Sergio Sarmiento
En una ceremonia el 7 de enero para conmemorar el 117o aniversario del inicio de la huelga de Río Blanco, el presidente López Obrador anunció dos nuevas reformas: una al artículo 123 de la Constitución, para garantizar que “nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación, nunca más”; y una revisión de “la reforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador que después de 30 años de estar laborando, cuando termina, ni siquiera recibe -porque así está esa reforma-su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario”.
Las dos reformas serían constitucionales y requerirían mayorías calificadas en el Congreso, que López Obrador no tiene, pero que busca conseguir en las elecciones del 2 de junio. Ambas promueven medidas que compran votos, pero que pueden tener consecuencias muy negativas para el país en el largo plazo.
El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo ya establece que “la fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación durante el período de su vigencia transcurrido”. El presidente no puede decir que no conoce la redacción, porque la introdujo en este sexenio, el 30 de marzo de 2021. La Constitución, empero, solo dice que los salarios mínimos “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. El presidente buscaría así elevar a rango constitucional la disposición de la Ley Federal del Trabajo.
En México ya tuvimos tiempos en los que, aunque no lo ordenaba la ley, los políticos subían los salarios mínimos todos los años tanto o más que la inflación. Esto generó una espiral inflacionaria que dañó a muchos, especialmente a los más pobres, a quienes no ganaban ni siquiera el mínimo.
Por otra parte, la reforma de las pensiones que empezó Ernesto Zedillo se realizó para evitar la quiebra, en primer lugar, del Instituto Mexicano del Seguro Social y, en segundo, del propio Estado mexicano. Las cuentas individuales autofinanciables, además de promover el ahorro, evitaban ese desastre económico. Ni Zedillo ni sus sucesores, sin embargo, se atrevieron a hacer un cobro suficientemente alto para que las cuentas generaran pensiones equivalentes o cercanas al salario de los trabajadores. Curiosamente, López Obrador ayudó a conseguir una solución parcial con la reforma de diciembre de 2020, en la que, con la aceptación de los patrones, se acordó elevar de manera gradual la aportación patronal, pero no la de los trabajadores.
La reforma del 2020 era cuando menos realista. El aumento de las aportaciones de los empleadores permitirá un alza en las pensiones, aunque también ha hecho más cara la contratación de los trabajadores formales. Ni siquiera esta reforma, sin embargo, aportará recursos suficientes para acercar las pensiones a los salarios de los trabajadores.
No sabemos qué reforma impulsará ahora López Obrador. Si simplemente quiere subir las pensiones, tendría que elevar las cuotas de patrones o trabajadores, pero eso no es popular. Más bien parece querer eliminar las cuentas individuales. Si regresa a las viejas pensiones ilimitadas tomadas de un fondo común, sin cobrar cuotas suficientes, el sistema quebrará tarde o temprano. Claro que al presidente le permitiría tomar el dinero de las cuentas individuales. Quizá eso quiere: quedarse con los recursos para dejar los problemas a gobernantes futuros.
Empleos
En diciembre se perdieron 384 mil 882 empleos registrados en el IMSS, la mayor cifra registrada. El presidente había justificado la prohibición de la subcontratación con el argumento de que esta causaba la disminución de empleos cada mes de diciembre. Una vez más queda claro que su justificación era una simple excusa.
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