Sergio Sarmiento
Al turismo se lo lleva el tren. Ya es oficial. Ayer el Gobierno publicó el decreto por el cual se reforma la Ley Federal de Derechos para que el dinero que se cobra a los turistas internacionales por entrar al País se destine al fideicomiso Tren Maya, S.A. de C.V. Es una mala noticia para el turismo, pero también para el Estado de Derecho.
Para empezar, parece una mala idea que se cobre a los turistas un “derecho” para entrar a nuestro País. El turismo nos beneficia de muchas maneras. Cobrar un impuesto parece una forma de ahuyentarlo o de aprovecharse indebidamente de él. Lo peor es que la mayoría de los turistas no saben que se les va a aplicar un impuesto por visitar México hasta que se les cobra. Sí, somos muy cobrones.
El gravamen se aprobó originalmente porque se argumentó que la realización de campañas de promoción en el extranjero daría a nuestro País una ventaja competitiva que llevaría a un aumento en el flujo turístico. El presidente López Obrador ha decidido incumplir este compromiso. Primero suspendió los trabajos de promoción en el exterior con el argumento de que estos recursos se desperdiciaban o se perdían en la corrupción. Nadie podría oponerse a que se revisara el gasto y se mejorara, pero cancelar esta inversión, sin eliminar el impuesto, fue una pésima decisión.
Peor es desviar el recurso para un propósito distinto al que justificó el impuesto. La decisión de usar el dinero para el Tren Maya tiene muchos inconvenientes. El primero es que no es un proyecto que beneficie al sector turismo de todo el País. Se trata de una obra regional, que en todo caso favorecería al Sureste de la República, pero no a la Nación. Escribo estas líneas, por ejemplo, en San Luis Potosí, un Estado con grandes atractivos turísticos, pero que permanecerán ocultos a los extranjeros por esta decisión.
Por otra parte, el Presidente argumentó en un principio que la construcción del Tren Maya costaría 120 mil millones de pesos y que sería rentable en poco tiempo, pero fue mentira. No sólo se negó a hacer un estudio previo de factibilidad económica o un proyecto detallado de construcción, lo cual ha llevado a cambios de constantes de trazo y características de la obra, como en la línea 12 del Metro que impulsó en la Ciudad de México Marcelo Ebrard, sino que el costo se ha disparado hasta cerca de 500 mil millones de pesos, y esto sólo hasta donde podemos saber, ya que el Gobierno ha hecho un esfuerzo deliberado para ocultar los costos con el pretexto de que se trata de un proyecto de seguridad nacional.
La decisión de entregar los derechos cobrados a turistas al Tren Maya es un reconocimiento de que el proyecto no será rentable. El Presidente mantuvo siempre que, si se construía el tren, los turistas fluirían en tal número que lograrían ese milagro que no se da en casi ningún lugar del mundo de volver rentable un tren de pasajeros. El propio Presidente llegó a afirmar que las utilidades se utilizarían para fortalecer las pensiones de los militares.
Hoy, a pesar de la falta de un estudio económico, los mismos militares se dan cuenta de que el tren no será rentable. No sólo no podrán quedarse con las utilidades, sino que necesitan cubrir las pérdidas para evitar que el proyecto termine por socavar el patrimonio de la Sedena. La solución del Presidente ha sido entregarles el dinero que se debería emplear para promover al País al exterior. No parece darse cuenta de que un producto o servicio necesita promoción para alcanzar su potencial en un mundo cada vez más competitivo.
MAGISTRADO
Por supuesto que hay que exigir justicia. Si el magistrado Jesús Ociel Baena y su pareja fueron asesinados es importante que los responsables sean juzgados y castigados. El problema es que no hay indicios de que hayan sido asesinados por un tercero, y esto enfurece a los grupos que buscan medrar con la tragedia.
