La elección histórica de Norma Piña, como la primera ministra presidenta que encabezará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, rompió todos los pronósticos y confirmó que la guerra interna que se desató entre dos bloques de la Corte dejó bajas y heridos en ambos grupos que se disputaron el control del Poder Judicial Federal. La caída del favorito para imponerse, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no sólo fue un revés para el presidente saliente, Arturo Zaldívar, sino también una maniobra dirigida desde Palacio Nacional para devolver el golpe con el que le tiraron previamente a su amiga, la ministra Yasmín Esquivel, por las acusaciones de plagio.
El Presidente pegó, pero también perdió. No le alcanzó para votar sino para vetar. Y aunque en un principio no veía mal al ministro Ortiz Mena, quien ofreció a Palacio “una presidencia institucional” y fue cabildeado con AMLO directamente por su promotor Zaldívar, la aparición en escena del priista Emilio Gamboa Patrón, operando en favor de su amigo y compadre, fue el principal motivo para que, desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alertaran al Presidente de que con don Alfredo Gutiérrez “regresaría un grupo de priistas que lo impulsaron y a quienes el ministro siempre defendió sus intereses”.
Un documento atribuido al mencionado CNI, que dirige el general Audomaro Zapata, y que fue proporcionado a esta columna por un integrante de la 4T, se titula “Linaje Político de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena” y hace una descripción detallada de la trayectoria pública y política del ministro aspirante a la Presidencia de la Corte. Habla de su paso como director general de Banamex, entre 1988 y 1991, en la etapa previa a su privatización y recuerda que “en Palacio Nacional se firmaron el 30 de agosto de 1991 los contratos de compraventa de Banamex, como parte de la reprivatización de la banca en el mandato de Carlos Salinas de Gortari”.
Menciona el documento del CNI que “de julio de 2008 a diciembre de 2012 (Ortiz Mena) fue jefe del Servicio de Administración Tributaria, a propuesta de Felipe Calderón con acuerdo previo con el PRI (principalmente Emilio Gamboa Patrón)” y luego recuerda que en noviembre de 2012 también a propuesta de Calderón y “también con acuerdo previo con el PRI, fue designado como ministro de la SCJN. Fue designado en esos cargos directamente con el respaldo político de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe, Emilio Gamboa Patrón, entre otros; de quienes siempre ha sido alfil y ha velado por sus intereses”, afirma el documento de la inteligencia federal.
Y continúa: “Prueba de ello, los diversos cuestionamientos que ha recibido y que son públicos por señalar solo algunos los siguientes: En su paso por el SAT, como director de Administración de Grandes Contribuyentes hubo un desmesurado saldo de créditos fiscales por 93 mil millones de pesos, dándole facilidades a grandes contribuyentes para no pagar. Se refiere que también se negó a atender observaciones y recomendaciones de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, además realizó embargos precautorios que ya estaban declarados inconstitucionales por la SCJN. Durante la administración de Felipe Calderón agencias americanas le presentaron al entonces jefe del SAT, hoy ministro Ortiz Mena, pruebas contundentes contra (Tomás) Yarrington, pero se rehusó a proporcionar la información respectiva para proceder en contra de dicho exgobernador priista, por lavado de dinero, razón por la que no fue juzgado por ese delito en México”.
Más adelante, la ficha del CNI dice que “el ministro Ortiz Mena siempre ha reconocido pertenencia a grupos de poder del PRI y PAN con los que se le ha visto públicamente y a los que ha favorecido desde los cargos en los que ha sido colocado por ellos”. Y remata: “a últimas fechas se ha visto al exlíder priista Emilio Gamboa visitar los pasillos de la SCJN, operando muy de cerca la candidatura de su amigo Ortiz Mena en la carrera por la Presidencia de la Corte. Ahora su grupo político busca colocarlo como presidente de la SCJN lo que significaría entregar el Poder Judicial a los intereses de los viejos priistas y panistas”.
Fue ese último párrafo el que, dicen, motivó que el Presidente decidiera no respaldar la candidatura del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aun cuando en principio había acordado, con la intermediación de Zaldívar, que tendría el apoyo. Lo demás en la sesión de ayer fue el voto de despecho de la ministra Yasmín Esquivel y el del ministro Javier Laynez los que cargaron los dados, mientras que la ministra Loretta Ortiz sólo siguió las “instrucciones superiores”.
Con Norma Piña como la primera presidenta de la Corte la relación con el Presidente será institucional y tranquila entre Poderes, aunque con la ministra -propuesta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- no tendrá la misma cercanía ni afinidad que López Obrador claramente tuvo con Arturo Zaldívar, con quien existían afinidades ideológicas. Piña es una jueza constitucional de carrera y será sin duda más batalladora contra las instrucciones del Gobierno federal, aun cuando se trate de los llamados “asuntos de Estado”.
Una de las cosas que tendrían que cambiar en la relación entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial será el manejo de consignas a los jueces desde Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República. Consignas que han hecho mucho daño con abusos de poder como el acusar por “delincuencia organizada” a cualquiera (sobre todo a opositores o personajes de distintos ámbitos) sin que puedan siquiera probarles los delitos, pero manteniéndolos en la cárcel bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Finalmente, hay dos ganadores que, aunque no se ven públicamente en la decisión ayer de la Corte, sin duda también ganaron con la designación de la ministra Norma Piña. El primero de ellos, que se menciona en los pasillos de la Corte, es el exconsejero Jurídico de la Presidencia con Peña Nieto, Humberto Castillejos, a quien ya se vuelven a referir (como lo hicieran durante el peñato en el Palacio de Justicia) como “el ministro número 12”; pero el segundo ganador es el realmente importante y surge de este dato: el esposo de la ministra Piña es Enrique Vega Martínez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sanborns Hermanos, Productora de Alimentos.
Nunca en la historia de Sanborns, la empresa que dio origen al emporio que hoy es Grupo Carso, ha habido una huelga de sus más de dos mil 300 trabajadores acreditados por el sindicato ante la Secretaría del Trabajo ni mucho menos conflicto alguno. ¿Será entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también pasará a ser, como todo México, territorio Telcel?
