Lo que empezó como una nueva relación “institucional” entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial —a partir del cambio en la presidencia de este último— se está volviendo ya un choque abierto entre el gobierno de López Obrador y el Poder Judicial. Van dos ocasiones, en dos semanas, que el mandatario lanza fuertes cuestionamientos ya no sólo contra los jueces, a los que vuelve a acusar de corrupción de manera genérica y sin pruebas o contra la Corte y el Poder Judicial en los que dice “no confiar”, sino que ahora, el presidente ha personalizado sus ataques y comentarios contra Norma Piña, la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Primero, López Obrador mencionó a la presidenta el viernes 20 de enero, cuando hablaba de los jueces corruptos que se niegan a consignar expedientes y aseguró que “que ahora que ganó la señora Piña y que supuestamente nosotros perdimos, como si nos importara… pues ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público”. Y de nuevo, el pasado viernes, el presidente dijo desconfiar del Poder Judicial y de la mayoría de los ministros de la Corte, incluyendo a la nueva presidenta: “No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial”, dijo en su conferencia mañanera.
Incluso el presidente reconoció que no se ha reunido con la ministra presidenta electa hace un mes y dijo que “no hay ninguna necesidad, porque no hay ningún acuerdo que tratar”, cuando se sabe que su comunicación y reuniones eran frecuentes y constantes con el antiguo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, a quien incluso invitaba a Palacio Nacional. Con la ministra Norma Piña, dijo, “hay comunicación” pero no directamente con él, al tiempo que volvía a cuestionar a la presidenta por haber declarado sobre el inoperante Sistema Nacional Anticorrupción, que fue frenado en la actual administración: “Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema de corrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo”, dijo con sarcasmo López Obrador.
Tanta hostilidad hacia la presidenta de la Corte no hace sino confirmar la versión de aquel encuentro, a mediados de enero, entre la ministra Norma Piña y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, del que dimos detalles en la entrega de esta columna del pasado 21 de enero. Está clarísimo que López Obrador recibió puntualmente el mensaje de la presidenta Piña, sobre que las prioridades del Ejecutivo no son necesariamente las mismas de la Corte y de que la ministra no está de acuerdo con sus ataques genéricos y carentes de prueba hacia los jueces y magistrados, a los que no piensa presionar ni llamar cuando les toquen asuntos “prioritarios” para Palacio Nacional.
Por eso el presidente ya no tiene empacho en decir que desconfía completamente de la Corte “salvo por dos o tres”, con lo que prácticamente está refiriéndose a su amiga, la ministra Yasmín Esquivel, hoy fuertemente cuestionada por el presunto plagio de su tesis, y a la ministra Loretta Ortiz. La incógnita sería ¿a qué ministro o ministra se refiere el presidente cuando habla de un tercero en quien sí confía? La mayoría pensaría en Arturo Zaldívar, aunque es claro que la relación con el expresidente de la Corte se le deterioró a partir de que el inquilino de Palacio no cumplió con su ofrecimiento de apoyar al candidato de Zaldívar para la Presidencia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Si ya no es Zaldívar ese tercer voto en quien confía López Obrador, podría entonces referirse a la ministra Margarita Ríos Farjat, con quien sigue manteniendo una buena relación, a pesar de que la juzgadora regiomontana ha votado de manera independiente en algunos temas que importaban al presidente, pero aun así el trato que le han dispensado el presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez en su última visita a la Corte, en diciembre pasado, habla de que aún ve a Ríos Farjat como cercana a su proyecto.
Más allá de especulaciones, será interesante saber con cuántos votos “leales” aún cuenta el presidente en la Corte porque se viene pronto la discusión en la Corte sobre las acciones de inconstitucionalidad contra el llamado “Plan B” electoral de López Obrador que ya han presentado la alianza PRI-PAN-PRD contra las primeras dos leyes aprobadas (la de Comunicación Social y la de Responsabilidades de Servidores Públicos) y se espera que en los próximos días haya nuevas controversias contra la reforma electoral secundaria del INE y posiblemente hasta amparos de ciudadanos en contra de esa legislación, tal como ayer sugirió el consejero Lorenzo Córdova en la presentación de su libro “La Democracia No se Toca”.
Y es que, cuando se vote en el pleno de la Corte la inconstitucionalidad de las reformas electorales a leyes secundarias, se requerirán por ley de ocho votos de ministros a favor de la declaración de inconstitucionalidad, porque si llegan a votar cuatro ministros en contra, automáticamente la votación 7-4 validaría por parte de la Corte la vigencia de los cambios electorales que desmantelan, disminuyen y le restan facultades al INE y le darían ventaja indudable a los candidatos del partido gobernante.
Así que quizás López Obrador escogió un muy mal momento para emprender su campaña en contra de la presidenta de la Corte y de la mayoría de los ministros y jueces del Poder Judicial. Si el efecto de esta campaña de cuestionamientos, descalificaciones y acusaciones de corrupción al Poder Judicial y sus integrantes, resulta en un acuerpamiento de los juzgadores ante el embate del Ejecutivo, ya se puede ir despidiendo el presidente de su nefasto plan B electoral.
