDO RIVA PALACIO

Problemas en Brooklyn
De noche pasó por México la petición de la fiscalía del Distrito Este de Nueva York para posponer el plazo para responder nuevas mociones de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y aplazar la sentencia prevista para el 1 de marzo. La fiscalía, que hasta ahora no había aceptado ninguna moción de García Luna, pidió seis semanas para responder el documento de 61 páginas que entregó el abogado César de Castro al juez Brian Cogan, donde la acusa de violar reiteradamente la ley, con lo cual el juicio podría no sólo desestimarse, sino que varios de los fiscales y un agente de la DEA podrían terminar en la cárcel.

De acuerdo con la moción presentada por De Castro, la fiscalía violó las obligaciones Brady, que requieren que los acusadores revelen toda la evidencia incriminatoria o exculpatoria en su poder, que proveen garantías constitucionales para asegurar el debido proceso para cualquier acusado. Fueron establecidas en 1963 por la Corte Suprema de Justicia tras revisar el juicio Brady v Maryland, donde el tribunal de ese estado sentenció a muerte a John Leo Brady y a Charles Donald Boblit, culpables de un crimen en primer grado, al encontrar que los fiscales escondieron pruebas que ponían en duda la culpabilidad de Brady. Finalmente él recuperó su libertad, mientras que Boblit confesó que solo él había cometido el crimen.

La respuesta de la fiscalía deberá ser contundente, incluso aportando nuevas pruebas incriminatorias, porque la moción aceptada por Cogan señala ocho violaciones a las obligaciones Brady que exculpaban a García Luna. El que solamente la violación de una de esas obligaciones sea suficiente para que haya un nuevo juicio –que es lo que pide la defensa–, o un desistimiento, refleja lo situación delicada en la que se encuentran los fiscales.

La moción de De Castro enumera las presuntas ilegalidades de los fiscales neoyorquinos, y amplía con nuevas pruebas presentadas el 15 de diciembre probables delitos de los fiscales en la corte federal de Texas y de Miguel Madrigal, un agente de la DEA que aseguró que la agencia conocía de los presuntos vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa. Esta presunción de delito tiene que ver con el principal testigo que presentaron los fiscales en el juicio contra García Luna, Héctor Villarreal, que fue secretario de Finanzas del gobernador de Coahuila Humberto Moreira, acusado de multimillonarios fraudes y de recibir sobornos, quien a cambio de quedar en libertad en Estados Unidos se declaró culpable en la corte en Texas en 2015 y se volvió testigo protegido.

Villarreal fue utilizado por los fiscales en la corte en Brooklyn como el testigo estelar del caso, por ser el único de todos los mexicanos que presentó que no pertenecía al Cártel de Sinaloa. Villarreal señaló que conocía a García Luna y que había acompañado a Moreira a la Secretaría de Seguridad, donde el titular les dio un recorrido en enero de 2009 por el centro de inteligencia, conocido como el búnker, equipado con la más alta tecnología de la época. Su testimonio incluyó el dato de que García Luna le había pagado 25 millones de pesos mensuales a El Universal para mejorar su imagen.

La moción presentada por De Castro documenta perjurio de Villarreal al mostrar que no conoció a García Luna, como lo dijo, y que cuando señaló que recorrieron el búnker, ni siquiera había iniciado su construcción. El Universal, por su parte, presentó pruebas “inequívocas” que desmienten la imputación y un catálogo de informaciones críticas y negativas publicadas en el periódico contra el entonces secretario. Otra acusación de Villarreal, que les había mostrado en operación el software Pegasus en 2009, también se cayó. La empresa que lo fabricó se fundó en 2010, y el software salió a la venta en 2011.

Pero para los fiscales, el problema no sólo se queda en las alegadas falsedades de Villarreal ante la corte de Brooklyn. De Castro afirma que los fiscales violaron las obligaciones Brady al haber utilizado a un testigo que, pese a haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, siguió delinquiendo, a sabiendas de los fiscales en la corte del Distrito Oeste en San Antonio, donde lo juzgaron y llegaron al convenio de cooperación. Haber incurrido en delitos posteriores al convenio lo habría anulado como testigo, de acuerdo con las obligaciones Brady.

De Castro añadió que otra persona que supo de la violación de Villarreal al convenio de testigo protegido fue el entonces agente de la DEA en México, Madrigal, uno de quienes testificaron contra García Luna, quien dijo que la agencia empezó a investigarlo hacía más de una década, y que él entrevistó en 2010 a Sergio Villarreal, el Grande, uno de los capos de Arturo Beltrán Leyva –que fue el primero en testificar contra el exsecretario–, quien, señaló, le dio información sobre los supuestos sobornos que recibía García Luna. Las violaciones cometidas por Madrigal, según De Castro, es que nunca informó ni al exdirector regional de la DEA Joe Evans, ni al entonces embajador Anthony Wayne, de esas imputaciones, con lo que incurrió en un probable delito, institucional y, probablemente, en la corte de Brooklyn.

Otra de las violaciones graves que afirma De Castro cometieron los fiscales es haber escondido documentos exculpatorios de García Luna, como memorandos de entendimiento firmados por Evans y el procurador general Arturo Chávez, que muestran que durante el periodo en el cual imputaron los miembros del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva a García Luna, el secretario había sido investigado “exhaustivamente” por las agencias estadounidenses, quienes lo certificaron en México y Estados Unidos, por lo que la CIA trabajó estrechamente con él intercambiando información “sensible” (secreta) y coordinando operaciones contra los cárteles de las drogas.

La moción presenta pruebas y un testigo que apuntan a los fiscales como manipuladores de los narcotraficantes acusadores, y considera una conspiración del Departamento de Justicia –sin explicar el motivo– la acusación contra García Luna, señalamientos que, ciertamente, obligan a la fiscalía a defenderse y a contraatacar para no perder el juicio.