La unanimidad ofrece un mensaje contundente. Los 11 integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral, incluso los más cercanos a Morena, aprobaron este 25 de enero un acuerdo para recurrir a tribunales en busca de la anulación del plan B. Los 11 saben que es un retroceso brutal.
El propósito de la reforma es debilitar al INE, organismo al que el presidente ha expresado su odio desde hace años. El ataque, sin embargo, va más allá de una simple venganza. Algunas de las medidas no tienen más sentido que entorpecer la labor de la institución.
El plan B pretende favorecer al partido de gobierno. Este es el propósito, por ejemplo, del debilitamiento de las restricciones a la propaganda gubernamental. Estas limitaciones se impusieron por exigencia de los partidos de izquierda en la reforma de 2007, ya que estos argumentaban que la publicidad gubernamental era una forma de emitir propaganda de los partidos en el poder. Hoy que Morena está en el gobierno, sin embargo, la propaganda gubernamental en tiempos de campaña se ha vuelto mágicamente aceptable. La reforma permitiría las expresiones políticas de funcionarios públicos “en el uso de su libertad de expresión”. La “cláusula Félix Salgado Macedonio” impediría cancelar el registro de un candidato, aunque no presente el informe de precampaña o incluso si rebasa el tope de gastos, lo cual volvería irrelevantes los límites que establece la ley.
Otras medidas buscan hacer imposible el cumplimiento de las funciones del INE. Es el caso del recorte de 84.6 por ciento en el Servicio Profesional Electoral o la eliminación de toda la rama administrativa del INE. No hubo siquiera un intento de definir, con el propio INE, un recorte sensato, que redujera gastos, pero permitiera seguir realizando las funciones. No es un corte de bisturí, sino un machetazo de carnicero.
Otras medidas parecerían risibles, si no fueran tan peligrosas para la democracia. Hoy hay cerca de 900 módulos en el país donde se procesan las credenciales para votar, las cuales cuentan con importantes medidas de seguridad, incluyendo registros biométricos. Estas credenciales se han convertido en el principal instrumento de identificación de los mexicanos. La reforma elimina los módulos y pretende que el servicio se proporcione en edificios prestados por el gobierno, como escuelas o centros de salud, que tienen otras funciones. No explica qué pasará si no se encuentran lugares disponibles o si éstos no cumplen con las necesidades de procesamiento de datos para producir las credenciales. El presidente quiere a un INE que llegue de arrimado y le suplique al gobierno que le preste instalaciones. Es una forma de acabar con su independencia.
AMLO vive en su propia realidad. Ayer declaró: “¿Cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos, siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades las que permiten la compra de votos? ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos? Que se vayan a engañar a otra parte.
Pues no. Quienes rellenaban urnas, falsificaban actas y permitían la compra de votos eran las autoridades electorales de los tiempos de Manuel Bartlett. Si algo lograron el IFE y el INE fue permitir elecciones verdaderas y justas que hicieron posible la alternancia pacífica de partidos en el poder. Esto es precisamente lo que la reforma quiere evitar.
Igualados
“No nos estamos chupando el dedo”, tronó irritado ayer AMLO cuando el hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado hace ocho años, se quejó de que el caso permanece en la impunidad, mientras que el presidente se preocupa más de la mamá del Chapo. “Esos son los argumentos de nuestros adversarios -respondió-. Tratan de igualarme”.
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