Por fin comenzó el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna. El fiscal Philip Pilmar declaró que el exfuncionario mexicano “tomó millones de dólares en sobornos” del cártel de Sinaloa: “Traicionó a su país y al nuestro”. Para el presidente López Obrador y sus seguidores el caso es importante porque representa una forma de demostrar que el gobierno de Felipe Calderón estaba asociado con esa organización criminal.
Quizá por la politización del caso, mucha gente tiene ya una idea preconcebida del veredicto. Los seguidores de AMLO dan por sentada la culpabilidad del exsecretario de seguridad y solamente se preguntan si, para obtener una rebaja en su condena, acusará al expresidente Calderón.
García Luna, sin embargo, se ha declarado inocente a pesar de que esto le significaría una mayor pena en caso de ser hallado culpable. El fiscal Pilmar afirma que tiene un gran cúmulo de pruebas que demuestran su culpabilidad. Ayer presentó a su primer testigo, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien declaró haber estado presente cuando su jefe, Arturo Beltrán Leyva, entregaba dinero en efectivo a García Luna. “Los pagos crecieron conforme creció el cártel y sin ese apoyo habría sido prácticamente imposible”. Dijo también que había tenido una credencial falsa de la Agencia Federal de Investigaciones que lo identificaba como segundo comandante con el nombre de Gerardo Máynez, aunque García Luna ya no era comandante de la AFI.
Parece un testimonio contundente, si no fuera por el detalle que Villarreal fue detenido en 2010 en Puebla y Beltrán Leyva abatido en 2009 en Cuernavaca cuando García Luna era secretario de seguridad. Si los estaba protegiendo, hizo muy mal trabajo. Otra posibilidad es que Villarreal esté mintiendo para incriminar al jefe policial a quien culpa de su detención.
El fiscal Pilmar ha anunciado que presentará a un gran número de testigos que afirman haber presenciado actos de corrupción y complicidad de García Luna. El problema es que los testigos son criminales que buscan beneficios del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este es un procedimiento muy común en la Unión Americana, pero que genera incentivos perversos.
El Gobierno de México no siempre ha mostrado confianza en los testigos beneficiados de Estados Unidos. Ahí está el caso del exsecretario de defensa Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles el 16 de octubre de 2020, por acusaciones muy similares a las de García Luna y también de criminales a los que se prometieron beneficios a cambio de sus testimonios. Cienfuegos no llegó a ser procesado en Estados Unidos; el gobierno de López Obrador ejerció presión política al entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien accedió a devolver al militar a México para que aquí fuera investigado y procesado, solo que el 15 de enero de 2021, días antes de que Trump dejara la Presidencia, la Fiscalía mexicana lo exoneró. Según la FGR, Cienfuegos “nunca tuvo encuentro alguno con integrantes de la organización delictiva investigada” ni jamás recibió “ingresos ilegales”.
No descartó que García Luna sí haya cometidos ilícitos. La manera en que se enriqueció tras dejar su cargo al invertir en empresas estadounidenses es sospechosa. La experiencia nos dice, sin embargo, que hay que tener mucho cuidado con los testimonios de criminales que dicen lo que los fiscales quieren escuchar a cambio de algún beneficio. Por lo pronto, resulta paradójico que el hombre bajo cuyo mando fueron detenidos o abatidos los principales jefes de los Beltrán Leyva sea hoy acusado por ellos de haber sido su cómplice.
Innecesaria
No se necesita una reforma electoral en México, señala un informe de las misiones electorales de la OEA. “La organización ha sido testigo del trabajo serio y profesional que llevan a cabo las autoridades electorales y el esfuerzo que realizan por la continua mejora de los comicios en el país”.
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